De alguna forma, Esquerra Republicana de Catalunya tuvo un espíritu ecologista desde el primer momento. Su fundador (Francesc Macià, teniente coronel del ejército español) espoleó a los catalanes a tener “una casita y un huertecito” aunque muchos años después, su versión moderna (las casas pareadas) destrozaron grandes espacios en comarcas como el Maresme o el Vallès.
Parece que ese espíritu ecologista fundacional le ha llegado hasta la fecha. Ahora los de ERC parecían dispuestos a no conseguir aprobar los presupuestos de 2023, una vez que se han quedado en minoría ridícula en el Parlament por ruptura con el resto de fuerzas independentistas. No les ha quedado otro remedio que pactar con el PSC que ha exigido (supongo que entre otras cosas) el compromiso de ejecutar tres proyectos concretos: Cuarto Cinturón, Hard Rock y ampliación del aeropuerto de Barcelona. Y Aragonés y los suyos, con un espíritu de resistencia parecido al que lucieron los últimos de Filipinas, se han opuesto por razones medioambientales aunque al final han cedido. ¡La poltrona, como París, bien vale una misa!
Es muy bonito vivir en un país en el que su gobierno está dispuesto al sacrificio para preservar su biodiversidad y su paisaje. Me emociona, como creo que emocionaría a Greta Thunberg si estuviera al corriente de lo que ocurre en nuestra casa. Lo que no entiendo en modo alguno es que a la vez que se defiende enconadamente algunos espacios, la propia Generalitat apruebe llenar la Albera de aerogeneradores y ansíe que alguna gran multinacional llene en breve el mar del Empordà, frente a Roses, de gigantescos aerogeneradores de casi 250 m de altura. Se ve que ERC y su gobierno son muy selectivos en lo que se conserva y lo que se destroza, sin explicación lógica alguna. Es como una ruleta demencial, y según dónde caiga la bola dirá sí o dirá no.
Las razones que dio Teresa Jordà, consejera del ramo, para haber aprobado el parque Galatea (curioso nombre si buscáis datos de la mitología griega) por el proyecto que destrozará la Albera, son bastante sorprendentes. Dijo que si se ha hecho una declaración de impacto positiva es que nada estropeará el territorio. Esto que una ponencia de renovables, que pertenece a su departamento, apruebe que un proyecto no hará daño es más bien garantía de pocas cosas. Hay muchos ejemplos pero sólo recordaré uno: la plataforma Castor, frente a Vinaròs. Es un proyecto que tenía una declaración de impacto ambiental positiva (es decir, que no estropearía el territorio) y se tuvo que cerrar por los terremotos que provocó. Eso sí, nos ha costado a todos los españoles ‘sólo’ 1.500 millones de euros.
Los grandes parques industriales de producción de energía eólica son una tecnología reciente, sobre todo en el ámbito marino (en España todavía no existe ninguna). Por tanto, son proyectos que tienen muchas incertidumbres (como cuando se quería inyectar gas en el subsuelo marino), tanto económicas como en relación con la biodiversidad y el paisaje. Confiarlo todo a unas declaraciones administrativas de bondad ambiental cuando científicos y expertos alertan de que hay que ir con precaución, creo que es atrevido. Y más cuando la normativa de las evaluaciones ambientales ha rebajado sus exigencias (tanto en la Unión Europea como en nuestro país) con la falsa excusa de que la guerra de Ucrania nos obliga a realizar una transición energética de prisa y corriendo.
El hecho añadido de que el día 25 de enero terminaba un determinado plazo administrativo ha provocado que todas las administraciones hayan emitido declaraciones positivas de cientos de proyectos que llevaban años haciendo cola. Un verdadero alud: se han aprobado más proyectos en el último mes (como el parque de la Albera) que en los últimos cinco años; es como lo del mal estudiante que en quince días quiere recuperar lo que no han hecho durante todo el curso. Creo que alguien ha identificado que las exigencias ambientales eran un freno a los proyectos y han obligado a recortarlas. Podían hacerlo, pero, a la vez, vacían de credibilidad la evaluación ambiental. Pero reducir las exigencias y evitar la participación ciudadana mediante la información pública, que es lo que ha decidido el último Real Decreto de diciembre, no parece restar incertidumbre a la implantación de unas instalaciones industriales que son una novedad.
Sería bueno que ERC explicara, de forma comprensible si fuese posible, las razones ambientales para no acabar el Cuarto Cinturón y al mismo tiempo ser una firme partidaria de producir un grave impacto en el mar del Empordà, el lugar de mayor biodiversidad del Mediterráneo occidental.
