La decisión de la justicia andorrana de llevar a juicio a la presidenta de la asociación feminista Stop Violències, Vanessa M. Cortés, acusada de un presunto delito menor continuado contra el prestigio de las instituciones, ha dejado a la también psicóloga social en situación de libertad provisional, lo que le obliga a estar a disposición de la Batllia -jurisdicción de primera instancia de Andorra- cada vez que la reclamen. El delito del que la Fiscalía, a raíz de la denuncia del gobierno, acusa a la activista no comporta ninguna pena de prisión, por lo que un encarcelamiento provisional no tendría ningún sentido.
Como ha señalado M. Cortés en conversación con LA VALIRA, no está libre de cargos y «no me han quitado la espada de Damocles». «Podría pensarse que es un alivio no ir a la cárcel, pero no es así. Nos han generado un problema y dar la solución menos negativa no es solucionar el asunto. Nunca deberían haberme denunciado«, ha manifestado. la activista y psicóloga social. Los activistas que, como la presidenta de Stop Violències, luchan por la defensa de los derechos humanos disponen de una protección especial reconocida por varios convenios internacionales, sin embargo, la Fiscalía andorrana ha decidido llevar hasta el final las acusaciones contra M. Cortés. De hecho, según ha podido saber LA VALIRA, el ministerio público basa sus cargos en las declaraciones que la activista y psicóloga social hizo en la Cadena SER, en el documental El mirall andorrà emitido por TV3 y ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU.
En declaraciones a LA VALIRA, M. Cortés ha considerado un «atentado contra la libertad de expresión» el hecho de que se la juzgue por las declaraciones que ha hecho en medios de comunicación y, sobre todo, ante organismos internacionales como la ONU , del que Andorra forma parte voluntariamente. El Principado aceptó adherirse a la CEDAW y, por tanto, que ciudadanos y asociaciones del país puedan exponer ante el comité las situaciones que viven las mujeres, como hizo la presidenta de Stop Violències en 2019. Pero el gobierno andorrano no tolera las críticas por la penalización del aborto y denunció a la activista a raíz de su participación en el comité.
«Es una especie de mordaza para que no hable más», han señalado a LA VALIRA fuentes cercanas a la defensa de M. Cortés. El delito del que se acusa a la activista y psicóloga social conlleva una pena de multa hasta 30.000 euros y la inhabilitación para el ejercicio de cargo público hasta cuatro años. El auto también señala la responsabilidad civil tanto de la presidenta de Stop Violències como de la propia asociación.
