El Consejo de Europa critica a Andorra por juzgar una defensora de los derechos de las mujeres

El organismo exige al Principado que respete la libertad de expresión de la presidenta de Stop Violències

    La psicóloga social y presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés, en la ONU

    El Consejo de Europa, a través de la comisaria de derechos humanos Dunja Mijatović, ha cargado contra Andorra por el procedimiento judicial abierto a una defensora de los derechos de las mujeres, y ha instado al Principado a garantizar el derecho a la libertad de expresión a la psicóloga social y presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés, quien el próximo lunes, 4 de diciembre, irá a juicio acusada de un supuesto delito contra el prestigio de las instituciones andorranas. La Fiscalía pide para M. Cortés seis meses de inhabilitación, 6.000 euros de multa y 6.000 euros más de indemnización.

    Mijatović ha asegurado que el procedimiento contra la defensora de los derechos de las mujeres «socava su libertad de expresión y tiene un efecto paralizador en el trabajo de las defensoras de los derechos humanos, así como en otras personas que defienden los derechos de las mujeres y las niñas en Andorra». De hecho, la comisaria insta a las autoridades andorranas a «tomar todas las medidas necesarias para garantizar la libertad de expresión de Mendoza Cortés y garantizar un entorno propicio para la tarea de las defensoras de los derechos de las mujeres» en Andorra.

    Mijatović también recuerda que la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó el proceso judicial y lo consideró como una represalia por cooperar con el organismo internacional. De hecho, como señala la comisaria, la denuncia contra la presidenta de Stop Violencias de las autoridades andorranas está relacionada con los informes que la defensora envió al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 2019.

    Esta declaración se suma al apoyo internacional que M. Cortés está recibiendo desde varias instituciones como Amnistía Internacional y Women Link’s WorldWide, así como de los partidos catalanes ERC, CUP y En Comú Podem, los cuales intentaron que el Parlament aprobara hace pocos días una declaración institucional a favor de la activista y en contra del gobierno andorrano que no prosperó por los votos contrarios del resto de fuerzas. El PSC se hizo atrás al nombrar a la activista represaliada, mientras que Junts lo hizo horas antes de la firma del documento.

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