Un guirigay legislativo y la transición energética en Cataluña

Susana Alonso

El retraso en la implantación de energías renovables en Cataluña (y, por tanto, el fracaso en la llamada transición energética) es, sin duda, uno de los mejores ejemplos que demuestran cómo los gobiernos “independentistas” se han distraído en tonterías en lugar de atender a los problemas reales del país. Los datos son estremecedores: mientras que en el año 2020 las energías renovables en Cataluña no alcanzaron el 20% de la producción eléctrica bruta, en el conjunto de España supusieron un 43,6%.

Las causas tienen antecedentes lejanos, cuando la Generalitat del segundo tripartito aprobó el Decreto 147/2009, totalmente inoperante y que todo el mundo reconoce que fue un freno a la implantación de las energías renovables en Cataluña, hasta el punto de que en 10 años no se autorizó ningún nuevo parque eólico. Cabe recordar que el reparto de poder en los tripartitos otorgó siempre a los herederos del PSUC (ICV-EUiA) las competencias en medio ambiente. Y no sólo en la Generalitat: también en muchos ayuntamientos (incluido el de Barcelona), en la desconocida Área Metropolitana de Barcelona y algunos años en la Diputación de Barcelona.

La historia de la Generalitat desde 1977 en cuanto al medio ambiente es bastante curiosa. Primero fueron las políticas poco verdes de Jordi Pujol (que declaró que lo necesario eran “nucleares y térmicas”), después, las propuestas vacilantes de los tripartitos, que originaron el freno, a continuación el nihilismo de Mas y los sucesivos presidentes, con gobiernos sobre todo preocupados por construir repúblicas y dependientes de los antisistema, hasta llegar a la situación actual, en manos de ERC. Aparentemente no parece que, en más de 40 años, el socialismo haya tenido ningún papel relevante en relación a las temáticas ambientales.

El tapón de 2009 duró 10 años, hasta el Decreto ley 16/2019 de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. Quería introducir mejoras y acelerar la implantación de energía eólica y fotovoltaica sentando las bases de un “modelo energético propio de país, democrático y participado, y con cohesión territorial”, como declaró en su momento la consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural.

La nueva ley fue en general bien recibida por los promotores, puesto que la normativa suponía una simplificación de trámites y los procesos de implantación podrían pasar de durar 7 u 8 años a durar 2 o 3. Es evidente que la burocracia es indiferente a la emergencia climática. El nuevo texto generó también críticas por una falta de protección suficiente de los espacios de interés natural y también por el olvido del consenso territorial. Se creó la Ponencia de Energías Renovables, órgano colegiado que tenía como funciones analizar la viabilidad de los anteproyectos de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas, desde el punto de vista de su emplazamiento, y llevar a cabo las actuaciones relativas a la evaluación de impacto ambiental.

Al amparo del decreto se produjo un alud de proyectos, pero todo ha durado poco. Hace pocos días el Parlament ha aprobado un nuevo Decreto Ley (24/20021) que vuelve a cambiar las reglas de juego. Curiosamente, de nuevo el Govern (formado por ERC y JxCat) tuvo que recurrir a los de En Comú Podem (que se están convirtiendo en bomberos para situaciones desesperadas), ya que la CUP no estaba de acuerdo, al igual que el resto de grupos.

El nuevo marco jurídico incluye novedades (como por ejemplo, se requiere el previo acuerdo de una parte de los propietarios de los terrenos para iniciar la tramitación de un proyecto) favorables a un mejor despliegue de las renovables, pero es insuficiente en muchos aspectos. No evita la concentración de las centrales en pocas zonas, no prioriza la instalación en espacios antropizados, no excluye todos los espacios naturales protegidos, no protege el paisaje ni el patrimonio histórico, arqueológico y geológico, no limita los grandes proyectos y deja el control de la energía en manos del oligopolio de las fósiles.

Tantos cambios crean inseguridad jurídica. Este guirigay legislativo perjudica el despliegue de las renovables en nuestro país y nos aleja de cumplir los objetivos que nos hemos dado para 2030 y 2050. Ahora se quiere hacer todo a toda prisa, para recuperar el tiempo perdido. Es necesaria una moratoria de los grandes proyectos, mientras se hace una planificación territorial participada para la ubicación de las centrales de producción.

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