Uno de los abogados que representa a los querellantes, José Elías Esteve Moltó, doctor en derecho internacional público y relaciones internacionales por la Universitat de València, ha explicado a EL TRIANGLE que la denuncia se interpone por los crímenes cometidos entre 1972, año en que se incorpora al Código Penal español el delito de genocidio, hasta 2002, y que atañe a una serie de dirigentes que tuvieron responsabilidades en la causa durante este periodo.

La interlocutoria de la Audiencia Nacional acusa al régimen chino de «campañas masivas de esterilizaciones», «torturas de disidentes» y de «una serie de acciones conjuntas para eliminar la propia idiosincrasia y existencia del país tibetano con la imposición de la ley marcial».

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Desde sus cargos altamente remunerados con sueldos que seguirán cobrando una vez dejen el puesto la situación se ve muy diferente que desde la calle, donde millones de españoles siguen luchando día a día por sobrevivir. Cuando abandonen el gobierno no tendrán problema para encontrar trabajo, mírese lo bien colocados que están los ex ministros de los últimos ejecutivos, sean del partido que sean.

Me da igual hablar de los que mandan ahora, que ganaron las elecciones prometiendo importantes descensos del paro y que una vez en el poder se han limitado a culpar a sus antecesores de pintar una situación mejor de la que había, ante la cual se declaran presos; o de los que mandaron antes, que permitieron llegar a esta catástrofe y ahora arremeten contra sus sucesores, olvidándose de su parte de culpa en el asunto.

Mientras, los ciudadanos de a pie aguantamos reformas laborales que nos recortan los derechos, abusos de los empresarios, jornadas interminables para cubrir el trabajo de los compañeros que ya no están en la plantilla y cuyos puestos no se han cubierto…. Muchos callamos, temerosos de enfrentarnos al oscuro panorama de ingresar en las listas del paro. Otros protestamos y nos jugamos el sustento; pero ellos, los gobernantes, ven brotes verdes, una metáfora infame que no da ni para comer a las familias más necesitadas.

Hablar de «panorama esperanzador», «cifras positivas»… cuando más de seis millones de ciudadanos quieren trabajar y no pueden, es como mínimo dantesco. Sé que esta reflexión no aporta nada nuevo y que carece del mínimo interés; pero de vez en cuando es necesario desahogarse contra nuestros políticos y decirles que basta, que no jueguen a vendernos humo cuando no son capaces de hacer su trabajo. Esto o apuntarse a una manifestación, pero esta semana no me he enterado de ninguna con la que me identifique.

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Por otro lado, en los medios predominan dos tipos de tertulias políticas. Las que buscan la bronca y se asemejan a los programas del corazón, en las que es imposible escuchar durante diez segundos una opinión sin que sea cortada por otro contertulio; y las del discurso único, en las que no existen discusiones porque los participantes comparten una misma visión del tema a debatir, diferenciándose en pequeños matices.

Muchos de los que piensan diferente son catalogados de ‘frikis’, y la mayoría lo son. En este país, para poder ascender dentro de un partido o un medio de comunicación, has de decir lo mismo que los demás, pero con mejor cara; y si no, has de ser gracioso, para poder al menos llamar la atención. Echo en falta catalanes que defiendan permanecer en España sin caer en argumentos autoritarios. Lo mismo con españoles que defiendan la libertad de Catalunya sin que su principal argumento no sea lo mal que está el país, porque Catalunya no está mucho mejor. Y lo mismo con otros temas en los que siempre escucho la misma opinión pero de diferentes voces.

Quienes forman nuevos partidos no son personas con ideas nuevas, sino políticos rebotados de otras formaciones en las que se les negó la posibilidad de crecer, como Rosa Díez, Francisco Álvarez Cascos o Ernest Maragall. Hacen falta ‘outsiders’, gente de prestigio que no tenga miedo a decir lo que piensa y que no caigan en las redes del populismo para decir lo que la gente quiere oír. En épocas de confrontación como la actual hacen falta más que nunca los ‘outsiders’, aunque sólo sea para que los ciudadanos puedan escuchar opiniones razonadas diferentes de las de la mayoría, porque un pueblo que sólo tiene una voz es un pueblo sin libertad.

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El patriarca del clan, José Maria, ha llegado a asegurar que prefiere ver a sus hijos en la prisión que quedar él como un estafador, según la versión de quien durante 27 años fue su abogado, Joaquín Yvancos, que también ha acabado mal con la familia.

