La inclusión de mediáticos en las listas electorales es un fenómeno que siempre me ha interesado. Y normalmente, quien da este paso invariablemente declara que no es político, y lo justifica diciendo que su compromiso con la sociedad le ha impulsado. ¡A ver, no fastidiemos! Quien cura enfermos es un médico y quien hace de diputado (en Europa, en el Parlamento o en el Congreso) es un político, por mucho que se avergüence de ello. En cualquier caso, recomendaría a los electores no votar para hacer de político a alguno que no quiere ser político; sería como poner de segundo violín de una orquesta sinfónica a quien de ninguna manera quiere ser músico.

Y dar por excusa «que contribuiré decisivamente a la lucha contra el cambio climático» parece algo exagerado para un parlamentario entre 751 y cuando la Unión dispone de un amplio arsenal de políticos que se reconocen como expertos en cambio climático y de técnicos que hace muchos años que no paran de hacer Directivas y hojas de rutas para revertir la situación de alteración del clima. No pienso que Tomás, si sale elegido, pueda hacer algo importante.

Cuando se producen estas transmutaciones tan radicales, el protagonista se hincha a hacer declaraciones, a la vez que quien lo ha puesto en la lista se frota las manos. Claro, con tanta palabrería es fácil que se escape alguna afirmación poco esmerada y recientemente ha declarado ser un firme partidario de los parques eólicos para producir energía renovable y afirma «que ve bien» su implantación. Aporta, como gran argumento, que «mi hija vive en Países Bajos, y allí, mires donde mires, está lleno de hongos» (se supone que significa aerogeneradores).

El argumento de la hija y los Países Bajos lo veo poco consistente. En primer lugar, porque el paisaje de estos países y el del Empordà (por poner un caso) es francamente distinto; en realidad, los molinos de viento forman parte del escenario de Holanda desde hace siglos. Y menos mal que la hija no vivió en Sudáfrica en la época del apartheid porque la hubiera visto lleno de racistas, nada deseable para extrapolarla a nuestro país.

Tomàs seguro que está suficientemente informado para poder discernir entre la necesidad de realizar una transición energética y el modelo que quieren aplicar. No cualquier forma es buena y llenar el paisaje de aerogeneradores (cuando la demanda eléctrica baja y todavía no hemos resuelto la forma de hacer el cambio en la parte de energía que no es eléctrica) es repetir el modelo de los combustibles fósiles, con grandes centros de producción alejados de los puntos de consumo y con butifarras de cables que conectan un punto con otro, con grandes pérdidas de energía. La transición debe basarse en el ahorro energético y la producción distribuida, y muy probablemente en un cambio de modelo en la sociedad que pretende un crecimiento infinito. Nada es infinito en un mundo finito; la energía del Sol y del viento pueden parecerlo, pero son muy escasos los elementos necesarios para construir las máquinas que hacen la transformación de la energía solar (la eólica también lo es) en electricidad.

Poner aerogeneradores a troche y moche, sin considerar los condicionantes de biodiversidad, paisaje y medio social de un territorio, es un error. Me sorprende que personalidades que en el pasado han trabajado en favor de la conservación de los valores naturales (como Jordi Sargatal, Pep Puig o Xavier Pastor, por poner sólo tres ejemplos) ahora se apunten al discurso de acelerar al máximo la generación renovable; incluso, hay quien afirma que «en el Alt Empordà, no debería construirse un parque eólico, deberían construirse docenas».

Tomàs Molina parece que se ha apuntado a la tribu de los apocalípticos: o ponemos aerogeneradores o el caos. Olvidan que es necesario hacer compatible la transición energética con la conservación de la biodiversidad. Quizás si va al Parlamento Europeo se lo harán ver claro.

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Tras ser nombrado consejero, lo primero que haría sería cambiar el nombre al Departamento e intentar encontrar uno que fuese adecuado al trabajo que pienso hacer, porque francamente no me veo con fuerzas de actuar sobre el clima. Aún no lo tengo, pero les garantizo que tampoco sería «transición ecológica», igual de absurdo que la acción climática.

A continuación (quizás al día siguiente) me quitaría de encima a los asesores y cargos no funcionarios, no llamaría a nuevos y convocaría una reunión con todos los principales responsables técnicos de la Consejería. Haría una lista de temas importantes y señalaría dos como capitales: la transición energética y la sequía. Y dado que llegaría en plena emergencia por la falta de agua, les comunicaría que ésta sería nuestra prioridad absoluta para los próximos meses.

Convencido de que sólo se puede actuar desde el conocimiento, encargaría la realización de tres estudios: a) un balance de las necesidades hídricas del país, los recursos disponibles y las infraestructuras necesarias; b) un análisis en profundidad de costes del agua para acercar los precios de los distintos usos al coste real como herramienta más eficaz para disuadir de usos innecesarios y c) condicionar cualquier nuevo desarrollo a la disponibilidad del recurso hídrico, convencido de la importancia del urbanismo en el ciclo del agua.

Aprovecharía la primera reunión para hacer una declaración valiente de principios: el consejero (servidor) está convencido de que la garantía del suministro a un precio justo pasa por la conexión de las cuencas internas de Cataluña con las del Ebro, disponer de la infraestructura para situaciones de emergencia. Probablemente, algún jefe de departamento me interrumpiría para decirme que los trasvases están prohibidos. Con contundencia respondería que estarán prohibidos los nuevos, dado que el del Ter hasta Barcelona y el del Ebro hasta Tarragona llevan muchos años funcionando. Y a continuación, con mucha calma, diría que no se trata de realizar ningún trasvase de entrada sino analizar de verdad cuáles serían los impactos reales de esta solución, sobre todo en el delta. Y aprovecharía también para encargar que no sólo hay que pensar en el Ebro sino en otras soluciones (como los caudales sobrantes de la acequia proyectada en el Segarra-Garrigues).

Justo antes de terminar la reunión, comunicaría con contundencia a mis colaboradores de la Consejería que cuando hagan los números no vale continuar contando perpetuamente con un recurso de hasta 250 Hm3 al año del Ter. Que ya es hora de devolver a Girona (a su paisaje ya sus campesinos) un agua que necesitan; que debemos ser capaces de encontrar una solución a la gran conurbación de Barcelona al margen de secar los embalses de Sau y Susqueda.

Haría avanzar todos los proyectos de obras: desaladoras, potabilizadoras, sistemas de reutilización (en marcha en la depuradora del Llobregat, pero que en el caso del Besòs está todo por hacer), corrección de las fugas del sistema, etc. para que al menos el próximo consejero se encontrase trabajo realizado para la sequía que vendrá y no como ahora, que hemos estado prácticamente inactivos desde la anterior.

Y en las primeras semanas dejaría claro que si se necesitan desaladoras deben funcionar con energía renovable y prohibiría por ley el uso del agua dulce para la fabricación del quimérico hidrógeno verde y también llevar agua con barcos (al menos por razones económicas). Y propondría a mi compañero de Economía ayudas suficientes, reales y eficaces para la adaptación de las viviendas y las industrias al reaprovechamiento del agua (todo esto requiere tiempo y dinero, no cuatro duros) y a campesinos y ganaderos, la reducción del consumo, con tecnologías punteras. Y también crearía un comité de científicos (no sectarios) para analizar todas las propuestas del Departamento.

No sé cuánto tiempo duraría de consejero, pero, si me dejasen hacer, encontraría a la gente y el dinero para garantizar que en la próxima sequía no sufriríamos como en la de ahora.

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Seguramente nuestro gobierno ha estado preocupado por cosas supuestamente más importantes, creando todo tipo de estructuras y leyes para devenir un estado, pero ha olvidado algo tan básico como que los ciudadanos esperan que brote agua cuando abren el grifo en su casa. Quizás algunas raíces carlistas les hicieron confiar en lo de que “Dios aprieta, pero no ahoga” o que la ruleta de la posición caprichosa de los anticiclones ayudase a situar las borrascas de modo que riegue generosamente nuestro país. Pero ni la fe ni la meteorología han ayudado: en estos momentos las reservas de agua de los embalses de las cuencas internas de Catalunya están por debajo del 19% de su capacidad máxima.

Ahora se anuncia la entrada en funcionamiento de la desaladora de la Tordera, la creación de una nueva planta de fabricación de agua dulce con agua de mar situada entre Barcelona y Tarragona, el reciclaje del agua depurada… pero son infraestructuras que requieren unos años para estar a punto y que con toda seguridad llegarán tarde para el problema que ahora mismo tenemos cuando está a punto de entrar en situación de emergencia toda el Área Metropolitana. Es difícil pedir un mayor sacrificio a los ciudadanos que ya en la última sequía redujeron significativamente el consumo de agua per cápita. Pero de momento hemos visto limitar el riesgo al campesinado, aplicar restricciones a algunos municipios, prohibición del uso del agua en jardinería y piscinas particulares y ahora se amenaza con reducir la presión en todas las tuberías de la conurbación de Barcelona. Es decir, el viejo modelo: frente a la incompetencia de la Administración, sufrimiento para los ciudadanos.

Y de nuevo hablan de traer agua en barco a Barcelona, solución extrema pero cara y muy poco sostenible. Y confiar en que la solución sean en gran parte las desaladoras, no lo veo claro: son instalaciones que consumen grandes cantidades de energía (aunque algún día llegara a ser verde, que por ahora no lo es, hasta el punto de que la desaladora del Llobregat se sitúa dentro del grupo de los cinco principales consumidores de energía en toda Cataluña) y el agua que producen es mucho más cara. Es, por tanto, una cuestión económica a la par que ecológica. Hay quien dice que el precio del agua de boca debe ser diferente en función de cuál sea la fuente. Todo apunta a que los ciudadanos acabaremos pagando mucho más a corto plazo, vía directa o mediante impuestos.

Mientras las cuencas internas de Cataluña disponen ahora mismo de 129 hectómetros cúbicos de agua, los grandes embalses de la parte catalana de la cuenca del Ebro, almacenan 1.120 hectómetros cúbicos. Parecería lógico hacer una conexión entre la cuenca del Ebro y las cuencas internas y llevar agua de donde hay a donde hace falta (como ya se ha hecho hace años desde el Ter a Barcelona). Pero la palabra trasvase está estrictamente prohibida por parte de determinados posicionamientos ecologistas y también científicos; por lo visto mover agua en barco está bien pero hacerlo por tuberías está mal.

