Entre los malos hábitos adquiridos por la junta de Joan Laporta, más allá de la evidente aversión del propio presidente a la actividad física y a una nutrición saludables y comedida, no figuran ni la transparencia ni la información a los socios que, por la naturaleza de su régimen jurídico, son copropietarios del FC Barcelona. Una condición que estatutariamente obliga a la junta directiva a mantenerlos informados de forma permanente y actualizada sobre la gestión de la entidad y, de forma especial, sobre todos los aspectos referentes a las decisiones y actuaciones en el ámbito económico, financiero, patrimonial y social. También en el deportivo, por supuesto, aunque es verdad que la exposición natural del primer equipo en la esfera pública a causa de su extraordinaria trascendencia periodística y en redes, también a nivel internacional, provoca que la prensa supla y haga de altavoz sobre esta parcela, en contraste con la opacidad y el secretismo particularmente preocupantes en el caso concreto de la junta de Laporta sobre el resto de dinámica del club.
En estos días, el silencio administrativo sobre el caso Negreira ha puesto aún más de relieve la actitud y el comportamiento autoritario de Laporta, cada vez más alejado y distante de una masa social que, además, no posee ningún canal ni forma de expresar y representar sus quejas al respecto, mucho menos cuando el trabajo fiscalizador de la prensa ya no existe, ni se le espera, en un contexto mediático absolutamente controlado desde la junta.
Para que se entienda mejor, Laporta llegó en volandas a la presidencia a hombros de una prensa liderada por TV3 y completamente entregada que, desde hacía varios años atrás, había sometido a la junta de Josep Maria Bartomeu a un acoso y derribo demoledores con la anuencia y colaboración del propio Govern de la Generalitat, su policía, las fuerzas sociales del soberanismo, agentes económicos y otras fuerzas y poderes alineados a la causa laportista. Por tanto, ese es un entorno mayoritario y dominante que, por más evidencias, sospechas o trastadas que pueda cometer a actual directiva azulgrana, no sólo va a seguir dándole cobertura y silenciando sus fechorías, sino que seguirá castigando a la junta de ayer para tapar los escándalos de hoy.
Cuando, por ejemplo, estalló el Barçagate, la junta de Bartomeu encargó una investigación externa a PriceWaterhouseCoopers y desestimó las actuaciones internas de una compliance que, se sabía, en aquel momento conspiraba junto a otros directivos contrarios al presidente. Ambas decisiones fueron duramente criticadas por la misma prensa que ahora aplaude y destaca la reacción de Laporta sobre el caso Negreira limitada al anuncio de “investigación llevada cabo por abogados en contacto con el compliance”. No se sabe nada más.
O más bien se sabe todo, pero gracias a que los papeles de Football Leaks han desgranado al affaire entero con todos los detalles en tiempo y forma de los pagos del FC Barcelona durante 18 años a varias sociedades relacionadas con el clan Negreira. Cuando Laporta salga a dar explicaciones lo hará tarde, mal y de forma sesgada como lo viene haciendo desde su regreso a la presidencia.
Laporta aseguró en campaña electoral que no habría comisiones en el Barça si salía elegido y que, en todo caso, si las había se explicarían siempre a los socios. Por norma, como cuando también certificó querer y tener atada la renovación de Messi horas antes de echarlo, debe conjeturarse que acabará ocurriendo lo contrario de lo que afirma.
Cuidado, pues, con esa recurrente y sospechosamente reiterada sentencia sobre que “mientras yo sea presidente el Barça nunca será una Sociedad Anónima”, algo que todo su entorno sabe que será inminente.
Cuando Laporta quiera de verdad dar explicaciones va a necesitar invertir en ello varias horas si quiere abarcar todos los episodios pendientes, empezando por las comisiones (de 10 millones más o menos) generadas por los fichajes de Koundé, Lewandowski y Raphiña. También, si hubiera la voluntad de hacerlo, sobre la operación de Marcos Alonso, que estuvo estrechamente acompañado el día de su presentación por el hijo del presidente, Guim, socio en la vida real de un agente FIFA, Àngel Verdú, que trabaja para el agente del futbolista.
