Amnistía Internacional, la organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, ha incluido por primera vez a Andorra en el informe anual de los países que conculcan los principios establecidos por las Naciones Unidas. Hasta ahora, el Principado nunca había aparecido en la lista negra de Amnistía, pero la penalización del aborto, la denuncia contra Vanessa M. Cortés, presidenta de Stop Violències, y la falta de libertad de expresión en lo que afecta las instituciones han hecho que el Principado se sume a los ochenta países que incumplen varios derechos humanos.
El informe, publicado este martes, destaca la penalización del aborto y afirma que en 2021 «el acceso a un aborto seguro y legal seguía siendo un grave problema de derechos humanos en Andorra», entre otros países. En este sentido, la organización lamenta que el Principado rechazara «todas las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU)» para despenalizarlo, y considera que «la discriminatoria y lesiva prohibición total» es contraria al respeto por los derechos sexuales y reproductivos ya que, para poder abortar, las mujeres se ven «obligadas» a viajar a Francia y a Cataluña «para obtener la asistencia médica que necesitan».
Amnistía también pone el foco en los cargos que la fiscalía presentó contra la psicóloga social y presidenta de Stop Violències Vanessa M. Cortés, y señala que el Gobierno de Andorra «emprendió acciones judiciales por difamación contra una activista que habló sobre los derechos de las mujeres frente a un foro de personas expertas de la ONU». La organización ya pidió en febrero del 2021 la retirada de todos los cargos contra la activista, pero el Principado mantiene las acusaciones contra M. Cortés «por delitos contra el prestigio de las instituciones» y, aunque la presidenta de Stop Violències declaró hace dos años, todos los cargos siguen pendientes.
Con respecto a esto, el informe de Amnistía considera también que en Andorra no está del todo garantizada la libertad de expresión, ya que sigue siendo delito «la difamación de instituciones y cargos públicos«. En este sentido, destaca que las autoridades del Principado «rechazaron una recomendación del EPU para despenalizar la difamación en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos».