No quisiera yo defender en solitario una posibilidad mal vista. Es más, entiendo los riesgos para el delta del Ebro de detraer más caudales del río (aunque su regresión viene provocada por otras causas) pero cabe recordar que a la faraónica obra del canal Segarra-Garrigues le sobra agua, en parte porque los agricultores no la quieren y también por la reducción del espacio de regadío inicialmente previsto, para protección de la fauna esteparia. Se supone que si los estudios realizados demostraban que el caudal inicial a detraer era compatible con la conservación del ecosistema global, nada se tambalearía para hacer que lo que sobra se dedique a agua de boca. Además, es una conexión barata y rápida de construir.

Mientras, seguiremos haciendo filigranas, caras y poco eficaces, por culpa de la inacción del gobierno durante muchos años pero también por el miedo de los políticos a abordar soluciones (un trasvase entre cuencas de Cataluña) debido a la probable respuesta de algunos colectivos.

Yo no digo que se haga; sólo pido que se estudie.

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¿Qué es en realidad esto del cambio climático, del que tanto se habla? En el fondo, es un cambio estadístico. Es decir, el clima de un lugar se define por unos valores estadísticos de una serie de variables atmosféricas (temperatura, pluviometría, presión, vientos, etc.) adquiridos a lo largo del tiempo y cuanto más larga sea la serie, mayor precisión tiene. Por ejemplo, el clima gallego es más lluvioso que el catalán porque el valor medio de lluvias a lo largo de los años es mayor. Un cambio climático significa que estos valores se modifican significativamente en relación con los históricos. Y esto es lo que ocurre ahora: el clima de Catalunya ha cambiado porque, por ejemplo, cada vez hay oleadas de calor y sequías más frecuentes, más intensas y más prolongadas.

A lo largo de la historia de la Tierra (más de cuatro mil millones de años), no es la primera vez que se produce un cambio climático. Todos hemos estudiado lo de las glaciaciones, que eran también cambios climáticos. La novedad de lo que estamos sufriendo ahora estriba en dos hechos significativos: primero, que parece más rápido que nunca (la temperatura está a punto de incrementarse 1,5ºC en menos de doscientos años y eso parece que no había ocurrido nunca) y que la causa del cambio es la humanidad (cuando hasta ahora eran fenómenos geológicos o planetarios).

Existe un amplio consenso científico en que el uso masivo de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) ha alterado la composición de la atmósfera con el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero (como el CO2 y el metano) que ha aumentado la temperatura, y en consecuencia, ha alterado otros parámetros (como la altura del nivel del mar o las precipitaciones). Los combustibles fósiles empleados eran un inmenso sumidero de carbono, proveniente de grandes biomasas vegetales, que enterrados bajo tierra no hacían ningún daño. Al realizar su combustión, hemos liberado a la bestia que no es otra que el CO2.

Si se cumplen los escenarios previstos por los científicos a corto y largo plazo, los efectos sobre la humanidad pueden ser catastróficos. Sería muy paradójico que lo que nos ha hecho triunfar como especie (la capacidad única de utilizar la energía externa) se convierta también en la causa de la desaparición de la civilización. Pero como sucede siempre, los sufrimientos serán desiguales: lo que para el primer mundo puede representar modificaciones en el sistema de vida, en países pobres puede representar la muerte si tierras cultivables dejan de serlo. De hecho, cada año existen más «refugiados climáticos» que en lugar de huir de una guerra, lo hacen del hambre por culpa del cambio climático.

Ante este problema que nos hemos creado nosotros mismos, todas las administraciones hacen grandes reuniones y acuerdos para reducir las emisiones de los gases que provocan el cambio climático. Hablan mucho, pero la realidad es que las emisiones no han hecho más que aumentar a escala global (entre 2000 y 2021 han pasado de unos 23.000 a 37.100 millones de toneladas) y la guerra de Ucrania ha sido la excusa para que algunos países hayan vuelto al uso del carbón. No vamos por buen camino y es necesario intensificar la transición energética (sustituyendo los combustibles fósiles por la solar y eólica fundamentalmente) a la vez que reducimos el consumo energético.

El gobierno de Cataluña, carente de competencias reales en aspectos importantes de la transición energética (como es la autorización de parques eólicos de más de 50 MW o de la planificación e implantación de la eólica marina) tiene políticas erráticas y contradictorias que le llevan a incumplir sus propios objetivos, pese a ser poco exigentes. En efecto, el PROENCAT 2050, aprobado el pasado junio, prevé que solo el 23% del consumo final de energía sea de origen renovable en 2030, la mitad de los objetivos europeos.

El gobierno catalán, más preocupado por cuestiones identitarias que por los problemas reales, lleva un retraso considerable al respecto de la transición energética, una vía importante de lucha contra el cambio climático.

No vamos bien y hay que recordarlo cuando es el Día Internacional del Cambio Climático. En realidad, debería recordarse y actuar siempre.

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Llevamos, por tanto, un retraso considerable. Pero si en vez de compararnos con otros, nos miramos el ombligo y consultamos nuestro PROENCAT (Prospectiva Energética de Cataluña, 2050), se prevé que en 2030 Cataluña disponga de 5.234 MW de energía eólica terrestre cuando actualmente es sólo de 1.344 MW.

En 2022 se pusieron en funcionamiento en toda Cataluña 73 MW de energía eólica. Querer hacer creer que a este ritmo conseguiremos multiplicar por tres la eólica terrestre que actualmente dispone el país es autoengañarse; al ritmo que vamos conseguiríamos alcanzar el año 2075 lo que decimos que haremos el año 2030. Es decir, no sólo hacemos el ridículo con relación a otros sino que incumplimos nuestros propios objetivos.

¿Por qué un país que se cree moderno y avanzado va tan retrasado con el tema de la transición energética? Hay dos razones principales por las que Cataluña no ha hecho los deberes: estamos atrapados por la burocracia dentro de un marco jurídico demencial (aprobado en 2009 y que no se derogó hasta el año 2021) y que las cosas se han hecho tan mal que ha provocado la resistencia del territorio (ahora también en relación con relación a las eólicas marinas, para las cuales el PROENCAT prevé 1.000 MW en 2030 y todavía no se ha aprobado ningún proyecto). Teresa Jordà, la consejera que de palabra fue tan beligerante a favor del despliegue de las energías renovables, ya no está. Veremos qué camino toma su sucesor, que de momento no se sabe.

Estoy seguro de que existe un tercer factor determinante. Nada es infinito en un mundo finito, y tampoco lo es la capacidad o la fuerza de un gobierno para realizar sus funciones. Si se pudiera objetivar con unidades físicas, digamos que el gobierno del M.H. Aragonés tiene 1.000 kilopondios de fuerza de gobierno, que si los gasta en algo, debe detraerse necesariamente de otro sitio. Como en un presupuesto, tanto en el país como en la economía doméstica: si compro una nevera, quizá el cambio de coche tendrá que esperar, lo que no sucedería si los recursos fueran infinitos.

Y si todo el esfuerzo se dedica a hacer de llorones de lo mal que nos trata Madrid, a reclamar Cercanías, a apoyar las preocupaciones jurídicas de quienes están instalados en Waterloo, a castigar a quien no rotula en catalán su comercio, a oponerse a la ampliación del aeropuerto de El Prat o al cuarto cinturón, a controlar como hablan los chavales a la hora del patio o bramar por una independencia que ellos mismos hicieron «interruptus»… pese a ser temas muy importantes y trascendentes, quizás no les queda aliento a los del Gobierno para hacer otras cositas, como eso de dejar de consumir combustibles fósiles y aprovechar la energía solar (el viento también lo es). Lo digo como hipótesis para justificar el retraso que llevamos porque si el problema es que no creen en esto de la transición energética, entonces sí tendríamos un gran problema.

Todo es curioso y contradictorio. Dentro de las llamadas estructuras de estado, hay quienes desde el gobierno suspiran por conseguir una «soberanía energética». Claro, que como suele ocurrir, las palabras no acompañan a los hechos: si casi el 85% de la energía eléctrica producida en Cataluña el pasado año dependió del uranio, del gas y del petróleo (elementos de los que Cataluña no dispone), no estamos bien situados en este tipo de soberanía.

Más allá de cualquier cavilación, gobernar debería ser también avanzar en la transición energética para luchar contra el cambio climático. No parece que el gobierno catalán se esfuerce demasiado en ello.

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Más allá de esta visión sentimental y algo poética del mar, nuestro comportamiento colectivo con él no ha sido demasiado bueno. Durante muchos años ha recibido toda la contaminación que generábamos, a través de ríos y cloacas; esta situación se ha revertido, por lo menos en Europa, a partir del saneamiento de las aguas. Y hace relativamente poco, todavía vertíamos al mar los residuos radiactivos. La explotación de sus recursos vivos ha sido y es feroz, reduciendo dramáticamente los stocks de algunas especies por culpa de una pesca con métodos insostenibles. Hemos explotado desmesuradamente los recursos petrolíferos enterrados bajo el lecho del mar y su transporte ha provocado a menudo accidentes, con un coste ecológico y económico muy grande (caso del Prestige). Sin olvidar que hasta hace poco pescábamos masivamente ballenas y otros cetáceos, especies evolutivamente tan cercanas a nosotros que cuesta entender nuestra voracidad sanguinaria.

Los océanos son sede de muchas actividades económicas, lo que pomposamente se tilda como “economía azul”, una maraña sin demasiado sentido, pero que lleva a afirmar al gobierno de la Generalitat que con un volumen de negocio de 25.170,7 millones de euros en 2019, nos situamos junto a las principales economías marítimas de Europa, una evidente exageración, fruto de artefactos funcionariales. Y actividades que vislumbramos en un horizonte cercano añaden nuevos riesgos a la conservación de los océanos, como es el caso de determinados despliegues que se pretenden hacer de energías renovables marinas, especialmente las eólicas, y también la búsqueda de uranio en el subsuelo marino, una vez agotados los yacimientos terrestres.

Ahora que celebramos el “Día del Medio Ambiente” les invito a reflexionar brevemente en relación con el valor de los mares y océanos, más allá de los aspectos emocionales y económicos. Si reconocemos, como es debido, que el cambio climático es la principal amenaza a nuestro modelo actual de civilización, el océano es el principal elemento de temperamento por su papel de sumidero del CO2, tanto por la función puramente química del equilibrio de sus sales como por la contribución de sus organismos (fitoplancton pero también las comunidades de fanerógamas marinas, tan amenazadas). A su vez, si se cumplen los peores escenarios del cambio climático, las principales amenazas tendrán un origen marino: el incremento del nivel del mar que erosionará definitivamente las playas, destruirá los bienes inmuebles en primera línea de mar, hará inservibles algunas infraestructuras (como los puertos) además de fenómenos extremos originados por una bomba de energía como el calentamiento del agua mar.

