La cuenta del ‘avalgate’ también sirvió para frenar embargos y multas de directivos

Nuevas revelaciones y testimonios provocan el aumento de sospechas sobre las irregularidades promovidas por Laporta a la hora de pagar los costes del aval mediante operaciones inexplicables

Joan Laporta

En el intento de justificar y entender el trasiego de ingresos, préstamos, comisiones, cargos y movimientos estrafalarios de la cuenta abierta por toda la directiva de Joan Laporta, utilizada para pagar las comisiones del aval de 2021, cuesta discernir dónde acaba la desbordante imaginación del relato y donde empieza un caso real, el que trata de investigar Hacienda, de posibles consecuencias penales por los indicios de corrupción entre particulares. Las nuevas revelaciones aportadas por El Periódico sugieren, además, que, con los fondos de esa cuenta, procedentes de ingresos por parte de personas y empresas completamente ajenas a la directiva, algunos directivos pudieron aliviarse de multas y embargos particulares como resultado del rastreo de Hacienda en busca de dinero en cuentas donde aparecían como titulares.

«Aunque fue abierta con la única finalidad de hacer frente al coste del aval, durante todo tiempo que ha permanecido operativa (en la actualidad lo sigue estando), ha tenido que hacer frente a numerosos embargos contra algunos miembros de la junta directiva actual. En concreto, se trata de embargos de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria e incluso de multas de tráfico. Es decir, algunos de los miembros de la junta directiva actual no han podido hacer frente a sus obligaciones personales y los organismos oficiales han tenido que recuperar parte de esas deudas económicas en la única cuenta corriente donde había dinero. Estamos hablando de miles de euros. Un directivo tiene una deuda cercana al millón de euros con la Agencia Tributaria y este organismo oficial le ha ido retirando dinero de la cuenta mancomunada. Lo mismo ocurre con otro directivo que mantiene una elevada deuda con la Seguridad Social», explicó el medio ayer.

La información sugiere que cada uno de los titulares tenía y sigue teniendo acceso a esa cuenta utilizada para pagar unos intereses financieros, del 2% del aval aproximadamente, que los directivos y los no directivos que aportaron garantías en su momento, como José Elías de Audax y Jaume Roures de Mediapro, a través de Orpheus Media, se negaron a abonar en reacción de protesta y de malestar por la exigencia de Laporta de aumentarles la cuantía a avalar en proporción inversa a la reducción unilateralmente decidida por el presidente a sí mismo y a otros de su núcleo duro, básicamente los que repetían del primer mandato.

Otro ingreso relevante y enigmático a esta cuenta mágica del avalgate fue de 300.000 euros, procedentes de la cuenta utilizada para financiar los gastos de la campaña electoral mediante dos ingresos de 150.000 euros que, se da por hecho, sobraron una vez liquidadas todas las facturas. Se sabe que Laporta pidió (no a todos) 150.000 a fondo perdido y que ese sobrante no se repuso, dividido a partes iguales, a quienes más dinero habían puesto. Al contrario, y este es otro aspecto relevante de la información de El Periódico, sorprende que, en noviembre de 2022, más de un año después de las elecciones, la jefa de gabinete de presidencia, Manana Giorgadze, «enviara un correo electrónico en el que solicitaba a 11 directivos de 17 que se abonara la cantidad de 124.865 euros. Sin embargo, añadía que tenían que hacer ese ingreso no en la cuenta corriente mancomunada que ya existía desde marzo de 2021, sino en una cuenta personal de Joan Laporta en el Banc de Sabadell. Llamó poderosamente la atención que en esa dirección de correo electrónico faltaran cinco directivos: Elena Fort, Rafael Yuste, Xavier Puig, Antonio Escudero y Ferran Olivé. De estos dos últimos -añade- hay constancia de que ya pagaron la parte que les tocaba en la otra cuenta corriente. De los tres primeros se ignora si lo han pagado todo, una parte o nada».

Sobre las consecuencias de esta política segregacionistas y discriminatoria por parte de Laporta, se sabe que entre la junta, al menos la parte afectada por la obligación de haber jugado más dinero que otros tanto en el aval como en los costes electorales, esta situación ha sido el origen de conflictos y de tensiones internas, aunque a la hora de la verdad ninguno de los que se han sentido agraviados ha sido capaz de levantar la mano y exigir las mismas condiciones para todos, y mucho menos han sido capaces de dimitir. No han hecho nada aparte de consentir. Prefieren tragarse el orgullo y la dignidad, cualquier cosa antes que reaccionar a un abuso escandaloso por parte de un presidente déspota y totalitario como Laporta, el personaje que Jaume Giró descubrió a tiempo de no subirse al barco pirata del laportismo, del que otros como Ferran Reverter saltaron por la borda inmediatamente. Y no han sido los únicos, como es sabido.

La participación de Jaume Roures, el segundo en cuantía de aval, 30 millones, diez por debajo de los 40 millones de Audax, que a cambio pudo colocar a Eduard Romeu como vicepresidente económico, se limitó a garantizar, a través de su empresa Orpheus Media SL, una póliza concedida a la junta, que solamente estuvo vigente durante unos meses, exigiendo a cambio el reembolso del gasto. Un año después le fue remitido un pago de 100.000 euros. Otros medios estiman, sin embargo, que los costes financieros del aval de Mediapro eran superiores y que son compatibles con el presunto préstamo de ISL Futbol Limited Liability Company, la compañía norteamericana licenciataria del Barça para las Barça Academy en EEUU que, casualmente, obtuvo del mandato de la junta para organizar dos partidos de la gira americana de verano del 2022 poco después de su generoso gesto de dejarle 350.000 euros al Barça de Laporta.

En general, sin embargo, la reacción mediática a estos tejemanejes oscuros, sospechosos e inconfundiblemente asociados al estilo laportista de ir dando tumbos, improvisadamente, tantas veces al límite de la ley o impunemente actuando desde el otro lado, está siendo muy escasa y limitada en los medios barcelonistas de mayor calado e influencia barcelonista. La mayoría pasa de puntillas, la ignora o bien trata de justificarla con connivencia y coordinación con el aparato de comunicación de la junta para ofrecer un relato edulcorado, casi idílico, de ese flujo de miles de euros externos tan absurda e incomprensiblemente interesado en financiar los costes de un aval. Está claro que nadie normal, y menos una SL que además es proveedor del FC Barcelona, tiene esos tics fetichistas con su dinero.

Con el paso de las horas, la aparición de nuevos detalles apuntan a una presunta trama de intereses y actuaciones inexplicable por más que desde el área de comunicación del club se intente darle un formato de cadena de favores, pues, entre otras líneas rojas cruzadas, el código ético del Barça prohíbe expresamente aceptar dinero de proveedores que no se justifiquen por la prestación de servicios.

De la cuenta del avalgate no se ha devuelto ni la mitad de ese supuesto préstamo, que si existe debió ser consignado en su día ante Hacienda. Otra pregunta que ahora mismo tampoco tiene respuesta es la relativa al origen del dinero repuesto, parcialmente en algún caso, a los tres protagonistas de esta compleja historia: ISL Futbol Limited Liability Company; JBM Investments, del empresario israelí Morris Moshe Benisty; Capital Planet SL, del hermano de Laporta, Xavier Laporta. En teoría, debía proveer de pagos aportados por los directivos que, desde el principio, se negaban a pagar los costes del aval y que, además, se han aprovechado de su saldo para cargar gastos personales, básicamente tributos y multas. Esto tiene mala pinta.

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