Está pendiente también dar a conocer las verdaderas condiciones del acuerdo con Spotify, confidenciales cuando se quiere y no conviene certificar que se trata de un acuerdo de patrocinio bastante por debajo del mercado de los grandes clubs de Europa, y de explicar la comisión de Darren Dein, el intermediario al que públicamente Laporta le dio las gracias en la asamblea extraordinaria de su aprobación.
Podría detallar, cosa que no hizo Laporta en su día, por qué pidió permiso para poder endeudarse por 1.500 millones sin concretar cómo, en qué condiciones y con qué propósito concreto. Consecuencia de esa ambigüedad hoy no existe financiación para el Espai Barça y si la hubiera sería sin el nuevo Palau Blaugrana.
No justificó tampoco las palancas en su auténtica dimensión ni ha aclarado esa plusvalía de 148 millones, que aparecerá y habrá que devolver tarde o temprano, ni por qué razón y con qué permiso vendió la mitad de Barça Studios, una productora de contenidos audiovisuales, a empresas especializadas en Fan Tokens, Metaverso y NFT.
Tan opacas fueron las asambleas para autorizar las famosas palancas que LaLiga le obligó a pasarlas por la asamblea ordinaria con debidas explicaciones y detalles relevantes. Gracias a eso se supo que, por ejemplo, los 100 millones de Mediapro no serán una realidad hasta 2027 y que sólo es casualidad que, de pronto, se le haya encargado a una empresa del mismo grupo un costosísimo proyecto de MiniMuseu del Barça en la Pista de Gel, coincidiendo con el periodo de las obras en el Camp Nou y el traslado del equipo a Montjuïc.
Igualmente, las asambleas telemáticas bloquean y niegan sistemáticamente la participación, la opinión y el propio voto de los socios como consecuencia de esa oscuridad y misteriosa logística con la que se convocan y desarrollan.
No hay tampoco, pese a que Bartomeu dejó firmado un acuerdo para entrar en el proyecto de la Superliga sujeto a su aprobación en la asamblea de compromisarios, forma de saber en qué medida y compromiso ha puesto Laporta al Barça y cuáles pueden ser las consecuencias. Un terreno peligroso en el que, cada día que pasa, aparecen nuevas evidencias de que los financieros de confianza del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dirigen y condicionan las decisiones financieras de Laporta en materia de venta de derechos de televisión y explotación del futuro Espai Barça. Hasta JP Morgan, el banco de la reforma del Bernabéu, se ha unido a esta fiesta madridista del futuro Camp Nou..
A la pregunta de por qué Laporta ha vuelto a frenar en seco, como en 2003, la gestión de la lista de espera de abonos que se reanudó en 2011 tras la llegada de Sandro Rosell, esta respuesta es sencilla, pues la directiva de Laporta siempre ha apostado por adjudicar las localidades liberadas cada año por fallecimientos o impagos a sus amigos y familiares. Otra cosa distinta es que quiera admitirlo y otra que los colectivos de socios anti-Rosell y anti-Bartomeu nunca denuncien este escándalo.
Por cierto, que, un poco ingenuamente, ese grupo de colectivos utilizados por Laporta para erosionar los mandatos del pasado, ahora en plena hibernación, despertaron de pronto para pedir, sin apenas hacer ruido, que la junta justificara la elección de la constructora Limak y en general saliera a ofrecer a todos los socios una actualización de la gestión del Espai Barça. Lo hicieron en reacción al alud de informaciones, tan preocupantes, sobre el giro de guión en diferentes aspectos del proyecto. La petición sigue guardado y olvidado en un cajón de la mesa de la vicepresidenta Elena Fort y a Laporta, si es que se ha enterado, le ha dado la risa.
