A estas alturas del caso Barçagate, con la instrucción a poco más de dos meses de su cierre definitivo, muy desesperados tienen que estar los Mossos d’Esquadra para haber recurrido a pinchar teléfonos de los abogados, interceptar emails privados y realizar investigaciones prospectivas sobre este material obtenido sin autorización judicial tal y como ha denunciado el bufete Molins Defensa Penal, que ha afirmado ante la jueza responsable haber sido víctimas de una situación calificada de “escandalosa” e “inaudita” en un reciente escrito de denuncia tras comprobar que la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos del cuerpo pretende incorporar a la causa el resultado de una actuación “delictiva”.
Un episodio llamativo, inusual y expuesto por el bufete afectado en el marco de una posible prevaricación que, no obstante, empieza a cobrar carta de naturaleza como un hecho habitual en el contexto del Barçagate, donde han sido demasiado frecuentes, e igualmente denunciadas ante la magistrada Alejandra Gil, las actuaciones de los Mossos por encima de la normativa procesal a base de rebuscar entre correos electrónicos, grabaciones, conversaciones de WhatsApp y documentación completamente ajenos a la instrucción posibles delitos de otra naturaleza, además de haber tergiversado y manipulado material en las conclusiones de su investigación. Ha sido una práctica habitual de los Mossos a lo largo de casi cuatro años de instrucción en los que, pese al empeño de esta unidad de los Mossos en ir más allá de los límites para demostrar la culpabilidad de Josep Maria Bartomeu, no se han producido en realidad grandes avances a favor de la acusación. Ahora parece que, ante la inminencia del cierre de la instrucción, aburrida e injustificadamente demorada a causa de las sucesivas peticiones de prórroga por parte de los querellantes, eso sí, sin haberse decretado nuevas diligencias, todo son prisas, nervios y chapuzas para armar de forma apresurada alguna sólida argumentación que sostenga los presuntos delitos anta la jueza.
También se ha convertido en una práctica habitual que estas fantasmagóricas intervenciones de los Mossos, con informes que mayoritariamente están acabando en la papelera, obtengan un amplio eco mediático cuando se incorporan a la instrucción -siempre por los canales oficiales de Barçagate –Cadena SER y agencia EFE– y un abrumador silencio periodístico en el momento que el tribunal los rechaza por inconsistentes, lo mismo que ha sucedido ahora con esta denuncia del despacho Molins Defensa Penal recogida por el digital Crónica Global días atrás.
Ningún medio se ha hecho eco de las graves acusaciones vertidas en su escrito a la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona por haber incluido en un oficio de fecha 15 de febrero pasado conversaciones de mensajería y correos enviados entre los letrados y uno de los investigados en la causa. Se trata, en su opinión, de una «vulneración del derecho-deber de secreto profesional» y acusan a la policía de haber «revelado ilícitamente» un email entre una de las abogadas del caso a otro compañero de profesión, una comunicación que, además de ser «privada y confidencial», también se tergiversa según consta en la denuncia recogida por el medio. No descartan, además, el delito de prevaricación tomando como referencia que el Supremo condenó en su día al juez Baltasar Garzón por prevaricación al autorizar la intervención policial de las comunicaciones entre abogados y sus clientes que estaban en prisión. «Conducta que, de forma análoga -apela Molins-, puede asimilarse a la actuación llevada a cabo por los Mossos d’Esquadra”.
La suma de este tipo de incidencias, pues existen precedentes de informes de los Mossos sugiriendo delitos de revelación de secretos, corrupción entre particulares y de falsedad documental que han sido denunciados por irregulares, además de archivados, revelan hasta qué punto este es un caso politizado desde el principio de los tiempos, primero para desgastar la presidencia de Bartomeu y después, en la recta final de campaña electoral de 2021, para reforzar la figura del candidato Joan Laporta como el único antídoto contra el infernal pasado, calabozo y esposas incluidas para el expresidente. Desde aquel momento, han sido tan escandalosos los fichajes de altos cargos de los Mossos, por parte de Laporta, como las recurrentes y oportunas actuaciones en forma de informes fantasiosos o irregulares de los Mossos cuando la actualidad azulgrana, en los malos momentos del equipo o de caída de popularidad del presidente, ha requerido la necesidad de poner el foco en la demonización de Bartomeu.
A todo esto, ni siquiera la directiva de Laporta ha aportado a la causa las pruebas inequívocamente comprometedoras y acusatorias prometidas contra Bartomeu. O bien no las ha encontrado -la opción más probable-, o bien no tiene interés porque en su día el caso ya surtió su efecto -más que posible también- o directamente ha decidido que para eso hay al menos tres miembros del cuerpo de Mossos, de la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos, que ya cobran, de la Generalitat, por hacer ese mismo trabajo de investigación.
