La portavoz del grupo parlamentario PSC-Unidos, Alícia Romero, ha justificado el rechazo de su partido a la declaración institucional de apoyo a la defensora andorrana de los derechos de las mujeres Vanessa Mendoza Cortés, que irá a juicio el próximo lunes, 4 de diciembre, acusada de desprestigiar a las instituciones andorranas por sus declaraciones en las Naciones Unidas sobre la prohibición de abortar en el Principado. La declaración tenía que aprobarse el pasado 23 de noviembre, pero el apoyo de los comunes, la CUP y ERC fue insuficiente para que saliera adelante.
En declaraciones a EL TRIANGLE, Romero ha argumentado que el texto «no era solo una declaración de apoyo», sino que iba más allá y «instaba al Gobierno de Andorra a cambiar la legislación», hecho que considera que no corresponde al Parlament de Catalunya. «Andorra es un Estado democrático que tiene elecciones», ha insistido la portavoz socialista, que ha defendido que el Principado «es un país vecino con quien mantenemos una buena relación y varios acuerdos como por ejemplo en materia de infraestructuras y sanidad» y «no es de recibo» decirles qué tienen que hacer.
En cuanto a la causa judicial contra Cortés, presidenta de la asociación feminista Stop Violències, Romero ha afirmado que «no se la acusa por ser activista», sino por «difamar», y ha evitado valorar el hecho de que las autoridades andorranas denunciaran a la defensora justo después de su intervención en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas. «No entraremos a valorar procesos judiciales», ha insistido la socialista.
Preguntada por las palabras de la diputada de ERC Jenn Díaz, la cual destacó que el PSC y Junts sí que apoyaron una propuesta de resolución similar a la de Andorra pero sobre El Salvador, la portavoz socialista ha respondido que no sabe de qué declaración se trata porque «la tendría que tener delante», y se ha preguntado retóricamente si El Salvador es un Estado democrático como Andorra y si es también un «país vecino».
«El PSC no comparte que el aborto sea un delito, no hay ninguna duda de nuestro compromiso con los derechos sexuales y reproductivos. Si el aborto se permite en España es gracias al partido socialista», ha añadido Romero, que ha insistido en que el Parlament de Catalunya «no tiene que decir al gobierno de un Estado democrático qué tiene que hacer». «Si los ciudadanos votan a un partido conservador no somos quien para decir qué tienen que hacer», ha añadido.
Presión internacional contra Andorra
Las organizaciones para la defensa de los derechos humanos, sin embargo, tienen claro que la causa judicial contra Vanessa Mendoza Cortés es «una represalia por sus acciones por defender los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluido su derecho a un aborto seguro en Andorra», indica Amnistía Internacional. De hecho, el delito por el cual se la juzgará -desprestigio a las instituciones- contradice los estándares internacionales y vulnera el derecho a la libertad de expresión, tal como indican varias resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas.
Además de Amnistía, otras organizaciones como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (IFDH, por las siglas en inglés), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Front Line Defenders y Women’s Link Worldwide han mostrado su apoyo a Cortés tanto en cuanto al procedimiento judicial como en la lucha de Stop Violències por la despenalización y legalización del aborto en el Principado, donde esta práctica comporta penas de prisión y está prohibida en todos los supuestos, incluso en los casos de violaciones a niñas.
Este miércoles, además, el Consejo de Europa, a través de la comisaria de derechos humanos Dunja Mijatović, ha cargado contra Andorra por el procedimiento judicial abierto a la defensora de los derechos de las mujeres, y ha instado al Principado a garantizar el derecho a la libertad de expresión de la psicóloga social y presidenta de Stop Violències. Mijatović ha asegurado que el juicio a Cortés “socava su libertad de expresión y tiene un efecto paralizador en la tarea de las defensoras de los derechos humanos, así como en otras personas que defienden los derechos de las mujeres y las niñas en Andorra”.
El principal escollo para la legalización del aborto es el obispo de Urgell y copríncipe episcopal de Andorra, Joan-Enric Vives. De hecho, el mismo gobierno andorrano ha reconocido que la despenalización del aborto supondría «un cambio del sistema institucional» que el partido de gobierno, Demòcrates per Andorra (DA), no está dispuesto a afrontar. «No queremos estar sumergidos en una crisis institucional», afirmó la miembro de DA Maria Martisella en una sesión de las Naciones Unidas en 2019.