Es decir, los océanos son un elemento fundamental de la emergencia climática: hasta un determinado nivel de cambio, ayudan a amortiguar sus efectos; superado el umbral de equilibrio, se convierten en el principal factor de impacto.

Ante este papel ambivalente, ¿qué hacer? En primer lugar, dar cumplimiento cuanto antes el compromiso adquirido de protección del 30% del espacio marítimo. Después, una regulación estricta de las actividades que se realizan en el mar, como la pesca y la navegación, para evitar que sean destructoras de la biodiversidad. También cumplir el artículo 4 de la Ley de Protección del Medio Marino para “un aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios marinos para las actuales y futuras generaciones”. Y, sobre todo, aplicar el principio de precaución frente a nuevas actividades en el mar: no actuar hasta que la ciencia determine si es o no compatible.

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En otros casos, los profetas hacen responsables del final a factores totalmente humanos, como pueda ser una guerra a escala mundial, el descontrol de la inteligencia artificial e incluso los cambios catastróficos provocados por un nuevo clima. Y si en la primera familia de causas liquidadoras del planeta, la humanidad no puede hacer otra cosa que aceptar un destino, no deja de ser preocupante que el origen de nuestro fin esté en nosotros mismos.

De inteligencia artificial no conozco prácticamente nada pero que unas máquinas se escapen de nuestro control y sean capaces de generar un caos parece el argumento de una novela de ciencia ficción. Pero hemos creado una civilización PC-dependiente: sin informática ni los aviones volarían, ni los coches circularían, nos costaría encontrar el camino para llegar a un destino y, muy probablemente, seríamos incapaces de divertirnos. Vivimos pegados a las pantallas, que nos aíslan de forma creciente y a las que suministramos constantemente información personal: nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestras relaciones con los bancos, nuestro acceso a las noticias, nuestras opiniones, nuestros conocimientos, nuestro compromiso político… Estamos instalados en un mundo digital, cada vez más virtual. Que pueda llegar un día que las máquinas organicen una rebelión de esclavos, estilo Espartaco, nos sitúa en un riesgo impensable hace tan solo 50 años.

Hay un vidente inglés, llamado Hamilton-Parker, que es una especie de Nostradamus moderno ya que se afirma que predijo la pandemia de coronavirus y el fallecimiento de la última reina de Gran Bretaña. Pues bien, este señor anuncia ahora una tercera guerra mundial, apocalíptica, muy cercana, a causa de un incidente bélico en Taiwan o en Ucrania.  La extraña guerra de Ucrania parece que ya forma parte de nuestra cotidianeidad; no parece que haya nadie interesado en ponerle fin de verdad. Mientras, es una excusa para la creación de mayor tensión entre países: más afiliaciones a la OTAN,  mayores presupuestos en defensa en todos los estados (cuando la guerra no forma parte de los ODS de la Agenda 2030)  y una carrera para facilitar armamento a una de las partes (la agredida) ya que la otra (Putin) parece que se basta a sí mismo. Estamos actuando de un modo inconsciente al coquetear con encender la mecha de conflictos, que pueden descontrolarse en cualquier momento.  La paz es una condición necesaria para que haya justicia; una y otra están cada vez más lejos. Todo euro destinado a las armas es un euro menos para la educación, la sanidad o las pensiones; así de crudo.

Por último, el cambio climático es otra amenaza cierta, quizás no para liquidar la vida en la Tierra pero sí para provocar que ésta sea muy distinta. No es la primera vez que el clima cambia en nuestro planeta pero es la vez que lo hecho más rápido (un calentamiento de 1,5ºC en la temperatura media desde la época preindustrial y un incremento de 100 ppm de CO2 en la atmósfera en 60 años).  Además, la  gran mayoría de científicos están de acuerdo que la humanidad ha provocado este cambio a causa del uso masivo de los combustibles fósiles.  Velocidad elevada y responsabilidad humana son las características de un cambio climático que empezamos a experimentar: olas de calor frecuentes y prolongadas, sequías contumaces, fenómenos meteorológicos extremos, alteración de las estaciones, etc. Dudar de la existencia de un cambio y menospreciar las posibles causas por parte de algunos, solo es comparable a afirmar que la Tierra es plana cuando todo demuestra lo contrario.

Somos una sociedad doblemente dopada: PC-dependiente y CO2-dependiente. En estos dos fenómenos, a diferencia de los cataclismos planetarios que pueden acabar con la humanidad, todavía está en nuestras manos revertir la situación. Solo faltan políticos valientes y sociedades comprometidas.

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El PIB es una magnitud mide la riqueza de un país pero también pone de manifiesto las injustas diferencias entre países ricos y pobres. En consecuencia, los objetivos económicos suelen basarse en conseguir un crecimiento continuo del PIB (su media mundial se ha más que triplicado en 50 años), orillando las situaciones en las que precisamente se da una tasa negativa en el crecimiento del PIB durante varios trimestres. Cuando la pandemia supuso un parón económico, el PIB se redujo en un 10% a nivel mundial.

No soy economista por lo que me limito a exponer conceptos y datos básicos antes de entrar en el análisis de mi átomo. ¿A costa de qué crece el PIB?  Si se trata de la producción de bienes y servicios, necesariamente es a costa de los recursos, tanto materiales como energéticos, que la Tierra ha puesto a nuestra disposición. Por ejemplo, los países con pobreza energética extrema consumen menos de 3 KWH per cápita mientras que los países más desarrollados superan los 15 KWH. A su vez hay una relación directa con la emisión de gases con efecto invernadero, que es más elevada en los países con mayor PIB.

En definitiva, el PIB es depredador de recursos. Incluso en el caso que se consiga que las fuentes energéticas (no solo eléctricas sino también  de combustión) sean totalmente renovables, a pesar que la energía solar sea gratuita (siempre que a alguien no se le ocurra gravarla con un impuesto) requiere de elementos para su producción (desde hormigón y acero hasta neodimio y litio) que son finitos y, por tanto limitantes.  Por lo tanto, un modelo de desarrollo de la sociedad basado en un consumo continuado de recursos no renovables no parece compatible con la lucha contra el cambio climático que, sin duda alguna, es el principal problema al que se enfrenta la humanidad.

Se han propuesto otras maneras de medir el grado de desarrollo. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene un programa desde 1966 conocido como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dentro de las estadísticas que releva este organismo, ha construido un Índice de Desarrollo Humano (IDH), cuyo objetivo de ser un indicador del desarrollo en el país, y comparable a nivel internacional. Este índice está compuesto por tres variables fundamentales: salud, educación y riqueza (medida a través del PIB).  Con este índice, los países más ricos sea acercan al valor 1 mientras que los más pobres no superan un 0,5.

Lamentablemente en el cálculo del IDH interviene también el PIB, y de nuevo desarrollo se asimila a riqueza y, en consecuencia, a depredación de recursos.

¿Qué ocurriría si se midiera el desarrollo humano en otros términos? Por ejemplo, con índices que tuvieran en cuenta la igualdad de género, el acceso a la cultura, la capacidad de reducción de la huella de carbono, el tiempo de espera para una intervención quirúrgica en la sanidad pública, el porcentaje de territorio (terrestre y marino) protegido para la conservación de la biodiversidad, el porcentaje de población con acceso a agua potable, etc. ¿Qué sociedad tiene una mayor grado de desarrollo? ¿La que es culta, justa y está comprometida con la protección del medio? ¿La que tiene simplemente un mayor valor económico, basado en el consumo de recursos? Las políticas públicas ¿debieran enfocarse hacia el desarrollo del primer modelo o del segundo?

Ya sé que son preguntas retóricas, sin respuesta posible ya que las urgencias que impone la economía (hay que producir cada vez más como parte de un engranaje que alimenta al estado y a los restantes elementos sociales) impiden una reflexión serena sobre lo que he propuesto. En el fondo se trata de decidir si como sociedad se es más feliz cuánto más rica sea o quizás  existen otros elementos que no se han introducido en ninguno de los índices de medida objetiva.

Pienso que estamos abocados a un modelo de decrecimiento, causado por la limitación de los recursos. Se debiera reflexionar en los términos que he hecho en este átomo pero, en todo caso, hay que decidir con urgencia si el decrecimiento acabará siéndonos impuesto (como en el caso de la pandemia) o bien seremos capaces de gestionarlo.

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El método científico se basa fundamentalmente en la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación para comprobarlas y la reformulación en caso de necesidad. Así lo hizo Newton para formular la ley de gravedad. Hoy en día, gracias al desarrollo de máquinas de gran potencia para realizar cálculos, la ciencia ha sustituido en parte el modelo físico por el numérico. Es decir, para diseñar un avión no es necesario hacerlo despegar a ver si se estrella o no; primero se hace un modelo puramente matemático para descartar las grandes incertidumbres y sólo se prueba físicamente cuando los cálculos numéricos dan suficiente garantía. Otro ejemplo: la previsión del tiempo se fundamenta en modelos matemáticos: se puede saber que pasará pasado mañana sin necesidad de estar instalado en el tiempo futuro.

Esta introducción es para ayudar a entender el estrambótico método científico que acaba de inventar la consejera Jordà en relación con la construcción de grandes parques industriales de generación eléctrica eólica en el mar. Por la aprobación del Plan de Ordenación del Medio Marino (instrumento que ha decidido que el único lugar para producir eólica marina en toda Cataluña está frente a la bahía de Roses) se hizo una tramitación administrativa para aprobar una evaluación ambiental. Pues bien, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico invitó a 18 organismos de la Generalitat a participar en el proceso; sólo uno presentó alegaciones (la Dirección General de Políticas de Montaña y del Litoral) pero ni la Agencia Catalana del Agua, ni la Oficina del Cambio Climático ni la Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos (por poner sólo tres ejemplos de los diecisiete que pasaron por completo del asunto) mostraron ningún tipo de oposición al proyecto.

Una vez aprobado que se puede hacer un macro-parque frente a Roses, la consellera Jordà , con un evidente pánico escénico a la oposición del territorio y el mundo científico, tiene una ocurrencia y anuncia: haremos un parque pequeñito, miraremos qué pasa y si se detectan impactos significativos, irá en persona a Europa a pedir que se detenga todo. Incluso ya han creado un artefacto más (llamado PLEMCAT), dependiendo del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña, organismo en el que Endesa, Naturgy y Enagas forman parte del Patronato.

