El excomisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas ha asegurado este jueves que la llamada operación Cataluña en realidad se llamaba Proyecto Barna y fue iniciada en noviembre de 2012 por la entonces presidenta del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho, y el entonces comisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Martín Blas ha explicado que este proyecto consistía en desprestigiar a los dirigentes de CiU Jordi Pujol, Artur Mas y Felip Puig haciendo un informe que decía que tenían cuentas bancarias ocultas en Liechtenstein.
Según ha explicado el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, todo ello empezó justo antes de las elecciones en el Parlamento catalán de noviembre de 2012, en las cuales CiU apostó por el derecho a decidir y viró hacia el independentismo, motivo por el cual se quería desprestigiar a sus líderes. Entonces, miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) hicieron un informe sin sello ni firma donde apuntaban a estas falsas cuentas ocultas, informe que publicó el diario El Mundo pocos días antes de las elecciones.
Martín Blas ha dicho que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, encargó que se investigara quién había hecho el informe y lo hizo Asuntos Internos. Esta unidad hizo un informe asegurando que las afirmaciones del primer informe eran falsas, pero no descubrieron quién lo había hecho. Martín Blas ha asegurado que él no sabe quién impulsó la investigación fraudulenta.
Años después, ha explicado el exjefe de Asuntos Internos, y en el marco de enormes disputas internas dentro de la Policía Nacional por esta operación y otras polémicas, le llegó una grabación de audio de Villarejo con Sánchez-Camacho durante aquellas fechas en la que hablaban sobre la publicación del informe apócrifo en varios medios de comunicación.
En las conversaciones, ha añadido Martín Blas, parecía que la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también conocía el informe. En cambio, no querían que lo supiera el ministro Fernández Díaz, ni la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría -que controlaba el CNI- ni el director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. Del ministro no se fiaban porque lo veían demasiado próximo al Grupo Godó. A pesar de esto, en una grabación del diciembre siguiente, se demuestra que Fernández Díaz ya conoce la cuestión, a pesar de que se quería desentender.
