La asociación feminista andorrana Stop Violències ha intervenido en el 52º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante una declaración conjunta con el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés). En la declaración, la presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés, ha recordado que en Andorra «continúa existiendo una prohibición total del aborto, hecho que obliga a las mujeres y las jóvenes a viajar a España o Francia» para abortar, y ha puesto sobre la mesa la persecución que sufre por parte del ejecutivo del coprincipado.
La también psicóloga social experta en violencias ha explicado que, actualmente, está a la espera de juicio por su participación al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en 2019, tras la cual el Gobierno del coprincipado la denunció por difamación contra el prestigio de las instituciones. «Me enfrentaré a un juicio en el cual se me puede pedir responsabilidad civil y me pueden multar con hasta 30.000 euros», ha indicado M. Cortés.
La presidenta de Stop Violències también ha recordado que está en libertad provisional y que sufre «una constante campaña de desprestigio y odio que está afectando a mi vida privada y profesional y, por ende, a las muchas mujeres que no podemos ayudar o atender». Por eso, M. Cortés ha pedido a los países que formen parte del Consejo de Derechos Humanos «que presionen a las autoridades para que cierren el caso en mi contra», como ha hecho Amnistía Internacional, y ha reclamado al Gobierno de Andorra «que legalice el derecho al aborto, que se despenalice la difamación del Código Penal y que nos repare el daño causado durante estos años con su denuncia».
