Poca estrategia marítima y conflicto de intereses

He aquí que Cataluña dispone de una estrategia marítima (EMC) hasta 2030, aprobada por acuerdo de Gobierno en junio de 2018. En febrero de 2021 publicaron un primer balance de los tres primeros años de trabajo en el marco de la estrategia, y el resultado no podía ser más espléndido: se habían iniciado más del 88% del total de las 89 líneas estratégicas incluidas en el plan, a pesar de la incertidumbre que produce la palabra «iniciar», y de las 277 acciones que integran estas líneas, ya se habían cumplido el 60%. Según los resultados del balance, la economía azul suponía un empleo directo de 215.000 personas y 35.500 millones de euros de facturación. Con estos valores, Cataluña se sitúa al frente de los estados europeos con mayor peso de la economía marítima.

Me han sorprendido los números, puesto que la primera idea que tengo, corto como soy, de la economía azul relacionada con el mar es la pesca marítima (en continuo retroceso) e incluso la acuicultura; ambos sectores sumados no alcanzan los 200 millones de euros y unas 3.500 personas empleadas. He ido a las fuentes bibliográficas, claro está, y he visto que incluye también las actividades de los puertos, la construcción naval, el transporte marítimo, el turismo marítimo –él solo representa más del 72% del valor agregado bruto (VAB)–. Es decir, todo lo que se hace en el mar o cerca es azul, dejando a un lado si es sostenible o no.

Como suele ocurrir en este tipo de planes, lo que sí es fructífero es la creación de nuevos artefactos. En los tres primeros años de trabajo, según se nos informa, se ha creado el Consejo Catalán de Cogestión Marítima, BlueNetCat, el grupo ad hoc de Economía Azul, la Mesa de Cogestión Marítima del Litoral del Baix Empordà, los GALP y un instituto de investigación de la gobernanza del mar (Icatmar). ¡No es poca cosa!

De esta llamada estrategia me ha interesado sobre todo cómo plantea los temas relacionados con la generación de energía eólica marina. Y esto por dos razones fundamentales: porque, según su razonamiento, la instalación de un total de 3,5 Gw en el horizonte de 2050 (como dice el Proencat, otro tipo de plan estratégico centrado en la energía) incrementaría mucho la economía azul (en términos de VAB y también de empleo, como se encargan de pregonar los promotores de este tipo de parques industriales), a la vez que la eólica marina, tal y como se quiere hacer en Cataluña, es una amenaza grave para la biodiversidad.

Pues bien, las dos únicas líneas estratégicas de la EMC en relación con la eólica marina en Cataluña se limitan a decir: el diseño de una estrategia específica para su desarrollo y la exploración de oportunidades de cooperación internacional y financiación para proyectos de energía. Desconocemos que se esté trabajando en una estrategia específica, y el gobierno catalán se limita a ir a remolque de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), elaborados por el Gobierno central, que determinarán (cuando se aprueben) que la zona del cabo de Creus y la bahía de Roses es “zona de uso prioritario” para la instalación de energía eólica marina, cuando el POEM de hace diez años calificaba la misma área como “zona de exclusión”, no apta. Esta milagrosa transformación, considerada aberrante por un grupo de más de 100 científicos, ha puesto en pie de guerra al Alt Empordà.

La falta de una estrategia clara para el despliegue de la eólica marina por parte del gobierno catalán da oportunidades a determinados juegos sucios. Hace unos días, los promotores de uno de los tres parques eólicos que quieren optar a ocupar la bahía de Roses, para contrarrestar la opinión de los científicos, que son un referente por sus estudios del ecosistema litoral, han publicado un artículo pseudocientífico en una revista pseudocientífica donde concluyen que «el parque eólico marino de Roses no afectará a los ecosistemas».

No pretendo valorar ahora la calidad científica del trabajo. Solo decir que de los siete firmantes del artículo, cuatro están en nómina de una de las empresas promotoras; dos pertenecen a una consultoría ambiental que ha sido contratada por los promotores, y el séptimo, a un instituto universitario también contratado por los promotores. Nada que decir… si no fuera que al final del artículo los autores declaran, sin inmutarse, que «no tienen conflictos de intereses».

Que todos los autores que afirman que un determinado parque eólico no producirá impactos en el medio cobren (del todo o en parte) de la empresa que quiere construir el parque, ¿no es un conflicto flagrante de intereses? ¡Caramba, qué cosas…!

Susana Alonso
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