¿Qué pasaría si este método científico de la consejera Jordà se aplicase a otros grandes proyectos controvertidos? Por ejemplo, podríamos hacer dos kilómetros del cuarto cinturón entre Sabadell y Terrassa, y probamos si funciona antes de terminar toda la autopista. También podría aplicarse a la ampliación del aeropuerto de Barcelona; construimos primero 200 metros de pista sobre el mar y si los grandes aviones pueden aterrizar sin problemas y se demuestra que no existe impacto ecológico, lo acabamos. Incluso, ante la posibilidad de la desaparición de un pinar a orillas del mar en la Costa Brava por la construcción de una urbanización, primero hacemos dos o tres chalés y si la cosa queda bonita, autorizamos hacer los otros trescientos. Y el mismo método podría aplicarse en el Hard Rock, en los juegos olímpicos de invierno, en la construcción de líneas de muy alta tensión o en el corredor ferroviario del Mediterráneo: primero hacemos un poquito, miramos qué pasa y seguimos o no. El método científico de la consejera Jordà es del tipo “republiqueta” de varios segundos.

En esta propuesta de un parque experimental veo dos problemas: que el ensayo será con aerogeneradores distintos de los que desean instalar (ni tendrán más de 200 metros de altura ni una potencia de 18 MW) y que el calendario es incompatible con el objetivo de un GW funcionando en 2030. Sin embargo, esperaré que el PLEMCAT haga pública su propuesta y si puede ser una contribución significativa a decidir si el macro-parque es compatible con la biodiversidad de la zona, daré personalmente por bueno el estrambótico método científico de la consejera. Claro, a condición de que los científicos lo avalen…

Nos esperan grandes cosas en un futuro próximo, que este chafardero irá comentando.

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El método científico se basa fundamentalmente en la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación para comprobarlas y la reformulación en caso de necesidad. Así lo hizo Newton para formular la ley de gravedad. Hoy en día, gracias al desarrollo de máquinas de gran potencia para realizar cálculos, la ciencia ha sustituido en parte el modelo físico por el numérico. Es decir, para diseñar un avión no es necesario hacerlo despegar a ver si se estrella o no; primero se hace un modelo puramente matemático para descartar las grandes incertidumbres y sólo se prueba físicamente cuando los cálculos numéricos dan suficiente garantía. Otro ejemplo: la previsión del tiempo se fundamenta en modelos matemáticos: se puede saber que pasará pasado mañana sin necesidad de estar instalado en el tiempo futuro.

Esta introducción es para ayudar a entender el estrambótico método científico que acaba de inventar la consejera Jordà en relación con la construcción de grandes parques industriales de generación eléctrica eólica en el mar. Para la aprobación del Plan de Ordenación del Medio Marino (instrumento que ha decidido que el único lugar para producir eólico marina en toda Cataluña está frente a la bahía de Roses) se hizo una tramitación administrativa para aprobar una evaluación ambiental. Pues bien, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico invitó a 18 organismos de la Generalitat a participar en el proceso; sólo uno presentó alegaciones (la Dirección General de Políticas de Montaña y del Litoral) pero ni la Agencia Catalana del Agua, ni la Oficina del Cambio Climático ni la Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos (por poner sólo tres ejemplos de los diecisiete que pasaron de todo) mostraron ningún tipo de oposición al proyecto.

Una vez aprobado que se puede hacer un macro-parque frente a Roses, la consellera Jordà, con un evidente pánico escénico a la oposición del territorio y del mundo científico, tiene una ocurrencia y anuncia: haremos un parque pequeñito, miraremos qué pasa y si se detectan impactos significativos, irá en persona a Europa a pedir que se detenga todo. Incluso ya han creado un artefacto más (llamado PLEMCAT), dependiendo del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña, organismo en el que Endesa, Naturgy y Enagas forman parte del Patronato.

¿Qué pasaría si este método científico de la consejera Jordà se aplicara a otros grandes proyectos controvertidos? Por ejemplo, podríamos hacer dos kilómetros del cuarto cinturón entre Sabadell y Terrassa, y probemos si funciona antes de terminar toda la autopista. También podría aplicarse a la ampliación del aeropuerto de Barcelona; construimos primero 200 metros de pista sobre el mar y si los grandes aviones pueden aterrizar sin problemas y se demuestra que no existe impacto ecológico, lo acabamos. Incluso, ante la posibilidad de la desaparición de un pinar a orillas del mar en la Costa Brava para la construcción de una urbanización, primero hacemos dos o tres chalés y si la cosa queda bonita, autorizamos que se hagan los otros trescientos. Y el mismo método podría aplicarse en el Hard Rock, en los juegos olímpicos de invierno, en la construcción de líneas de muy alta tensión o en el corredor ferroviario del Mediterráneo: primero hacemos un poquito, miramos qué pasa y seguimos o no. El método científico de la consejera Jordà es del tipo “republiqueta” de unos cuantos segundos.

En esta propuesta de un parque experimental veo dos problemas: que el ensayo será con aerogeneradores distintos de los que desean instalar (ni tendrán más de 200 metros de altura ni una potencia de 18 MW) y que el calendario es incompatible con el objetivo de un GW funcionando en 2030. Sin embargo, esperaré que el PLEMCAT haga pública su propuesta y si puede ser una contribución significativa a decidir si el macro-parque es compatible con la biodiversidad de la zona, daré personalmente por bueno el estrambótico método científico de la consejera. Claro está, a condición de que los científicos la avalen…

Nos esperan grandes cosas en un futuro próximo, que este mirón irá comentando.

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Parece que ese espíritu ecologista fundacional le ha llegado hasta la fecha. Ahora los de ERC parecían dispuestos a no conseguir aprobar los presupuestos de 2023, una vez que se han quedado en minoría ridícula en el Parlament por ruptura con el resto de fuerzas independentistas. No les ha quedado otro remedio que pactar con el PSC que ha exigido (supongo que entre otras cosas) el compromiso de ejecutar tres proyectos concretos: Cuarto Cinturón, Hard Rock y ampliación del aeropuerto de Barcelona. Y Aragonés y los suyos, con un espíritu de resistencia parecido al que lucieron los últimos de Filipinas, se han opuesto por razones medioambientales aunque al final han cedido. ¡La poltrona, como París, bien vale una misa!

Es muy bonito vivir en un país en el que su gobierno está dispuesto al sacrificio para preservar su biodiversidad y su paisaje. Me emociona, como creo que emocionaría a Greta Thunberg si estuviera al corriente de lo que ocurre en nuestra casa. Lo que no entiendo en modo alguno es que a la vez que se defiende enconadamente algunos espacios, la propia Generalitat apruebe llenar la Albera de aerogeneradores y ansíe que alguna gran multinacional llene en breve el mar del Empordà, frente a Roses, de gigantescos aerogeneradores de casi 250 m de altura. Se ve que ERC y su gobierno son muy selectivos en lo que se conserva y lo que se destroza, sin explicación lógica alguna. Es como una ruleta demencial, y según dónde caiga la bola dirá sí o dirá no.

Las razones que dio Teresa Jordà, consejera del ramo, para haber aprobado el parque Galatea (curioso nombre si buscáis datos de la mitología griega) por el proyecto que destrozará la Albera, son bastante sorprendentes. Dijo que si se ha hecho una declaración de impacto positiva es que nada estropeará el territorio. Esto que una ponencia de renovables, que pertenece a su departamento, apruebe que un proyecto no hará daño es más bien garantía de pocas cosas. Hay muchos ejemplos pero sólo recordaré uno: la plataforma Castor, frente a Vinaròs. Es un proyecto que tenía una declaración de impacto ambiental positiva (es decir, que no estropearía el territorio) y se tuvo que cerrar por los terremotos que provocó. Eso sí, nos ha costado a todos los españoles ‘sólo’ 1.500 millones de euros.

Los grandes parques industriales de producción de energía eólica son una tecnología reciente, sobre todo en el ámbito marino (en España todavía no existe ninguna). Por tanto, son proyectos que tienen muchas incertidumbres (como cuando se quería inyectar gas en el subsuelo marino), tanto económicas como en relación con la biodiversidad y el paisaje. Confiarlo todo a unas declaraciones administrativas de bondad ambiental cuando científicos y expertos alertan de que hay que ir con precaución, creo que es atrevido. Y más cuando la normativa de las evaluaciones ambientales ha rebajado sus exigencias (tanto en la Unión Europea como en nuestro país) con la falsa excusa de que la guerra de Ucrania nos obliga a realizar una transición energética de prisa y corriendo.

El hecho añadido de que el día 25 de enero terminaba un determinado plazo administrativo ha provocado que todas las administraciones hayan emitido declaraciones positivas de cientos de proyectos que llevaban años haciendo cola. Un verdadero alud: se han aprobado más proyectos en el último mes (como el parque de la Albera) que en los últimos cinco años; es como lo del mal estudiante que en quince días quiere recuperar lo que no han hecho durante todo el curso. Creo que alguien ha identificado que las exigencias ambientales eran un freno a los proyectos y han obligado a recortarlas. Podían hacerlo, pero, a la vez, vacían de credibilidad la evaluación ambiental. Pero reducir las exigencias y evitar la participación ciudadana mediante la información pública, que es lo que ha decidido el último Real Decreto de diciembre, no parece restar incertidumbre a la implantación de unas instalaciones industriales que son una novedad.

Sería bueno que ERC explicara, de forma comprensible si fuese posible, las razones ambientales para no acabar el Cuarto Cinturón y al mismo tiempo ser una firme partidaria de producir un grave impacto en el mar del Empordà, el lugar de mayor biodiversidad del Mediterráneo occidental.

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Dado que soñar es gratuito, supongamos que estamos en 2030 y que el gasoducto está terminado. El objetivo es que transporte 2.000.000 de Tm de hidrógeno, que representa aproximadamente un 10% de lo que se prevé que consumirá Europa en tan cercana fecha. Una vez inaugurado ¿qué? ¿Dónde se fabricará el gas que se deberá inyectar en la tubería? Parece complicado que una tecnología por ahora absolutamente vacilante consiga, en cinco años, pasar de la cantidad ínfima de hidrógeno que hoy se fabrica en España a dos millones de toneladas.

Lo más probable es que entonces alguien diga: «ya que no tenemos hidrógeno, haremos pasar gas natural». Y seguro que encontrarán argumentos para justificar la modificación. Y si esto ocurriera, y yo todavía lo llego a ver, estaría boquiabierto y me preguntaría el porqué nos habremos gastado cinco veces más para llevar gas a Europa cuando lo sencillo era continuar el gasoducto muerto en Hostalric.

¿Por qué creo que no tendremos a punto el hidrógeno cuando se inaugure el H2Med? Por ahora, la única tecnología aplicable a gran escala para producir hidrógeno es la electrólisis del agua. Por tanto, generar hidrógeno requiere agua y energía (energía renovable en caso de que le llamemos hidrógeno verde). ¿Cuánta agua y cuánta energía? Ahora se lo cuento.

