El laportismo promovió una sanción fantasma de la UEFA al Barça de Bartomeu

Otro intento fallido de criminalizar su gestión económica después de una auditoría, una 'due dilligence', un 'forensic' y un informe a la Fiscalía sin una sola prueba de que se haya cometido ningún delito económico o financiero

Josep Maria Bartomeu
Josep Maria Bartomeu

Las redes sociales y las webs de los medios especializados azulgrana más oficialistas se habían regodeado anticipadamente con la inevitable sanción de la UEFA al FC Barcelona por haberse salido del fair play financiero las temporadas 2019-20 y 2020-21. Las espadas mediáticas, afiliadas como los cuchillos de una carnicería antes de la matanza, estuvieron tan preparadas y ansiosas que, de un modo precipitado y compulsivo, empezaron a hacer correr la sangre contra la figura, la gestión y las cuentas de Josep Maria Bartomeu.

Esa era la consigna propagada desde la junta, primero negando el conocimiento de haber sido objeto de la apertura de ningún expediente por parte de la UEFA y, luego, viendo que el examen y el informe echaba la vista atrás, sobre el pasado, dedicándose a presumir y dar por hecho que si había sanciones contra el Barça de Bartomeu entonces eran del todo merecidas.

Tras el anuncio oficial de la UEFA, que hizo pública la lista de los clubs sancionados sin hacer ninguna referencia al Barça, se desató una especie de batalla campal en Twitter entre quienes se habían apresurado irresponsablemente a hacer correr la sangre y quienes aplicaron correctamente alguno de los principios básicos del periodismo, como es confirmar una noticia antes de difundirla.

La profesionalidad de los medios también podría haber ido más allá, desconfiando de antemano de según qué fuentes y de según qué canales proveedores de información con precedentes de falta de credibilidad y de manipulación, incluso difundiendo noticias falsas o con embustes. En bastantes casos no fue así, dando por hecho una multa de la UEFA al Barça por culpa de Bartomeu.

La UEFA, finalmente, oficializó sanciones de diferente cuantía a ocho clubs (Mónaco, Marsella, Besiktas, Milan, Juventus, Inter, Roma y PSG) por incumplimiento del fair play financiero la temporada 2021-21, y también trascendió que, inicialmente, el Barça no aparecía ni siquiera como investigado entre los 19 clubs a los que se había abierto expediente por operaciones atribuidas a la temporada 2021-22. Dio la sensación, entre el silencio colectivo de los medios y las pocas referencias a esa lista negra, una vez perdido el interés criminalístico contra el Barça de Bartomeu, que esa ausencia había causado una profunda decepción.

Nuevamente, la horda de medios laportistas, necesitada de esa caza y captura permanente de la gestión de Bartomeu, excitada desde la oposición cuando era presidente y desde a junta de Joan Laporta cuando esta llegó a poder, hubo de frenarse en seco y suspenderse, al menos por parte de aquellos que ya la habían anticipado con la idea de darse un festín.

Otra frustración, sin duda, para las decenas de periodistas que ya asistieron en verano de 2021 a la asamblea extraordinaria donde se sometió a votación el ejercicio último firmado por Bartomeu, la temporada 2019-20, pensando que el expresidente y su junta serían sometidos a un vergonzoso ejercicio de escarnio y de acusaciones públicas por esas irregularidades apuntadas por la nueva junta de Laporta en sucesivas entrevistas previas.

Llegado el día, sin embargo, el propio Laporta pidió a la asamblea aprobar unas cuentas que, certificadas por el auditor y por LaLiga, cerraban la puerta a una acción de responsabilidad.

Laporta recurrió entonces a la promesa de llevar igualmente ante los tribunales a la anterior junta a la vista de los indicios evidentes de actuaciones criminales y de haber encontrado cosas nunca vistas. La excusa fue la necesidad de darle tiempo al área jurídica para preparar las demandas y las querellas.

La expectación ante los resultados de la due dilligence también acabó en nada, lo mismo que la presentación y aprobación de los resultados del ejercicio 2020-21, irresponsablemente liquidados con 300 millones de euros de devaluación y de provisiones voluntarios que elevaron las pérdidas a 481 millones, un récord en la historia del FC Barcelona.

Eran presumibles, esperadas y lógicas esas pérdidas en una temporada con el Camp Nou, el Museu y las Botigues cerradas a causa de la pandemia y la inacción tanto de la Comisión Gestora como de la recién llegada junta de Laporta, obsesionada en agigantar, de forma imprudente y temeraria, el balance de un ejercicio del cual él mismo -y no Bartomeu- era el único firmante y responsable. Así salvó Laporta esa presión mediática contra la herencia, una ansiedad que él mismo había promovido con una evidente desproporción respecto de la realidad del club.

Fue entonces cuando Laporta y su equipo, en un último y desesperado intento, anunciaron que finalmente sería el resultado de un forensic; es decir, de una autoría extrema dedicada exclusivamente a encontrar irregularidades y delitos económicos y financieros, el definitivo empujón a Bartomeu y los suyos hacia la prisión preventiva.

Una investigación, sin embargo, a la que puso fin una cómica y deprimente rueda de prensa en la que Joan Laporta, desterrado ya el CEO Ferran Reverter, se rodeó de apoyos como el de Eduard Romeu, el patético vicepresidente económico, y el de un abogado de alquiler para evitar que el presidente metiera demasiado la pata. ¿Conclusión? Enviarle toda la documentación al fiscal provincial, según la versión oficial y embustera, para que le pusiera el cascabel al gato. En realidad sólo era una fórmula de escape mediática para no admitir que, ciertamente, después de rebuscar en todos los cajones y pasar todas las operaciones por el filtro de varios abogados penalistas no había ninguna fechoría que llevar ante la justicia.

Han pasado seis meses de ese envío exprés sin que la Fiscalía haya dado señales de vida. Puede que ni haya abierto el dosier, que lo haya archivado o que, por contemporizar y hacerse el simpático en el entorno azulgrana, haya prorrogado el plazo límite de sus actuaciones. Nadie lo sabe, sólo los destartalados y discretos servicios jurídicos del club, pues, aunque Bartomeu pidió al fiscal esos informes con la única finalidad de ponerse a su disposición para esclarecer cualquier hecho punible atribuido a su gestión, esta solicitud nunca obtuvo respuesta.

Lo mismo que los Mossos d’Esquadra tras filtrar a la prensa y a la jueza del Barçagate que habían encontrado evidencias de pagos, con dinero del club, a periodistas a cambio de buenas críticas y elogios a la junta. Bartomeu pidió a los Mossos ese informe, no esa conclusión sin pruebas aportada a la instrucción inútilmente, pero tampoco hubo respuesta por parte de un cuerpo de policía que se pone en ridículo a cada paso que da en esa instrucción fantasma, paralela y demostradamente tendenciosa.

Así funciona ese entorno del laportismo, fanático y sectario, casi por encima de la ley.

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