Amnistía Internacional ha puesto en marcha una acción urgente para reclamar al gobierno andorrano la «retirada inmediata» de los cargos contra la psicóloga social y presidenta de Stop Violències, Vanessa M. Cortés. En un escrito que el organismo defensor de los derechos humanos ha trasladado al fiscal general de Andorra, Alfons Alberca, Amnistía expresa su «profunda preocupación por el procedimiento penal en curso» contra M. Cortés «por ejercer su derecho en la libertad de expresión y defender los derechos de las mujeres y las niñas en Andorra».
La presidenta de Stop Violències se enfrenta a una multa de hasta 30.000 euros por un presunto delito menor continuado contra el prestigio de las instituciones, una acusación que, como señala el escrito de Amnistía, procede de su participación en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, en la cual criticó la prohibición total del aborto (incluso en casos de violación) en Andorra. «El enjuiciamiento de Vanessa M. Cortés parece ser una represalia por sus acciones para defender los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluido su derecho a un aborto seguro en Andorra», señala Amnistía.
«Es muy fácil destrozarme a mí, pero detrás mío está la libertad de expresión de los ciudadanos y ciudadanas que reclaman y luchan por los derechos humanos que ya tendríamos que tener en Andorra», ha expresado la presidenta de Stop Violències en declaraciones a EL TRIANGLE. El organismo internacional también recuerda en el escrito que las instituciones estatales «siempre tienen que estar sujetas y abiertas al escrutinio, los comentarios y la crítica» e insta a Alberca a «retirar inmediatamente» los cargos contra la activista y psicóloga social, «quien está siendo procesada únicamente por ejercer su derecho en la libertad de expresión».
