El Ministerio Fiscal de Andorra ya ha comunicado a la presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés, y a su defensa, ejercida por el abogado Miquel Bellera, la condena que pide para la psicóloga social y activista. Se trata de una pena de 6.000 euros de multa, seis meses de inhabilitación para cargo público, y 6.000 euros de indemnización para el gobierno del Principado por un supuesto delito contra el prestigio de las instituciones (artículo 325 del Código Penal).
En conversación con LA VALIRA, Bellera explica que el delito por el cual se juzgará Cortés no se aviene a los estándares internacionales y que, por lo tanto, lo que espera es la absolución de M. Cortés. En este sentido, el abogado señala que el Consejo de Europa se ha pronunciado varias veces respecto a esta tipología de delitos, y que considera que se trata de “penas políticas” contrarias a la libertad de expresión.
“No se condena un delito que atente contra el interés general, sino que es un delito político porque se basa en una actividad política que hicieron Vanessa y Stop Violències”, indica Bellera. De hecho, la presidenta de la asociación feminista está denunciada a raíz de sus declaraciones, el 2019, en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU.
El abogado también destaca que, como el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) “ha condenado sistemáticamente los Estados que han aplicado sanciones para privar sus ciudadanos del derecho a la libertad de expresión”. Por eso, insiste, el artículo 325 “no se adecua a los estándares internacionales”.
“No vemos nada más que la absolución, y yo creo en ello porque confío en la justicia”, manifiesta Bellera, que también avanza que en caso de no obtener una sentencia favorable irán al TEDH. “El Estado tenía otros medios para contrarrestar o mostrar su desacuerdo con las palabras de M. Cortés antes de denunciarla y tomar acciones represivas”, considera Bellera, que lamenta que la Fiscalía “tendría que haber retirado los cargos, y no lo ha hecho”.
Por su parte, la psicóloga social y activista ha señalado, en declaraciones a LA VALIRA, que “es contradictorio que me juzguen por un informe que hicimos el 2019 y que hoy, el mismo gobierno, esté dando respuesta a algunos puntos que ya pusimos de manifiesto aquel año”. “No entendemos nada“, asegura. Un ejemplo de estas iniciativas que últimamente ha puesto en marcha el ejecutivo andorrano son los Puntos Lilas contra las violencias sexuales al espacio público.
Presión internacional
Hay que recordar que, inicialmente, la presidenta de Stop Violècies se enfrentaba también a una condena de hasta cuatro años de prisión, pero el gobierno se lo repensó y retiró esta petición después de que organizaciones por los derechos humanos como Amnistía Internacional hayan presionado y exigido al Estado andorrano la retirada de los cargos contra M. Cortés.
De hecho, la causa abierta contra la psicóloga social y activista causó que, el 2022, Amnistía incluyera por primera vez Andorra en la lista negra de los países que conculcan los principios establecidos por las Naciones Unidas. Como el Consejo de Europa y lo TEDH, la organización internacional también ha alertado que el delito por el cual se juzgará a M. Cortés no se adecua a los estándares internacionales y vulnera el derecho a la libertad de expresión.
