Stop Violències ha organizado este miércoles, con motivo del 8-M, un debate sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Andorra que se celebrará al Salón de Actos de La Llacuna a las 18.30 horas. El acto se centrará en la contradictoria legislación del Principado en este ámbito, la cual prohíbe a las mujeres abortar en cualquier supuesto -incluso en casos de violación- a la vez que permite a los andorranos que se lo pueden permitir comprar un bebé fuera del país mediante los llamados vientres de alquiler.
La asociación feminista destaca que «nos han colado la legalización de la explotación reproductiva» a través de la Ley 12/2019, del 15 de febrero, calificada de técnicas de reproducción humana asistida, y señala que mientras la normativa, en el artículo 12, prohíbe «el contrato por el cual se convenga la gestación, con precio o sin, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero», a la vez permite a quienes recurran a este método inscribir los bebés en Andorra.
«En la resolución de las solicitudes de inscripción de títulos extranjeros que acreditan una relación de filiación constituida al extranjero mediante gestación subrogada y en que conste acreditado el vínculo biológico como mínimo con uno de los solicitantes, se tiene que atender con carácter preferente al interés superior del menor», dicta el punto 4 del artículo 12 de la ley.
Es este “interés superior del menor” el argumento que usó la Sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Andorra (TSJA) –formada por los magistrados Vincent Anière (presidente), Carles Cruz i Jaume Tor- para legalizar, en sentencia del 30 de noviembre del año 2020, la filiación de una niña nacida de un vientre de alquiler contratado en el Estado de Oregón (Estados Unidos). Los nuevos padres de esta criatura son el consejero general Carles Enseñat y su pareja Albert Batalla, exalcalde convergente de la Seu d’Urgell.
Stop Violències critica que los mismos que prohíben a las mujeres ejercer su derecho en el aborto decidan por su propio beneficio permitir la explotación sexual, a la cual, recuerdan, la Iglesia se opone frontalmente. De hecho, en palabras de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el vientre de alquiler es “una explotación de la mujer y del niño que tiene que nacer, que se convierte en un objeto de consumo”. Y añade: “Los niños y las mujeres no tienen precio, solo tienen dignidad”. En este caso, sin embargo, el Gobierno andorrano no hace ningún caso a la doctrina católica, y el copríncipe episcopal de Andorra, Joan-Enric Vives, mira hacia otro lado.
Durante el debate, la asociación feminista también expondrá los riesgos que comporta la explotación reproductiva tanto para las gestantes como para los bebés. Según la psiquiatra infantil y experta en el campo perinatal Ibone Olza, este método supone un embarazo de riesgo cuando el óvulo no es de la gestante; comporta más riesgo de sufrir un trastorno mental perinatal (ansiedad y depresión durante el embarazo) y que el parto sea intervenido o medicalizado. En cuanto al bebé, la experta resume las afectaciones afirmando que «básicamente, lo que pierde durante el parto es una madre».
