El juez aviva al caso Negreira contra el Barça a base de darle alas al madridismo

Los madrugadores autos del juez del caso Negreira, basados en los informes de la Guardia Civil, empiezan a ser homologables a los que los Mossos d’Esquadra se empeñan en fabricar sobre el Barçagate. Tienen en común que provocan una humareda tan espesa que cuesta demasiado ver dónde está el incendio, si es que lo hay. 

Se diferencian, en cambio, en que la instrucción del complejo delito de los pagos a un exárbitro, pese a su complejidad y amplitud del periodo investigado, avanza a una velocidad de vértigo desde que estallase al final del pasado invierno y se centra en la cuestión principal de la querella por supuestos delitos de corrupción deportiva y administración desleal contra el Barça y contra dos expresidentes y varios exejecutivos, además de haber imputado a todo el clan Negreira. 

La policía catalana, pese a disponer de todo el material incautado la primera semana de marzo de 2021, o sea hace ya dos años y medio, no ha sido capaz de elaborar el informe sobre la causa abierta contra Bartomeu y dos de sus ejecutivos, por el uso de fondos del club para intoxicar en las redes sociales con cuentas manipuladas desde el aparato de comunicación de la época. De hecho, es por culpa de la lentitud, el desorden y los desvaríos de la investigación policial, reprendida por la jueza por buscar otros delitos inexistentes y estar hurgando en el material requisado sin centrarse en su verdadero objetivo, que la instrucción ha debido prorrogarse cuando ya hace más de dos años que no se realizan diligencias.

Las novedades del caso Negreira se prestan a interpretaciones o, cuando menos, desde Barcelona se hecho una lectura benigna y hasta positiva porque en los autos recién salidos del Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona se descartan haber encontrado indicios de compra de partidos. Otra cosa es que la línea de investigación se haya centrado en el fondo de la trama, en el análisis de una estructura de mando en la que el número dos del estamento arbitral recibía casi medio millón al mes mientras decidía, con un poder absoluto, qué árbitros estaban arriba y cuales abajo en el ranking nacional. El juez, a la vista de los informes hasta la fecha, deja abierta la posibilidad de incluir el delito de soborno, animando a la Guardia Civil a seguir por ese camino.

De momento, la policía judicial ha establecido que con Negreira el arbitraje en España no fue «imparcial» y que bajo la dirección de Victoriano Sánchez Arminio y de su mano derecha José María Enríquez Negreira, al frente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), el funcionamiento de colegio fue “irregular”.

Aunque no ha podido rastrearse el dinero, pues Negreira fue retirando cantidades inferiores a los 3.000 euros durante todos esos años, sin registrar por su parte un aumento de patrimonio, afirma, en cambio, que «sus servicios no se encuentran amparados por soporte documental más allá de las facturas que libraban sus empresas instrumentales”. Los investigadores descartan definitivamente la existencia de cualquier tipo de labor de asesoría real y subrayan la «improcedencia del gasto», por lo que debió pagar una importante sanción tributaria, y que desde el Barça «no se ha aportado la identidad de los profesionales que habrían desarrollado los servicios» ni tampoco «copia de vídeos, documentos o informes en los que se concreten los trabajos de asesoramiento específico». Los pagos se caracterizaron por “la confusión de conceptos, servicios prestados y personas que los ejecutaron”. En concreto considera “llamativo” que durante la primera presidencia de Joan Laporta en 2006 no concuerden los datos facturados tanto por el Barça como por la red de empresas instrumentales de José María Enríquez Negreira y su hijo, que responde, a su entender, a una nueva maniobra de ocultación por parte de los implicados. La Guardia Civil, pese al uso de otras sociedades nominales del hijo, atribuye todos los cobros a su padre y focaliza en él toda la responsabilidad debido a que era la persona que mantenía un contacto directo con los sucesivos presidentes del club catalán y quien acordaba con ellos las cantidades a percibir y las funciones que debía realizar. 

Como resultado, las conclusiones del informe reconocen que se trataría del primer caso en el fútbol español de un estado de “corrupción sistemática” y de perjuicio contra el resto de los clubs. Lo sucedido “podría acarrear una pérdida de credibilidad en la limpieza y honorabilidad del deporte rey en España que, más allá del reproche penal, podría provocar consecuencias deportivas y extradeportivas a nivel nacional o internacional”. La instrucción afirma que Negreira habría favorecido a «árbitros afines» con partidos relevantes e internacionalidades y ratifica la condición de «ofendidos» del Real Madrid y el resto de los clubs que compitieron con el Barça en los años bajo sospecha.

El Barça debería preocuparse por el giro que está tomando la investigación, que apunta a ese intento de demostrar la existencia de una trama mediante la cual, a través de las atribuciones de Enríquez Negreira, podría haber condicionado las conductas arbitrales. Una figura jurídica, la de la ‘tentativa’ de influir en los arbitrajes que sí está tipificada como delito. 

Si desde el club esperan que el magistrado haga decaer la causa por falta de pruebas convincentes de compra de partidos están muy equivocados. La investigación judicial se centra en demostrar que Negreira tenía el poder de favorecer el ascenso y descenso de árbitros y cuenta con el testimonio del propio ex colegiado de que cobraba del Barça, durante casi dos décadas, por ‘equilibrar’ el peso de otro club, el Real Madrid, en el arbitraje. Puede que no sea fácil, pero tampoco imposible a la vista del empeño de la Fiscalía, el celo de la Guardia Civil y el desequilibrio histórico a favor de los intereses blancos en el mundo del fútbol.