La trama de la operación Cataluña, según revela una investigación conjunta de La Vanguardia y elDiario.es, comportó que, entre noviembre de 2014 y junio de 2016, la policía política hiciera 34 investigaciones contra cargos catalanes, sobre sus finanzas y relaciones familiares. Entre los políticos investigados destacan los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont, así como el entonces mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.
A partir de los ficheros elaborados por varias unidades policiales, se confeccionaban dosieres y documentos que llegaban al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al presidente del gobierno central, Mariano Rajoy. Buena parte de estos informes figuran en el fichero del Grupo de Análisis y Tratamiento de Información de la Policía (GATI), una base de datos que se usa para evitar investigaciones duplicadas en el seno de la policía. Las distintas unidades introducen identidades, matrículas o teléfonos que están vigilando y si antes lo han hecho otros policías, el sistema avisa de la coincidencia para no investigar lo mismo dos veces.
En este flujo de dosieres, algunos publicados en medios de comunicación afines, las unidades policiales alertaban sobre todo tipo de movimientos de cargos nacionalistas y de sus familias. En el caso del expresidente de la Generalitat Artur Mas, explican los diarios citados, en marzo de 2015 dos inspectores jefe de la policía redactaron un atestado en el cual señalaban una supuesta comisión de 90 millones que Mas habría recibido de la empresa Acciona a cambio de un contrato de la Generalitat para la concesión del servicio de Aguas de Barcelona durante 50 años.
El informante fue el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, y los agentes apuntaron lo siguiente sobre el caso: “El informante nos dice que por esta operación y contratación, Artur Mas recibe una cantidad de dinero (a él le dicen que 90 millones de euros, lo cual, curiosamente, supondría el 3% de la operación) que estaría siendo manejada por este fondo de inversión que opera en Guernsey, Belice y Barbados, dinero que se habría librado al fondo por el Banco PACTUAL de Brasil”.
Las supuestas mordidas cobradas por Mas ya habían estado sobre la mesa de Fernández Díaz en 2012, cuando la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dio credibilidad a una denuncia anónima de un supuesto arrepentido, un empresario que dijo haber pagado comisiones a la trama del Palau en estos términos: “Pregúntale al Sr. Artur Mas, seguro que sabe más que yo, especialmente después de vender la gestión del agua potable de Barcelona para los próximos 50 años, por 1.000 millones de euros. Yo no creo que el responsable de Acciona fuera solo por tierras brasileñas en busca de financiación, quizás también le vino bien dejar por allí alguna cuenta con una elevadísima comisión, a nombre de un grande de Cataluña”.
Estas especulaciones sobre Mas se recogían sin pruebas ni indicios en estos atestados policiales que le daban credibilidad. Pasaba lo mismo con las observaciones sobre Trias, a quien se acusaba de corrupción urbanística y de tener cuentas en Suiza; las de Puigdemont, a quien se investigaba por la compraventa de obras de arte cuando era alcalde de Girona; y las de Trapero, a quien vinculaban con el proceso soberanista y acusaban de proteger a unos narcotraficantes.