Un empresario que mantiene un pleito con la familia Ruiz-Mateos reconoce a EL TRIANGLE su admiración por la inteligencia de José María padre, a quien define como «pionero de la estafa», de la que él también fue víctima. Según explicó a este medio mientras se celebraba el juicio, el empresario jerezano fue capaz de montar estafas piramidales, que ahora han copiado muchos financieros, antes de que nadie en España supiera cómo se hacían ni en qué consistían.

Los seis hermanos Ruiz-Mateos ocupan desde hace más de 15 años cargos de responsabilidad dentro del grupo familiar, aunque en la mayoría de empresas que controlan aparecen terceras personas sin vinculación personal como testaferros, una práctica muy habitual del clan de la abeja. Todos insisten en desmentir que estuvieran al corriente de lo que pasaba dentro de las empresas y resumen sus responsabilidades en informar a su padre, aunque después los trabajadores los identifiquen como las personas que daban las órdenes y supervisaban los balances y las cuentas.

Hay quien cree que el enfrentamiento familiar es el último engaño de Ruiz-Mateos y que los intentos de culpar al progenitor sólo buscan liberar a cualquier miembro del clan de una entrada en la prisión, puesto que José María padre asegura tener una enfermedad degenerativa, que unida a sus 83 años de edad le eximirían de dormir entre rejas.

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De la misma manera que los medios de comunicación no hemos de servir de altavoz para los partidos xenófobos que tratan de entrar en las instituciones y que, lamentablemente, han estado cerca de conseguirlo en los últimos años, también hemos de denunciar cuando cargos públicos incurren en conductas inadecuadas o hacen apología del franquismo. Porque varios de los jóvenes de las NNGG que han sido noticia este verano desempeñan puestos de relevancia en los ayuntamientos de sus localidades.

Y, aunque no hayan alzado mucho la voz, los propios miembros del PP deberían ser los primeros indignados que pidieran la dimisión, y si no la destitución, de estos personajes. No conozco a ningún miembro de las NNGG –que yo sepa-, pero estoy seguro que muchos de ellos repudian el franquismo. Ser de derechas no tiene porque significar comulgar con la ideología fascista.

Quien sí que les ha reprobado ha sido el secretario general del Partido Popular valenciano, Serafín Castellano, quien ha comparado posar con la bandera del aguilucho con hacerlo con la tricolor, dejando entrever que es una bandera extremista y anticonstitucional. No se puede permitir que se siga comparando a la Segunda República, con sus virtudes y sus defectos, con la dictadura franquista. La primera etapa se legitimó en las urnas y la segunda mediante las armas. En su intento por arreglarlo, este líder del PP todavía ha metido más la pata, pero él puede estar tranquilo que no le pasará nada. En España no es delito hacer unas declaraciones semejantes, como sí lo sería en Alemania, un país con el que nuestros dirigentes nos comparan para lo que les interesa, recortar en derechos sociales y endurecer las condiciones laborales. Mientras existen recompensas por la captura de los responsables de los campos de exterminio nazis, aquí se aprobó una Ley de amnistía y se insiste en impedir que se recupere la memoria de las víctimas enterradas en cunetas.

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De la misma manera que el misterio se ha de mantener en la magia, no se ha de permitir que los políticos jueguen al ocultismo, aunque esta sea una práctica generalizada, porque no tienen el arte de los magos. Cada vez que ocurre un escándalo relacionado con el Gobierno, sea del color que sea, a los pocos días aparecen ministros o representantes de ese partido que buscan la polémica para desviar la atención, con declaraciones salidas de tono o medidas incomprensibles.

La semana pasada, Mariano Rajoy dio la cara –porque explicaciones ofreció las justas– ante los diputados tras hacerse públicas sus conversaciones telefónicas con Luis Bárcenas. Durante las semanas anteriores a la comparecencia del presidente en el Senado, el escándalo del ex tesorero popular era diariamente el tema de apertura de los diarios generalistas y ahora ha desaparecido prácticamente de los mismos ante la resurrección del sentimiento patriótico por el enfrentamiento con Gibraltar. No hay nada como gritar Gibraltar español para desatar las pasiones nacionalistas.

Hay medios de comunicación que se han atrevido a hablar de una «guerra fría» con Gran Bretaña por Gibraltar, como si España tuviera algún interés en enfrentarse a los británicos. Ya lo hicimos en Trafalgar y nos quedamos sin armada. La polémica, alimentada por el ejecutivo de Rajoy, no es más que una estratagema para desviar la atención. No digo que no exista conflicto con el peñón, siempre lo ha habido, pero hay maneras y maneras de gestionarlo. Si fuera importante, se resolvería desde el silencio y las conversaciones diplomáticas. Como es un truco de magia, se buscan las declaraciones altisonantes que alientan un enfrentamiento inexistente entre gobiernos y que se acabará solucionando sin mayores consecuencias.