En primer lugar, el agua. Por cada kilo de hidrógeno se necesitan unos 10 litros de agua; en consecuencia, para hacer dos millones de toneladas, se necesitarían 20 Hm3 de agua, que debe ser dulce ya que la salada produce toxinas. Como referencia, en la actual situación de sequía, el embalse de Sau tiene almacenados unos 30Hm3. Si hoy tuviese que fabricarse el hidrógeno que se quiere conducir por el tubo, se necesitaría casi un 70% de las reservas de agua que ahora mismo tenemos en Sau. ¿En Cataluña es compatible fabricar esta cantidad de hidrógeno a partir de un elemento escaso como es el agua, periódicamente con restricciones a causa de la sequía?

Este hidrógeno verde debe fabricarse a partir de energías renovables. Se necesitan unos 550 KW-h de energía para fabricar 4,5 kg de hidrógeno. Por tanto, la necesidad energética para producir todo el gas proyectado, requeriría del orden de 150.000 GW-h en un año. La producción eléctrica en toda Cataluña en 2021 fue de unos 42.000 GW-h (de la que sólo un 20% es renovable, es decir unos 8.000 GW-h). Quiere decir que de ahora a 2030 habría que multiplicar casi por veinte la energía verde que ahora producimos. ¿Puede nuestro país multiplicar por veinte en seis años la superficie ocupada hoy en día por aerogeneradores y placas fotovoltaicas, sólo para fabricar el hidrógeno para exportar a Europa, más allá de las necesidades propias hacer la transición energética (frente al cierre de las nucleares y centrales de gas)?.

El Plan de la Generalitat para las renovables en Cataluña establece que la producción eléctrica en 2010 será de 33.000 GW-h, insuficiente para hacer el hidrógeno verde. Es decir, si nuestra administración se cree lo del tubo, debería suspender inmediatamente el documento y elaborar uno nuevo, que encajara las nuevas necesidades. ¿Es que se piensa traer la energía de fuera de Cataluña? Caramba, ¿y lo de la «soberanía energética»?

Son números tan sencillos que no creo que los promotores los desconozcan. Parece de nuevo una patada y pelota adelante. Quizás hay quien espera milagros (hacer hidrógeno sin agua ni consumo eléctrico) pero la física y los principios de la termodinámica son tozudos. Y si aplicando la cordura se pregunta por qué construyen un gasoducto que parece inútil… yo aquí ya no os puedo responder.

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Se dispone de una definición aceptada internacionalmente de soberanía energética: el derecho de los individuos conscientes, las comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones sobre la generación de energía, la distribución y el consumo, de modo que sean apropiadas a sus circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre que no afecten negativamente a terceros.

En Catalunya existe una red (Xse.cat) que reúne a los partidarios de este concepto, con un manifiesto que, a partir del reconocimiento de los impactos y las desigualdades que genera el modelo actual, propone un nuevo paradigma basado en estos criterios: democracia, control social de los medios de producción, sostenibilidad, decrecimiento energético y arraigo en el territorio/descentralización. Quizá habría que añadir alguna condición más, pero las que se citan están bien. Lo que encuentro contradictorio es que algún insigne partidario de la soberanía energética (independentista declarado) sea a la vez firme partidario del despliegue de la eólica marina frente al golfo de Roses tal y como quieren hacerlo las cinco empresas que hoy por hoy han mostrado interés por construir el parque. Incluso se atreve a dar consejos en Twitter a quien nos oponemos, diciéndonos que “elijamos el mejor de los cinco proyectos y defendámoslo, dado que la cuestión ya no es si se hará sino cuál de ellos”. ¡Qué morro! Más allá de la vinculación de quien ha hecho el tuit con la patronal eólica, es un verdadero oxímoron predicar la soberanía energética y a la vez la eólica marina tal y como está planteada en el golfo de Roses.

La explicación más fácil es preguntarnos qué soberanía energética puede tener un proyecto que quien debe autorizarlo es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que ninguna de las empresas que han presentado un proyecto es catalana, que la energía que llegaría a producirse debería evacuarse por líneas propiedad de Red Eléctrica Española a una red unitaria que puede distribuirla por España y también por Francia, cuando la industria catalana por ahora no tiene ninguna capacidad demostrada de producción de flotadores ni aerogeneradores y que los fondos de inversión que finalmente aportarán el capital para la construcción y explotación del parque no serán catalanes con toda seguridad. ¿Qué soberanía es ésta? Parece evidente que lo de la soberanía, energética o de otros tipos, para algunos es hacer castillos en el aire.

Vayamos al meollo de la cuestión y revisemos si un parque eólico marino frente al golfo de Roses, tal y como se quiere hacer, cumple los criterios que definen la soberanía energética. El primero, la democracia: el territorio se ha manifestado mayoritariamente en contra. 22 ayuntamientos han aprobado una moción de oposición, también un consejo comarcal y las juntas gestoras de parques naturales cercanos. En cuanto al control social de los medios de producción, no parece que las corporaciones financieras que están detrás del negocio hagan que todos los ampurdaneses tengan su participación en la sociedad y corten el cupón una vez al año. Si hablamos de sostenibilidad, basta recordar que más de cien expertos en la problemática han firmado un manifiesto en contra del parque como se quiere hacer por grave amenaza a una de las zonas con mayor biodiversidad del Mediterráneo. Tampoco el proyecto supone ningún tipo de decrecimiento energético, y con toda probabilidad se quiere producir un exceso de energía para derivarla hacia el llamado hidrógeno verde. Por último, no se ve por ninguna parte el arraigo en el territorio y la descentralización; se quiere producir una energía que muy probablemente será consumida fuera de la comarca, bajo un modelo centralizado de macroparque eólico marino.

Realmente hay que explicar muy bien, para no hacer el ridículo, como se puede ser a la vez un convencido de la soberanía energética y un firme partidario de un parque eólico marino frente al golfo de Roses. ¡Yo no lo veo!

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Sorprendido he vuelto a leer a mis autores de referencia en este tema. Ninguno de ellos (ni Gabriel Jackson, ni Hugh Thomas, ni Julián Zugazagoitia, ni Javier Tusell, ni Burnett Bolloten, ni Tuñón de Lara, ni Anthony Beevor, ni Paul Preston ni siquiera el incalificable Pio Mora) hacen la más mínima referencia a considerar esa lamentable guerra como un enfrentamiento entre españoles y catalanes. Por ahora, ni el quimérico Bilbeny del Instituto de Nueva Historia (que ha reconocido como catalanes, entre otros, a Cervantes, Erasmus, Da Vinci e incluso Shakespeare) se ha atrevido a vislumbrar ninguna teoría tendenciosa de aquel conflicto.

La guerra que se inició el 17 de julio de 1936 fue una rebelión de varios generales (algunos de ellos de ascendencia catalana e incluso nacidos en Cataluña, como Saliquet) contra los valores democráticos de una República, que a trancas y barrancas, intentaba reconducir (no sin violencia de algunos de sus partidarios) cuestiones que durante siglos habían quedado pendientes de resolver, como la reforma agraria, la cuestión religiosa, el papel de los militares en la sociedad, el enseñanza laica, los derechos sociales de los obreros, el voto femenino, etc… Desde el mismo momento de su creación, una parte de los españoles y también de los catalanes (como los alfonsinos de “Derecha de Cataluña”) se opusieron a ello y en gran parte la hicieron imposible, primero por mecanismos electorales (recordamos el Bienio Negro) y cada vez más con adhesión a la violencia (como la JONS, Falange, los Requetés). Hasta que se pusieron a disposición de un grupo de militares para acabar definitivamente con el intento democrático, lo que nos ha supuesto a todos los cuarenta años de sufrimientos.

¿A García Lorca le asesinaron por ser catalán? Cuando Yagüe, tan católico él, entró  a sangre y fuego en Badajoz en agosto de 1936, ¿los muertos que llenaron las calles, eran catalanes? ¿Gernika o Alcañiz, ciudades sometidas a bombardeos experimentales de alemanes e italianos aliados de Franco, eran entonces ciudades catalanas? ¿Los miles de muertos de la desbandá, bajo las bombas de barcos y aviones, eran catalanes que huían de Málaga a Almería? ¿Los quinientos muertos de los fets de maig de 1937 fueron también consecuencia de la guerra entre España y Cataluña? ¿Todos los muertos catalanes de la cruel e inútil batalla del Ebro eran sólo de un bando (“la leva del biberón”) o bien también había carlistas catalanes en el ejército supuestamente de España? Entre los cientos de miles de hombres, mujeres y criaturas que en febrero de 1939 cruzaron la frontera con Francia para ir a parar, entregados a su suerte, a playas como las de Argelès-sur-Mer, no había españoles que llevaban años retrocediendo, desde la pérdida del norte? A partir del uno de abril de 1939, ¿la dictadura sólo la sufrió Cataluña?

Soy consciente de que mis preguntas son muy básicas, pero el artículo tiene unos condicionantes de espacio. Es evidente que la contienda 1936-39 fue una guerra civil entre ciudadanos de un mismo país, a consecuencia de una revuelta militar que logró acabar con la República ante la indiferencia de las democracias europeas y la ayuda sin tapujos del nazismo y fascismo a Franco. Las víctimas (la mayoría en la retaguardia) no lo fueron por un enfrentamiento entre España y Catalunya sino por la lucha entre los defensores de los valores republicanos y quienes eran contrarios. Y hubo catalanes tanto en un bando como en el otro, incluso una vez se dio, cínicamente, terminada la guerra muchos catalanes fueron partidarios y colaboradores de una dictadura que nos afectaba a todos (Demetri Carceller , Miguel Mateu, Manuel Gorina, Joaquín Bau, Carlos Trias, Narciso de Carreras, José María Marcet, José Bertran, José María Porcioles, etc., son algunos de los nombres más conocidos). Seguro que los repartidores de carnets de catalanidad considerarán a todos estos burgueses como “mal catalanes”, ¡pero catalanes en definitiva!

Seguro que el pensamiento de Espar Ticó (al que la tierra le sea leve) era consecuencia del trauma sufrido por el asesinato de su padre por una guerrilla de la FAI (aquellos a los que Companys entregó todo el poder en la reunión del 20 de julio de 1936). Es evidente que no fue una víctima del enfrentamiento entre España y Cataluña, sino de la violencia de una parte del anarquismo (con españoles y catalanes) contra la gente de orden (españoles y catalanes).

Como mi abuelo, por cierto.

