Hacienda sospecha de la confusa y precipitada formalización del aval de Laporta de 2021

Ha abierto una investigación para profundizar en una operación financiera que en su día vulneró abiertamente la Ley del Deporte y los estatutos del Barça, aunque la Gestora y LaLiga miraron hacia otra parte

Joan Laporta y Eduard Romeu

Diversos medios se han hecho eco, recientemente, de una misteriosa investigación de Hacienda sobre los detalles de la configuración del aval que, casi milagrosamente, hizo presidente a Joan Laporta el 17 de marzo de 2021, diez días después de haber ganado las elecciones sin haber hecho los deberes, o sea sin un aval que presentar. No al menos en el formato que el incauto Jaume Giró, miembro de la candidatura ganadora y presentado en la campaña electoral como el futuro vicepresidente económico, había preparado minuciosamente, igual que la emisión de bonos para subsanar el desajuste económico causado por la pandemia. Cuando Laporta le confesó a Giró que, en ningún caso, el aval sería como lo prevé la ley, mancomunado y solitario, sino discriminatorio y segregacionista, que unos pagarían diez veces o quince veces más que él y su núcleo duro, la reacción de Jaume Giró fue la de salir corriendo. Lógico.

Curiosamente, sin embargo, la subasta pública de los cargos directivos a cambio de dinero, como lo fue el del vicepresidente económico Eduard Romeu, en contrapartida a los 40 millones puestos en garantía por José Elías, propietario de Audax entre otras sociedades, o de una empresa de Jaume Roures por otros 20 millones y del aporte de varios directivos más atraídos por la seducción del poder de la Llotja del Camp Nou, no llamó la atención de la prensa en aquel momento ni de la Comissió Gestora o de LaLiga, que validó ese aval, a pesar de su escandalosa apariencia y probada ilegalidad.

Tampoco en ese momento el fraude estatutario atrajo el interés de Hacienda, que ahora lleva semanas citando a declarar a algunos de los avalistas con la finalidad de conocer todos los detalles de una operación que, finalmente, consiguió alcanzar los 124,7 millones de avales exigidos por la Ley del Deporte, en su caso correspondiente al 15% del presupuesto de gasto del ejercicio en curso 2020-21.

¿Por qué motivo más de dos años después ha arrancado esta investigación el Equipo Central de Información de la Agencia Tributaria? La directiva afirma desconocer que se haya iniciado ningún proceso relacionado con una inspección que afecte al FC Barcelona. Eso se entiende y no podría ser de otro modo porque, en definitiva, la prestación del aval no interfiere ni impacta en el balance del club, pues precisamente su prestación es un asunto absolutamente privado por parte de una serie de socios que se comprometen a avalar para cubrir posibles pérdidas patrimoniales, si las hubiera, al final del mandato. Las garantías, contra el patrimonio personal de cada uno de los directivos, se depositan en LaLiga. No hay más ni vínculo alguno con el club.

Si Hacienda sospecha que los avales se negociaron sujetos a intereses empresariales o estratégicos que nada tienen que ver con los del club y que, además, se formalizaron al margen de la ley, entonces se va a poner las botas. Se topará con que, para empezar, cada directivo electo debía avalar la misma cantidad, proporcional al porcentaje resultante de dividir su cuantía por el número de directivos, inicialmente dieciséis entre 124,7 millones. En segundo lugar, la misma normativa específica claramente que solo pueden y deben avalar de forma obligada y personalizada los directivos de las candidaturas oficialmente proclamadas por la junta electoral tras el recuento y validación de las firmas recogidas entre los socios.

Precisamente, todo ese proceso pretende impedir lo que hizo Laporta al día siguiente de salir ganador en el recuento de las urnas, por un lado, extorsionar a los ‘nuevos’ exigiéndoles un aval superior al acordado y al que realmente les correspondería y, por otro, poner a la ‘venta’ los puestos libres, cuatro de los cuales fueron a parar ilegalmente a socios que no cumplían la estricta condición preceptiva de electos.

Así, los intrusos fueron cuatro, Ferran Olivé, hoy tesorero de la junta a tiempo completo que ejercer funciones de gerente, que avaló 8 millones, Àngel Riudalbas (6 millones) y Joan Soler (6 millones). Romeu, con dinero y propiedades de terceros que obtuvieron, de momento, un beneficio directo en forma de un enorme impacto mediático, brutal en en el caso de Audax cuyo dueño, José Elías, y verdadero avalista, admitió haber realizado la mayor campaña soñada de marketing a un precio ridículo. Orpheus Media fue la empresa que avaló en nombre de Roures y Mediapro la elegida para la realización del nuevo Museu del Barça y también del provisional mientras duren las obras en el Camp Nou. Eso, claro está, antes de que Mediapro se deshiciera de Jaume Roures.

La cuestión de fondo, incierta por ahora, radica en saber qué busca la prospección fiscal en marcha. Hasta el momento, en materia electoral, Hacienda solo había investigado -y multado- a toda la directiva de Sandro Rosell tras ganar las elecciones en 2010 por el origen de los fondos comunes empleados en pagar los gastos de campaña, sobre los que realmente, por tratarse de una asociación sin ánimo de lucro no existía ni existe una regulación específica. Aquella actuación de Hacienda, sin embargo, ha sido única en la historia y solo ‘contra’ Rosell, mientras el resto de las directivas, especialmente las de Laporta, han gozado de absoluta inmunidad.

Y sigue siendo ‘intocable’ en este sentido. Por esa misma razón sorprende el paso adelante dado ahora por Hacienda y más aún que se concentre en la morfología del aval por más mutante, monstruosa y retorcida que sea.

Si además quiere rebuscar en la sórdida y aún más oscura procedencia del pago del mantenimiento anual del aval, de 1,7 millones, a razón de 130.000 euros por cabeza, se sorprenderá del descaro y la frivolidad que se gastan en el universo laportista. Como los avalistas ya se sintieron sobradamente víctimas de un abuso por parte de Laporta, el propio presidente aplacó su ira a base de encontrar la forma de evitarles, al menos, los costes financieros añadidos.

Como ha sido revelado recientemente, una cuenta del Banco de Sabadell, a través de la cual se realizó el pago de 1,7 millones correspondiente, recibió ingresos procedentes de Capital Planet, empresa de Xavier Laporta, el hermano del presidente, del amigo israelita y exsocio de Laporta, Moshe Benisty, y de ISL Management, gobernada por los catalanes Àlex Isern y Marc Segarra que a su vez es responsable de las Barça Academy en Estados Unidos y que participó en la organización de la gira norteamericana del primer equipo en verano de 2022.

Este es al menos el relato de lo que ha trascendido de ese aval cuya fabricación a la carrera fue retransmitido por la prensa con un entusiasmo y celebración sin precedentes porque, en caso de no haberse presentado, las elecciones se habrían repetido. Si además contiene secretos que aún no han visto la luz, solo es cuestión de tiempo que los técnicos de Hacienda hagan su trabajo. Lo único seguro es que buscan algo o a alguien y que lo que pueden encontrar va a superar todas sus expectativas y hasta su propia imaginación.

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