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El ayuntamiento les ha ofrecido ayuda para insertarlos en la red sociolaboral, aunque, en una época en la que el porcentaje de desempleo supera el 25% de la población activa, pocas son las esperanzas de que puedan encontrar un empleo por esta vía. Además, ellos ya tenían un trabajo, que les daba para vivir. Aunque a muchos de los que no les falta casa y comida les pueda parecer indigno rebuscar en la basura y vivir de la chatarra, es una ocupación más respetable que la de aquellos mandatarios o empresarios que permiten que el país se desangre como ha ocurrido en los últimos seis años.

Ensuciarse las manos. Allí reside la clave de la dignidad. Pero no me refiero al sentido literal de la expresión. Un mecánico, un obrero –si todavía queda alguno en este país-, o un recolector de chatarra se merecen el mismo respeto que un abogado o médico. Quien no se lo merece es el que se ensucia las manos metafóricamente, cobrando comisiones ilegales o sobresueldos en dinero negro. Ellos son los que no tienen dignidad y a los que la justicia debería desahuciar de los palacios en los que viven, y no a los pobres inmigrantes a quienes se les promete trabajo y tras una larga y peligrosa aventura llegan a nuestras tierras y se encuentran con el paro y los recortes sociales.

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Método 3 era –que ya no es, pues el escándalo ha supuesto su desaparición- una empresa de espionaje a la cual acudieron la mayoría de partidos catalanes, desde el PSC a CiU o PP. Incluso la CUP les encargó un pequeño trabajo. El libro de George Orwell en el que instauró el concepto del Gran Hermano se queda corto ante lo que ha pasado en los últimos años en Catalunya, donde todos espiaban a todos. Lo más surrealista es que utilizaran la misma empresa de detectives para ello, que en más de una ocasión se encontró con diferentes encargos sobre la misma persona.

Sobre el espionaje de La Camarga todavía se mantiene el secreto de sumario, pero nuestros lectores ya pudieron escuchar el contenido de la grabación a través de EL TRIANGLE, hasta que el juez nos ordenó retirar el documento sonoro. El hecho de que al final de la grabación nadie pida la cuenta, como explicamos en un reportaje de la edición en papel de esta semana, deja al descubierto que Alicia Sánchez Camacho sabía que su ‘ayudante’ ya había pagado la cuenta. Si es verdad la hipótesis del PP de que disponen de una cuenta privada en el restaurante, no se entiende como el camarero aceptó que el almuerzo se abonara por anticipado.

Tras saberse que existen fiscales de confianza y que hay jueces militantes, uno ya desconfía de cualquier actuación judicial y ve detrás de todas ellas una mano interesada, aunque no la haya. Mientras no dispongamos de una justicia imparcial e independiente no podremos presumir de vivir en una democracia.

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En la rueda de prensa de presentación de esta iniciativa, los portavoces de la PAH han denunciado que España es el país de la Unión Europea con mayor número de viviendas vacías, tres millones, y el que está desahuciando a más familias. Por eso, Albert Gímenez, miembro de la Plataforma, ha insistido uno de los lemas de la PAH: «nosotros no rescatamos bancos, rescatamos a personas».

La Obra Social de la PAH se ha presentado como una alternativa al drama de la vivienda en España, pero no como una solución. Desde la Plataforma insisten en que van a seguir presionando a las instituciones para que ofrezcan viviendas vacías en régimen de alquiler social. El Sareb dispone sólo en Catalunya de 8.000 viviendas vacías.

«No nos dejan otra opción que autodefendernos», ha explicado otro de los portavoces de la PAH que ha participado en la rueda de prensa, Guillem Domingo. La Obra Social de la Plataforma se ha presentado este martes, pero ya lleva tiempo aplicándose en Catalunya, donde más de 600 personas han sido realojadas por la PAH, y recientemente también se ha iniciado en Navarra. La idea ex exportar la estrategia al resto del Estado.

Desde la PAH han defendido la necesidad de emprender estas acciones ante la gravedad de la crisis. Según tienen cuantificado, el 80% de las personas que acuden a pedirles ayuda no tienen dónde quedarse si les desalojan. Durante la presentación de la Obra Social, tres persona que ya han sido beneficiadas por esta iniciativa han dado testimonio de sus experiencias y han recibido el apoyo de una cuarentena de miembros de la Plataforma que han asistido al acto al grito de «sí se puede».