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Y hablando de curiosidades esta vez independentistas, la forma que tenemos (o tienen) de proclamar la República es también curiosa. Ni Pau Claris, ni Francesc Macià ni tampoco Lluís Companys consiguieron que fuera suficientemente persistente en el tiempo y la que más duró fue una semana. Pero he aquí que el Presidente Puigdemont logró lo que parecía imposible: una república de segundos. Eso sí, después de llenarse la boca de haber construido no sé cuántas estructuras de estado y de tener preparadas no sé cuántas leyes de desconexión. Como se demuestra, las repúblicas catalanas suelen tener una curiosa proclamación. Por lo que he leído, las independencias se consiguen o por las armas o por acuerdo. Hacer el ridículo nunca ha entrado en la hoja de ruta de todos los estados que se han convertido en independientes; sólo hace falta repasar la historia.

Toda esta larga introducción sobre la manera curiosa que tenemos de proceder a los catalanes viene a cuento de la reciente propuesta del plan de usos y gestión del parque natural del Cabo de Creus de prohibir las motos de agua dentro del perímetro protegido. Y otros municipios, fuera de parque, se han sumado a la propuesta. Y estoy seguro de que el gobierno de la Generalitat (por lo menos su parte más happy flower), responsable último del parque, se añadirá con entusiasmo a la propuesta. Más allá de que prohibir siempre tiene muchos adeptos, lo hará con consideraciones que seguramente tildarán a las motos de agua de actividad poco consonante con los valores de conservación del espacio natural y que es necesario promover valores contemplativos.

Nada que decir. Las motos de agua son trastos ruidosos, incluso alteran el paisaje (sólo un corto espacio de tiempo porque van muy rápidos), pueden producir accidentes, es posible que sufran pérdidas de aceite o de carburantes y que las hélices agitan la capa superficial del agua (acción que desde un punto de vista ecológico no es malo dado que probablemente favorecen el aporte de oxígeno a la masa de agua, pero esto ya es ir muy al detalle). Me cuesta encontrar más inconvenientes en las motos de agua, fuera del comportamiento fanfarrón de algunos de los usuarios.

¿Por qué considero curiosa esta prohibición? La razón es sencilla: en el mismo espacio donde se quieren prohibir unas cuantas motos de agua un par de meses al año, no hay ningún problema en dejar construir parques industriales con molinos de viento gigantes de más de 250 metros de altura, con un impacto claro sobre el paisaje, en número todavía indeterminado pero que pueden superar el centenar, anclados al fondo con cadenas que se arrastran por encima y destrozan el bentos, impidiendo el paso de aves y mamíferos marinos, con riesgos de incendio y pérdidas de aceite, con probables accidentes y efectos negativos sobre la pesca, productores de ruidos, etc. Sobre este tipo de instalaciones, en el parque o en áreas adyacentes ampliables en un futuro inmediato, parece que el plan de usos no quiere prohibirlos.

Las motos, si las prohibimos; los molinos gigantescos, no. Es decir, vamos por el decimal y dejamos tranquilos a los miles. Todo ello a mí, personalmente, me parece una manera bastante curiosa (a nivel del caganer en el pesebre) la que tiene la administración de la Generalitat para la regulación del medio marino: preocupado por las motos de agua y en cambio entusiasta partidario (como ha declarado la Consejera Jordà) de los parques eólicos marinos que deben salvarnos de la emergencia climática.

Definitivamente somos un país curioso.

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Me han sorprendido los números, puesto que la primera idea que tengo, corto como soy, de la economía azul relacionada con el mar es la pesca marítima (en continuo retroceso) e incluso la acuicultura; ambos sectores sumados no alcanzan los 200 millones de euros y unas 3.500 personas empleadas. He ido a las fuentes bibliográficas, claro está, y he visto que incluye también las actividades de los puertos, la construcción naval, el transporte marítimo, el turismo marítimo –él solo representa más del 72% del valor agregado bruto (VAB)–. Es decir, todo lo que se hace en el mar o cerca es azul, dejando a un lado si es sostenible o no.

Como suele ocurrir en este tipo de planes, lo que sí es fructífero es la creación de nuevos artefactos. En los tres primeros años de trabajo, según se nos informa, se ha creado el Consejo Catalán de Cogestión Marítima, BlueNetCat, el grupo ad hoc de Economía Azul, la Mesa de Cogestión Marítima del Litoral del Baix Empordà, los GALP y un instituto de investigación de la gobernanza del mar (Icatmar). ¡No es poca cosa!

De esta llamada estrategia me ha interesado sobre todo cómo plantea los temas relacionados con la generación de energía eólica marina. Y esto por dos razones fundamentales: porque, según su razonamiento, la instalación de un total de 3,5 Gw en el horizonte de 2050 (como dice el Proencat, otro tipo de plan estratégico centrado en la energía) incrementaría mucho la economía azul (en términos de VAB y también de empleo, como se encargan de pregonar los promotores de este tipo de parques industriales), a la vez que la eólica marina, tal y como se quiere hacer en Cataluña, es una amenaza grave para la biodiversidad.

Pues bien, las dos únicas líneas estratégicas de la EMC en relación con la eólica marina en Cataluña se limitan a decir: el diseño de una estrategia específica para su desarrollo y la exploración de oportunidades de cooperación internacional y financiación para proyectos de energía. Desconocemos que se esté trabajando en una estrategia específica, y el gobierno catalán se limita a ir a remolque de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), elaborados por el Gobierno central, que determinarán (cuando se aprueben) que la zona del cabo de Creus y la bahía de Roses es “zona de uso prioritario” para la instalación de energía eólica marina, cuando el POEM de hace diez años calificaba la misma área como “zona de exclusión”, no apta. Esta milagrosa transformación, considerada aberrante por un grupo de más de 100 científicos, ha puesto en pie de guerra al Alt Empordà.

La falta de una estrategia clara para el despliegue de la eólica marina por parte del gobierno catalán da oportunidades a determinados juegos sucios. Hace unos días, los promotores de uno de los tres parques eólicos que quieren optar a ocupar la bahía de Roses, para contrarrestar la opinión de los científicos, que son un referente por sus estudios del ecosistema litoral, han publicado un artículo pseudocientífico en una revista pseudocientífica donde concluyen que «el parque eólico marino de Roses no afectará a los ecosistemas».

No pretendo valorar ahora la calidad científica del trabajo. Solo decir que de los siete firmantes del artículo, cuatro están en nómina de una de las empresas promotoras; dos pertenecen a una consultoría ambiental que ha sido contratada por los promotores, y el séptimo, a un instituto universitario también contratado por los promotores. Nada que decir… si no fuera que al final del artículo los autores declaran, sin inmutarse, que «no tienen conflictos de intereses».

Que todos los autores que afirman que un determinado parque eólico no producirá impactos en el medio cobren (del todo o en parte) de la empresa que quiere construir el parque, ¿no es un conflicto flagrante de intereses? ¡Caramba, qué cosas…!

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Es interesante ver la evolución del tema central de la efeméride, dado que sirve de indicador de cómo ha cambiado nuestra preocupación. Se partió del concepto de “una sola tierra” y de un planeta único que debía cuidarse, para centrar después la atención en un “desarrollo sin destrucción” (el nuevo concepto de sostenibilidad, que vivió su consagración en la conferencia de Río en 1992). Y, por supuesto, se han dedicado días a la capa de ozono, a la desertización, a la contaminación, a los océanos, a la vida silvestre, etc. Hasta 1991 no se hace la primera referencia al cambio climático. Este año, se repite la consigna «una sola tierra», en conmemoración de estos cincuenta años de la conferencia de Estocolmo, y se considera urgente afrontar la crisis climática y de la biodiversidad.

Mientras, ¿qué se ha hecho en Cataluña para proteger y recuperar el medio? Lo intentaré resumir en pocas líneas, aunque es un balance de claroscuros. Por ejemplo, la mejora de la calidad de las aguas ha sido muy buena, recuperando ríos y riachuelos que eran verdaderas cloacas a cielo abierto en los años 70 y 80, gracias a un acertado plan de saneamiento (que, como a menudo ocurre, estamos pagando además de los impuestos). Se ha creado una red potente de espacios de interés natural, faltada, sin embargo, de financiación suficiente para garantizar una buena gestión. En el tema de los residuos se ha avanzado también mucho, comprometiendo a los ciudadanos en su gestión, aunque no logremos por completo los objetivos que nos hemos impuesto. Se ha intentado detener la artificialización del medio con planes específicos para controlar la urbanización y se han recuperado algunos ecosistemas, como el tramo final del río Besòs.

Por tanto, después de cinco décadas de celebrar el Día del Medio Ambiente, Cataluña es un país más limpio y aseado que hace cincuenta años, pero todavía con muchas carencias. Por ejemplo, la contaminación atmosférica y acústica supera con frecuencia los umbrales peligrosos para la salud. Tenemos el litoral sometido a una fuerte regresión producida por la alteración que hemos introducido en el transporte de sedimentos; la costa del Maresme o todo el delta del Ebro son dos ejemplos claros que estamos en el límite del equilibrio. Pero donde acumulamos el retraso más espectacular es en la lucha contra el cambio climático, que por ahora conforma el núcleo de las políticas ambientales a nivel mundial.

Durante los últimos diez años, en Cataluña nos han impuesto un dolce far niente en cuanto a la transición energética. Hemos incumplido nuestros propios planes de energía (2005-2015 y 2012-2020), ya que no se han reducido ni las emisiones de CO2 ni el consumo final de energía según lo previsto, ni tampoco se han alcanzado los porcentajes esperados de energía renovable. El incumplimiento responde sobre todo a una inseguridad jurídica: el gobierno de la Generalitat ha cambiado varias veces la normativa reguladora y ha ahuyentado posibles inversiones. También el hecho de que las competencias en la materia hayan bailado de una consejería a otra, con nombres distintos, tampoco ha ayudado a hacer políticas congruentes. Sin olvidar que, para quien ha mandado todo este tiempo, está claro que la energía no era una “estructura de estado” en su quimérico diseño.

La nueva solución se llama Proencat, que en el horizonte del 2050 (quizá demasiado lejano para hacer prognosis en el mundo de la energía) prevé, entre otros objetivos, multiplicar por 20 la producción eólica terrestre actual y disponer de 3.500 MW d eólica marina (cuando actualmente es cero). También se habla de una «soberanía energética», que es imposible y ya comentaremos otro día.

El peligro radica ahora en que el gobierno de la Generalitat quiera recuperar, a toda prisa, el tiempo perdido, y que piense luchar contra el cambio climático sin defender suficientemente la biodiversidad. Algunos ejemplos (como el parque eólico marino en el golfo de Roses) apuntan desgraciadamente en este sentido. El lema de este año del Día del Medio Ambiente debería hacerles reflexionar.

