El tiempo viene demostrando que los clichés y las certezas mediáticas del laportismo, redobladas por los tambores de su prensa aliada y dominante, decaen una detrás de otra como castillos de naipes. Uno de esos montajes espectaculares lo ha desarmado Gerard Pique con su imprevista fuga, calculadamente planeada y ejecutada a tiempo de acabar de una vez por todas con el cuento explicado por Joan Laporta en la asamblea del 9 de octubre donde lo señaló como la causa detonadora de la fiebre de las palancas -o sea, de la venta de activos por 870 millones de euros- y, también, por su desorbitada ficha, como el lastre que había provocado ese exceso de masa salarial de 200 millones.
Ahora resulta, sin embargo, que el contrato suscrito con Josep Maria Bartomeu en 2020, mediante el cual se aseguró un año más de contrato, sólo si en este curso jugaba más del 35% de los partidos, difiriendo a su vez unos millones de su ficha para reducir el impacto de la covid, no era ningún disparate, al contrario, pues Laporta le aseguró cobrar el premio final de carrera en el supuesto de colgar las botas en el Barça como premio a su gesto de rebajarse otro poco de ficha en verano de 2021 para dejar entrar a Memphis Depay y Eric García.
Los expertos en información económica ya están afinando el verdadero efecto de la renuncia de Piqué a un año y medio de contrato que tampoco era tal, pues no podía contabilizarse ese último año de contrato hasta no darse una serie de condiciones. Quienes tenían ganas, como Laporta y su séquito de prensa, de hinchar el globo Piqué le habían atribuido unas retribuciones millonarias de 50 millones para esta temporada que sólo se hubiera generado en el caso de haber ganado el triplete y todas las competiciones añadidas y, aun así, nunca habrían alcanzado esa cifra. Todo eran ganas de manipular la información, la propia realidad y, de paso, echarle más y más demonios a la gestión de la anterior junta directiva, pues al final de esa renuncia de Piqué, el saldo liberado a efectos de fair play financiero de cara a LaLiga, el órgano supremo que controla las cuentas del Barça, solo es de 5 millones.
La salida de Piqué, en cualquier caso, sigue sobre la mesa porque Laporta aún aspira a que Javier Tebas le otorgue un margen más amplio, motivo por el cual las negociaciones de su finiquito siguen abiertas.
De fondo, a Piqué le ha aparecido un nubarrón de los gordos en ese horizonte de barcelonismo en el que quiere abrirse paso y situarse como una figura indiscutible y meritoria de la presidencia, si es posible sin oposición y sin elecciones. Sus negocios con la Real Federación Española de Fútbol, o mejor dicho con Luis Rubiales, han vivido otro episodio dantesco este lunes con la revelación de un informe oficial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) concluyente sobre el esfuerzo de la Federación por ocultar no sólo la comisión de 4 millones que se lleva Kosmos, la sociedad de Piqué, por cada edición de la Supercopa sino que considera probada la intermediación del central para llevar la Supercopa a Arabia Saudí.
Lo más grave de esta investigación radica en que Luis Rubiales ha negado y sigue desmintiendo que Piqué actuara en nombre de la Federación, un extremo que esta investigación afirma rotundamente, lo mismo que los espantosos audios hechos públicos meses atrás en los que Rubiales y Piqué se repartían el pastel como en las películas de la familia Corleone.
La validez del informe de la IGAE, al que ha tenido acceso en exclusiva el diario El Mundo, no suele ser contestado, pues la IGAE es el órgano de control interno del sector público estatal y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública que, como órgano de control, es la encargada de verificar, mediante el control previo de legalidad, el control financiero permanente, la auditoría pública y el control financiero de subvenciones, que la actividad económico-financiera del sector público estatal se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. La RFEF, aunque se trate de una entidad privada, está sujeta a este tipo de controles públicos de la administración en tanto que recibe dinero de la administración del Consejo Superior de Deportes.
La Unidad de Apoyo de la IGAE ha elevado su análisis a la Fiscalía Anticorrupción dentro del procedimiento que se sigue por el caso de las comisiones recibidas a cambio de jugar la Supercopa fuera de España.
Desde el punto de vista legal, la ley no contemplaba en su día como delito que un futbolista participante en la Supercopa pudiera tener manifiestos intereses económicos como sería el caso de Piqué. Es Luis Rubiales quien, desde luego, puede salir malparado de un asunto que, por las trazas, no parece transparente además de la mala prensa que, según qué sectores atribuyen al hecho de trasladar esa competición a países como Arabia Saudí.
La IGAE considera que «la relación entre la RFEF y Kosmos (empresa de Piqué) se quiso mantener oculta» y que el futbolista estaba asociado a la RFEF, en contra de lo dicho reiteradamente por este organismo.
Lo que nadie puede poner en duda es que Piqué viene cobrando una recompensa de 4 millones por edición de la Supercopa, dinero que proviene directamente de Arabia Saudí, y que el central azulgrana ya hizo sus pinitos como organizador de partidos en un amistoso del Barça en Sudáfrica, además de actuar como enlace entre la plantilla y las productoras del documental Match Play, de tan mal recuerdo.
Queda, como resumen, que Gerard Piqué no es capaz de contenerse de esa compulsión por los negocios que en otros frentes no le han salido como esperaba en un porcentaje bastante elevado de intentos. La Supercopa sería una excepción a esas inversiones frustradas aunque marcada por la naturaleza de ese dinero saudí de mala fama y porque se trata de una operación demasiado cercana a quien como él la ha querido compatibilizar como futbolista profesional o más adelante quiere ser presidente. La línea, si es que existe una separación que separe asépticamente una actividad de la otra, es demasiado frágil y fina.