Por el momento se han «recuperado» 12 edificios que se encontraban vacíos y se han ofrecido a familias sin vivienda. La estrategia consiste en presionar a las entidades bancarias propietarias de los inmuebles para que acepten ofrecer un alquiler social a los inquilinos. Por ahora ya lo han conseguido en un edificio, pero continúan trabajando para que otras entidades acepten la misma solución.

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Según ha pedido la FAVB en un escrito presentado el pasado lunes ante el juez, las mujeres de Félix Millet y Jordi Montull deberían estar imputadas por el caso Palau. Marta Vallés y Mercedes Mir aparecen como apoderadas de diversas empresas que se utilizaron para desviar el dinero del Orfeón catalán.

Pese a que en su declaración ante el juez en abril de 2010 ambas explicaron que no conocían nada de lo que hacían sus maridos, la acusación de la FAVB considera que Vallés ha dado muestras de su capacidad y control de los hechos cuando sostuvo que una de las cajas de seguridad era suya sin acceso a su marido.

Más sospechosos exonerados
La acusación de la FAVB también ha pedido que se impute a otros actores que participaron directa o indirectamente del desvío de dinero, aunque no obtuvieran beneficio alguno. En este sentido, Solà ha pedido que se investigue a las empresas constructoras que facturaron obras al Palau de la Música que luego no se realizaron y explique si correspondieron a trabajos en los domicilios de los máximos responsables del desfalco, en cuyo caso pedirían su imputación por fraude administrativo.

También han mostrado su sorpresa porque no se investiguen las facturas de una empresa de comunicación, que presentó un estudio sobre las web 2.0 «cuando este era un concepto del que sólo hablaban los gurús de California. Puede que fueran unos visionarios», pero, por si acaso, Solà ha pedido que se investiguen los conceptos de las facturas.

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Según la FAVB, «si Hacienda hubiera hecho con CiU lo que ha hecho con la FAES no habría caso Palau», pues vinculación directa entre la CATDEM (la Fundación de convergencia) y el Palau de la música se remitía a un pago de 600.000 euros, que el partido presidido por Artur Mas se aprestó a devolver. En cambio, investigaciones más a fondo han permitido destapar una posible financiación ilegal de 6 millones de euros.

El abogado de la FAVB, Àlex Solà, ha señalado en rueda de prensa que la acusación particular que representa no acusa a nadie, pero pide que se investigue a fondo antes de sobreseer posibles responsabilidades o hechos delictivos. Sobre la implicación de la FAES en el caso Palau, ha señalado que resulta sospechosos el sobrecoste de más de dos millones de euros de las obras del Palau, que fueron financiadas por el Ministerio de Cultura y que en esos mismos años, 2003 y 2004, la FAES tuviera un millón de euros más de ingresos cada ejercicio por donaciones de particulares que en los ejercicios posteriores.

En este sentido, la FAVB solicita que la FAES haga público judicialmente el nombre de los donantes de esos años para poder conocer si existe alguna vinculación con el sobrecoste de las obras del Palau, que internamente tenían un precio y de cara al Ministerio de Cultura otro más elevado.

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Según dicho estudio, el consumo de los barceloneses en Madrid supone el 9% del total de compras de habitantes de España –en esta lista no se tiene en cuenta el consumo de los propios madrileños-, un porcentaje que casi dobla al de la segunda provincia en la clasificación, Vizcaya, que no alcanza el 5%.

Pese a que la ciudad condal dispone de un importante sector comercial, según se desprende de los datos del estudio los habitantes de la provincia de Barcelona aprovechan sus visitas a Madrid para comprar.

El estudio se ha realizado estudiando las big datas -grandes volúmenes de datos generados electrónicamente- de ocho barrios madrileños. Siete de estos barrios tienen a provincias catalanas como las de origen de los compradores que más han gastado. Así, los habitantes de Girona, Tarragona y Lleida se dejan entre 60 y 90 euros de media cada vez que acuden a Madrid.

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Los documentos, que se acabaron de digitalizar en su totalidad el 31 de Diciembre de 2012, se mantienen en el archivo de Salamanca, pese a que la Ley establece que una vez realizada la copia electrónica los originales deben ser devueltos en un plazo inferior a seis meses. Por eso, la Comisión de la Dignidad ha convocado una rueda de prensa en la que han denunciado el incumplimiento.