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La dependencia energética de España no ha hecho más que empeorar en el tiempo. Cuando la mayor parte de la energía eléctrica se fabricaba con carbón, el país disponía de abundantes recursos, sobre todo en Asturias.  Pero los yacimientos se fueron agotando y era un carbón de baja calidad, muy contaminante por la presencia de azufre, hasta el punto que a pesar de situarse la C.T. de Andorra en una zona de Teruel con abundantes minas, las últimas décadas de funcionamiento de la central fue a base de carbón sudafricano y también sudamericano. Por lo tanto, España acabó siendo dependiente también en carbón.

En cuanto al petróleo, la situación es mucho peor. Aparte del yacimiento terrestre de Ayoluengo, puramente testimonial, se encontraron recursos en las costas de Tarragona y también en el Cantábrico. En los años de mayor producción se llegaron a conseguir dos millones de toneladas anuales de productos petrolíferos, pero cerrada la explotación en el Mediterráneo, la producción remanente es puramente testimonial. Si tenemos en cuenta que en el pasado año 2021, el consumo de productos petrolíferos fue de unos 50 millones de toneladas, es evidente que en el caso del petróleo también hemos incrementado la dependencia, que es casi total, debido al aumento del consumo y al cierre de la producción nacional. Según los últimos datos, España depende fundamentalmente del petróleo de Nigeria, México y Libia.

Finalmente, la situación respecto al gas natural es también muy evidente. España consume del orden de 30.000 millones de metros cúbicos de gas natural, del que menos de 0,5% es nacional.  Y en este caso dependemos de Argelia (a través de dos gasoductos, uno de ellos cortado ahora mismo en Marruecos), de EUA, Nigeria, Rusia y Qatar. Excepto en el caso del gas argelino, que no pasa precisamente en su mejor momento, el resto nos llega por buques metaneros, licuado y que debemos regasificar en alguna de las seis plantas que dispone España (en cambio Alemania no tiene ninguna) lo que supone un coste económico muy superior al gas procedente de Argelia. En consecuencia, hoy por hoy nos afecta muy poco los conflictos con el gas ruso (solo un 10% frente a casi el 45% de gas argelino) a consecuencia de la guerra de Ucrania.

En consecuencia, la dependencia energética de España es muy elevada. Además, dos decisiones del Gobierno promovidas por el Ministerio de Transición Ecológica, complican aún más la situación. Por un lado, se ha prohibido la prospección petrolífera en el territorio español con el argumento que si hemos de abandonar el uso del petróleo en 2050, para qué seguir buscándolo; pero resulta que Marruecos ha encontrado lo que parece un gran yacimiento a tocar de las islas Canarias.  Por otro lado también se ha prohibido la extracción de gas natural por “fracking” cuando según se dice en el subsuelo español hay grandes reservas extraíbles por este procedimiento.

No critico estas prohibiciones; solo las expongo. Si el tema de prohibir el “fracking” es por su gran impacto y efecto negativo sobre el planeta, me pregunto: ¿el planeta sufre menos si la extracción se hace en los Apalaches que en Asturias?. Detecto un cierto posicionamiento,  un tanto hipócrita, en no tener reparos en consumir masivamente el gas importado de los EUA mediante unas técnicas que aquí están prohibidas. Con la compra de gas ruso se dice que financiamos la guerra de Ucrania; lo que es evidente que con la compra de “shale gas” en EUA, financiamos la destrucción del planeta y potenciamos el cambio climático. ¿O no habíamos quedado que el planeta Tierra es único?.

Invito a reflexionar sobre estos puntos pero no quisiera acabar este átomo sin alertar de una nueva dependencia que asoma por el horizonte. Hay quien afirma que si llenamos el país de aerogeneradores y placas fotovoltaicas para producir energías renovables, se acabaría con la dependencia energética. Y que una transición alocada, sin planificación previa y sin respetar ni el paisaje ni la biodiversidad, nos evitaría tener que comprar gas y petróleo al exterior. No es cierto. Dejaríamos por supuesto de depender del gas y del petróleo pero pasaríamos a depender de otros elementos como el silicio, el litio, el neodimio, tierras raras, etc… que por desgracia son absolutamente necesarios para construir los equipos que aprovechan la energía solar y del viento, de los que carecemos en España, que están en manos de unos pocos países y cuyos precios se han multiplicado  por tres o por cuatro desde noviembre, mucho más que el petróleo y el gas.

Por lo tanto, aunque el sol y el viento sean inagotables y gratuitos, no lo son lo que hace falta para aprovecharlos. Cambiaremos de dependencia pero seguiremos siendo dependientes, quizás de un modo aún más atroz. ¿La solución a este panorama?. Entre tanto experto no va a ser este humilde cronista el que la tenga pero creo que no es otra que reducir el consumo energético. La energía que dejamos de consumir es la única realmente independiente. Pero el desarrollo de nuestra sociedad está estrechamente ligado al derroche  energético; en consecuencia haría falta hablar de decrecimiento, modelo que hoy por hoy nadie sabe cómo plantearlo.

Lo dejo para otro día… 

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El caso tiene relación con el parque eólico marino, con el imaginativo nombre de Tramuntana, que se pretende instalar en el Golfo de Roses. A finales de febrero, un grupo de prestigiosos científicos (es decir, profesores de universidad e investigadores de organismos científicos con publicaciones reconocidas en el ámbito de las ciencias de mar) hicieron público un manifiesto donde alertaban: “los riesgos de implementar estos parques eólicos en un mar como el Mediterráneo, ecológicamente frágil, diverso y sujeto a múltiples presiones humanas, no han sido todavía bien evaluados y, teniendo en cuenta el principio de precaución, no debemos ignorarlos”. La preocupación de los científicos era: por las dimensiones de este parque eólico, la fragilidad ecológica de la zona de implantación, por los daños ecosistémicos a gran escala, por el riesgo del creciente número de fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático y por el impacto paisajístico.

Por tanto, “los científicos de reconocido prestigio” no se posicionaban en contra de la eólica marina del parque Tramuntana sino que pedían una diagnosis previa e independiente sobre el impacto ambiental, económico y social (incluyendo el impacto paisajístico y cultural) de esta instalación. Y no admitir a trámite ningún proyecto de eólica marina hasta que la planificación energética con criterios ambientales, económicos y sociales no esté estudiada y aprobada. Es decir, el manifiesto era un llamamiento a la precaución y a no manifestar las grandes bondades de estas instalaciones (como han hecho la Generalitat y el Gobierno de España) antes de una evaluación objetiva de los impactos que generará.

Este manifiesto hizo mucho daño a quienes quieren desplegar de prisa y corriendo la eólica marina en Cataluña (es decir, conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, promotores, patronales del negocio y fondos de inversión entre otros). El argumento de que el mundo científico pida a las Administraciones el compromiso de estudiar a fondo el tema antes de llevar a cabo ningún proyecto, es muy contundente. ¿Se puede realizar un proyecto como éste en contra del parecer de la ciencia?

Dado que era imposible oponerse a lo que decían “los científicos de reconocido prestigio, la solución ha sido otro manifiesto de unos “científicos sin reconocido prestigio en ciencias marinas” (más bien tecnólogos que no es lo mismo que científicos), que presentaron hace unos días en el parque científico de la Universidad de Girona. El título ya lo dice todo: «Manifiesto para el seguimiento científico de la energía eólica en Cataluña». El texto es un alegato genérico en favor de la eólica marina donde se pide fomentar la incorporación de la eólica marina flotante en el mixt eléctrico de Cataluña; a la vez, propone cosas tan sensatas como un diálogo constructivo entre expertos y buscar fórmulas para que el territorio se beneficie de forma justa de estos proyectos.

¿Dónde está el problema de este segundo manifiesto? Pues que los «tecnólogos» dan por hecho que se implantará este parque industrial de generación eléctrica en el Empordà y lo que hace falta es un seguimiento de cómo se harán las cosas. En cambio, «los científicos de reconocido prestigio» afirman que es necesario estudiar muy bien los ecosistemas antes de decidir hacer nada. Es decir, antes de hacer y seguir hay que ver primero si se puede hacer. ¡No es poca diferencia!

Hay otra curiosidad en este segundo manifiesto: los promotores son IREC, que no parece demasiado reconocido por sus estudios sobre biodiversidad marina o cambio climático. Además tiene un Patronato/Consejo en el que figuran la Generalitat, tres universidades catalanas, el IDAE y también Endesa, Gas Natural, Repsol, etc. Para colmo, el director de IREC acompañó hace un año a los directivos de la empresa promotora del Parc Tramuntana (como informaba El Punt Avui, el día 23 de abril de 2021) a una gira por el territorio para presentar el proyecto e incluso aparece en uno de los vídeos promocionales de la empresa, como fácilmente se puede comprobar en su web. Es decir, los impulsores del segundo manifiesto parecen comprometidos con los promotores del proyecto. ¿Y esto qué significa? No lo sé; me limito explicar que es así.

Ya se sabe que todas las guerras son sucias. Ésta también.

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Si hay algo seguro es que en 2030 (y mucho menos en 2040 o 2050) no seguirá en funciones la directora del ICAEN que ha hecho este documento, ni tampoco la consejera responsable del negociado ni el presidente de la Generalitat. Será difícil ajustar cuentas de si han acertado o no, y de lo errados que estaban, como tampoco lo podemos hacer por el hecho de que en el año 2012 se aprobara el Plan de la energía y cambio climático 2012-2020, que se comprometía a reducir un 20% el consumo de energía. Lo que ha pasado es que en este período ha aumentado un 5%, muy al contrario de lo que se había propuesto. ¿Alguien recuerda quiénes fueron, en 2012, los consejeros responsables del plan? Una vez más, se demuestra que los tiempos de las carreras políticas y de la transición energética son muy diferentes.

La consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, ha hecho suyos, con considerable entusiasmo, los objetivos de la eólica marina, después de una visita a Dinamarca. Tanto es así que, antes de cualquier procedimiento reglado de evaluación de los impactos ambientales, ya ha avanzado que se hará un gigantesco parque industrial de eólica marina en las costas del Empordà. Si en lugar de consejera fuera juez, lo declarado equivaldría a decir que un acusado es culpable o inocente antes de hacer el juicio. Sería, al menos, una grave irresponsabilidad. Pero, además, ha dicho que el único sitio en Cataluña donde se puede generar eólica marina es precisamente en las costas del Empordà.