En total, quedan por retornar una tercera parte de los papeles de Salamanca, que se corresponden a 411 cajasde archivos. 111 de dichas cajas estuvieron a punto de volver a Catalunya en 2011, pero el Gobierno socialista paralizó el envío antes de finalizar su Gobierno. Las otras 300 cajas resultan de la digitalización de los documentos que todavía faltaban.

La Generalitat ha costeado la digitalización de dichos documentos, que según el director del Archivo Nacional de Catalunya, Josep Maria Sans i Travé, presente en la rueda de prensa, ha costado más de un millón y medio de euros. Sans i Travé ha señalado al respecto de la polémica por la no devolución de los papeles de Salamanca que «de aquí a treinta años, los libros de Historia explicarán que a principios del siglo XXI Catalunya todavía era tratada como una colonia, porque diversos Gobiernos españoles han secuestrado nuestra memoria histórica».

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En cambio, Isidre Masalles, subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat, ha quedado absuelto por el juez, al considerar que no queda acreditada su implicación en los hechos delictivos que se le atribuyen. Pese a que el resto de imputados le calificaron de «obediente», Alsina ha apuntado que no se puede demostrar que tuviera conocimiento de la trama.

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Entre los detenidos se encuentra el Director General de Petromiralles y alcalde de Santa María de Miralles por CiU, Josep Maria Torrens, junto a su hermano Pere, a los que se responsabiliza del entramado fraudulento. Los investigadores consideran que crearon un sistema que les permitía defraudar entre 250.000 y 270.000 euros diarios con los que ofrecían precios mediante los cuales «acaparaban el mercado».

Ambos hermanos están acusados de delitos contra la Hacienda pública y el mercado de consumidores, pertenencia a una organización criminal y blanqueo de dinero. Durante el registro de la vivienda personal del alcalde de CiU la policía encontró un arma con munición. Pese a que Petromiralles es la empresa principal del entramado ilegal, mantiene su funcionamiento porque el juez encargado de la investigación considera que es «suficientemente fuerte» y no se dedicaba únicamente al fraude.

Además de empresarios, entre los detenidos hay abogados, brokers y testaferros. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la operación ‘Walkers’ se deriva de la operación ‘Bashnya’, iniciada la pasada primavera y en la que se detuvieron a 30 persona por el fraude de 120 millones de euros dentro del mismo sector.

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La decisión la ha tomado por unanimidad la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, aunque el PSOE ha mostrado su descontento porque, lo que el PP ha definido como un ejercicio de «transparencia», sólo contempla proyectos de gobiernos socialistas y deja fuera otros tranvías construidos por encargo de ejecutivos populares, como el de Murcia o el Metro Ligero Oeste de Madrid.

De las cuatro ciudades investigadas, el tranvía de Jaén es el más polémico, pues hace dos años que se terminó el proyecto, pero nunca ha entrado en funcionamiento. Con más de 400 millones de euros de deuda, el Ayuntamiento de la ciudad no puede asumir los seis millones anuales que cuesta ponerlo en marcha y mantiene un pulso con la Junta por este motivo.

Por su parte, el de Vélez-Málaga tampoco está operativo después de que, tras un buen inicio, perdiera afluencia. Tras un año sin tranvías circulando, Australia ha alquilado las máquinas que se utilizarán en Sidney y que permitirán al consistorio de Vélez ahorrarse el gasto de mantenimiento y obtendrá 200.000 euros anuales de compensación.

En cambio, en Zaragoza el servicio funciona desde hace dos años con un alto grado de satisfacción ciudadana. El alcalde, Juan Alberto Belloch ha anunciado que prepara el proyecto para adjudicar la segunda línea de tranvía de la ciudad, que espera que se pueda acometer en la próxima legislatura con financiación privada, ante las dificultades económicas del consistorio, que debe más de 800 millones de euros.

La situación de Parla es semejante a la de la capital aragonesa, con más de cinco millones de usuarios anuales, pero con una deuda municipal superior a los 200 millones de euros.

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La importancia de la Asociación Ferrol de Drogodependencia se entiende con las cifras, pues asiste anualmente a 1.200 adictos de la zona norte de la comarca de Ferrol, en la cual viven 120.000 personas. Esto quiere decir que un 1% de la población de la zona son usuarios de Asfedro, que en 28 años ha conseguido reconocimientos como el premio Reina Sofia al trabajo social.

También gestiona una comunidad terapéutica, donde pueden llegar a convivir 22 adictos hasta un máximo de 6 meses en los cuales, además de mantenerse alejados de la droga, aprenden competencias para tratar de encontrar trabajo una vez abandonen las instalaciones.

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