Los científicos le han recordado a la consejera, por si no lo sabía, que la biodiversidad de las costas de Dinamarca nada tiene que ver con la de la Costa Brava. Pero yo planteo otra cuestión: los 1.000 MW previstos para 2030 coinciden sospechosamente con los que Blue Float y SENER (2020) pensaban obtener en el llamado Parc Tramuntana, con 65 aerogeneradores de más de 250 metros de altura (los que la consejera vio en Dinamarca, y que tanto le gustaron, tampoco eran como estos). Por tanto, sólo con este parque, y de un brochazo, se cumplirían los objetivos de Proencat 2030. No es extraño, pues, la fijación en el proyecto por parte del Gobierno y de los partidos que le apoyan.

Pero para poder cumplir los objetivos para 2040 harían falta 33 aerogeneradores más de los proyectados, y para 2050, 163 más. La consejera dice que el único sitio donde se puede hacer eólica marina en Catalunya (y avanzar hacia la soberanía energética) es en el Empordà. Por tanto, más allá del destrozo causado por el proyecto Tramuntana, para alcanzar los objetivos del Proencat 2050, habría que poner un total de 228 aerogeneradores gigantescos en la Costa Brava, ya que no se pueden poner en ninguna otra parte. O sea que, si se quiere cumplir lo que se propone, los primeros 65 aerogeneradores son sólo una degustación, y pequeña, de lo que nos amenaza. Hay que explicar las cosas como son: o no es cierto que el único lugar para poner fábricas de eólica marina es el Empordà o, si lo es, para 2050 convertiremos la Costa Brava en la Costa de los Molinos.

Pienso que el razonamiento que acabo de hacer es impecable: si sólo se puede hacer eólica marina en el Empordà, los 3.500 MW de 2050 tendrán que obtenerse todos ellos de la Costa Brava norte. Si no, ¿cómo lo hará, señora Jordà?

Cuando he tenido la ocasión de plantear esta pregunta a una responsable del ICAEN, la respuesta es que confían en que la tecnología mejorará y no será necesario poner 228 aerogeneradores en el mar. Estamos, pues, en manos de los dioses para que nos ayuden. Sólo quiero recordar que tanto el motor continuo de Santo Tomás de Aquino como la fusión nuclear llevan muchos años anunciados, pero a estas alturas todavía tenemos que hacer energía a golpes de viento.

Ojalá los responsables políticos tengan sensatez para evitar que la transición energética sea a costa de la biodiversidad.

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Una vez que los diseñadores y ejecutores de los hechos de 2017 han fracasado en su miedoso intento de independencia, están buscando todo tipo de sucedáneos para mantener entretenido a su personal. Han inventado quimeras como la independencia digital, la alimentaria, la fiscal… y, últimamente, hablan de la independencia energética.

Los que hablan de ello no se explican muy bien, pero más o menos vienen a decir que la energía que necesita Cataluña debe producirse en el país. Nada de resucitar el antiguo reino de Aragón y que una gigantesca butifarra de cables de muy alta tensión (la llamada línea Garraf) venga de Teruel, aproveche en parte las infraestructuras de las nucleares de Ascó y nos lleve la energía renovable producida en tierras aragonesas. En definitiva, los megavatios serán catalanes o no serán. Como los Juegos Olímpicos de invierno: o son totalmente catalanes o no queremos compartirlos con Aragón.

Como ocurre a menudo, es un posicionamiento más bien pueril. Supongo que para alcanzar la catalanidad de los megavatios no es suficiente con que el sol y el viento sean nuestros; aun así, el viento que mueve los aerogeneradores de la Terra Alta (por ahora, el 25% de la energía renovable producida en Cataluña) viene de Aragón a través del valle del Ebro. Pero el capital necesario para realizar estas gigantescas inversiones económicas es del Ibex o de fondos extranjeros, a menudo buitres; las tierras raras necesarias para producir placas y aerogeneradores no las tenemos en Cataluña; los mástiles de acero y las palas de los aerogeneradores no se fabrican en nuestro país y, una vez producidos los megavatios catalanes, deben circular por líneas que por ahora son propiedad de Red Eléctrica Española. Y para acabar de abonarlo, la Administración que debe autorizar la instalación de parques >50 MW es la del Estado.

O sea, que pensar que los megavatios serán catalanes por la única razón de que el sistema de generación estará fijado en tierras catalanas o anclado en mares catalanes, es muy inocente pero también altamente peligroso. El peligro deriva del hecho de que los partidarios de una transición energética a la catalana encuentren bien todo lo que se pueda instalar en Cataluña para producir renovables, sin valorar adecuadamente los impactos negativos que determinadas actuaciones tienen sobre el paisaje, la biodiversidad, el sistema económico e incluso la salud. No todo vale para alcanzar esa supuesta independencia energética; si debemos sacrificar gente y territorio, hay que hacerlo una vez agotadas todas las demás alternativas para dejar de consumir combustibles fósiles. Y de una forma planificada, sin incertidumbre alguna sobre los efectos negativos.

Tenemos un ejemplo muy reciente de estos peligros. La comisión de Acción Climática del Parlamento de Cataluña ha rechazado una propuesta de resolución de la CUP contra la construcción del parque eólico marino Tramuntana. Los de Vox se abstuvieron y el resto de partidos votaron en contra (tanto independentistas como constitucionalistas). A los miembros de la comisión ya les parece bien que una empresa promueva la construcción de una gigantesca macrocentral eólica frente a las costas del Empordà (un polígono industrial rodeado de parques naturales), con 65 aerogeneradores de 250 metros de altura (la aguja central de la Sagrada Familia, cuando esté terminada, tendrá 170), flotantes, con una ocupación de más de 150 km2 (equivalente a 15.000 campos de fútbol), con cables que deben llegar al suelo (destrozando todas las comunidades litorales) y después hasta Santa Llogaia o Sant Julià, con líneas de alta tensión que cruzarán el territorio. Eso sí, en el horizonte del 2030, este polígono industrial produciría un 16% de las renovables en Catalunya. Por tanto, serían megavatios tan nuestros como nuestra leche         .

Parte de los diputados que lo defienden utilizaron el argumento de la independencia energética de Cataluña. Pienso que es un argumento engañoso y que no justifica en modo alguno el destrozo del Empordà. Habría que anteponer la sensatez al sueño de la independencia energética y, como mínimo, atender al posicionamiento de los científicos, que han rechazado en un manifiesto este macroparque por sus impactos sobre una zona que representa el patrimonio natural marino más importante de Cataluña y el de más riqueza en biodiversidad del Mediterráneo noroccidental.

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El retraso en la implantación de energías renovables en Cataluña (y, por tanto, el fracaso en la llamada transición energética) es, sin duda, uno de los mejores ejemplos que demuestran cómo los gobiernos “independentistas” se han distraído en tonterías en lugar de atender a los problemas reales del país. Los datos son estremecedores: mientras que en el año 2020 las energías renovables en Cataluña no alcanzaron el 20% de la producción eléctrica bruta, en el conjunto de España supusieron un 43,6%.

Las causas tienen antecedentes lejanos, cuando la Generalitat del segundo tripartito aprobó el Decreto 147/2009, totalmente inoperante y que todo el mundo reconoce que fue un freno a la implantación de las energías renovables en Cataluña, hasta el punto de que en 10 años no se autorizó ningún nuevo parque eólico. Cabe recordar que el reparto de poder en los tripartitos otorgó siempre a los herederos del PSUC (ICV-EUiA) las competencias en medio ambiente. Y no sólo en la Generalitat: también en muchos ayuntamientos (incluido el de Barcelona), en la desconocida Área Metropolitana de Barcelona y algunos años en la Diputación de Barcelona.

La historia de la Generalitat desde 1977 en cuanto al medio ambiente es bastante curiosa. Primero fueron las políticas poco verdes de Jordi Pujol (que declaró que lo necesario eran “nucleares y térmicas”), después, las propuestas vacilantes de los tripartitos, que originaron el freno, a continuación el nihilismo de Mas y los sucesivos presidentes, con gobiernos sobre todo preocupados por construir repúblicas y dependientes de los antisistema, hasta llegar a la situación actual, en manos de ERC. Aparentemente no parece que, en más de 40 años, el socialismo haya tenido ningún papel relevante en relación a las temáticas ambientales.

El tapón de 2009 duró 10 años, hasta el Decreto ley 16/2019 de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. Quería introducir mejoras y acelerar la implantación de energía eólica y fotovoltaica sentando las bases de un “modelo energético propio de país, democrático y participado, y con cohesión territorial”, como declaró en su momento la consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural.

La nueva ley fue en general bien recibida por los promotores, puesto que la normativa suponía una simplificación de trámites y los procesos de implantación podrían pasar de durar 7 u 8 años a durar 2 o 3. Es evidente que la burocracia es indiferente a la emergencia climática. El nuevo texto generó también críticas por una falta de protección suficiente de los espacios de interés natural y también por el olvido del consenso territorial. Se creó la Ponencia de Energías Renovables, órgano colegiado que tenía como funciones analizar la viabilidad de los anteproyectos de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas, desde el punto de vista de su emplazamiento, y llevar a cabo las actuaciones relativas a la evaluación de impacto ambiental.

Al amparo del decreto se produjo un alud de proyectos, pero todo ha durado poco. Hace pocos días el Parlament ha aprobado un nuevo Decreto Ley (24/20021) que vuelve a cambiar las reglas de juego. Curiosamente, de nuevo el Govern (formado por ERC y JxCat) tuvo que recurrir a los de En Comú Podem (que se están convirtiendo en bomberos para situaciones desesperadas), ya que la CUP no estaba de acuerdo, al igual que el resto de grupos.

El nuevo marco jurídico incluye novedades (como por ejemplo, se requiere el previo acuerdo de una parte de los propietarios de los terrenos para iniciar la tramitación de un proyecto) favorables a un mejor despliegue de las renovables, pero es insuficiente en muchos aspectos. No evita la concentración de las centrales en pocas zonas, no prioriza la instalación en espacios antropizados, no excluye todos los espacios naturales protegidos, no protege el paisaje ni el patrimonio histórico, arqueológico y geológico, no limita los grandes proyectos y deja el control de la energía en manos del oligopolio de las fósiles.

Tantos cambios crean inseguridad jurídica. Este guirigay legislativo perjudica el despliegue de las renovables en nuestro país y nos aleja de cumplir los objetivos que nos hemos dado para 2030 y 2050. Ahora se quiere hacer todo a toda prisa, para recuperar el tiempo perdido. Es necesaria una moratoria de los grandes proyectos, mientras se hace una planificación territorial participada para la ubicación de las centrales de producción.

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