Esta vez ha sido el diario El País, desde la redacción de Barcelona, el que ha alineado y puesto en alerta al resto de la prensa catalana y española sobre el juicio del 17 de octubre próximo, la vista oral del llamado segundo caso Neymar, contra el ex-jugador del Barça, su familia y los dos ex-presidentes del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, todos ellos acusados formalmente de un delito de corrupción entre particulares y estafa ante la Audiencia Provincial de Barcelona.
La vista representa el tramo final de una gran pantomima judicial, otra más, autorizada y cobijada por la Audiencia Nacional en uno de esos alardes que acreditan el verdadero poder y perversidad de las llamadas “cloacas del Estado”. No es distinto del crimen sin castigo de la jueza Carmen Lamela contra Rosell, del acoso y derribo contra la familia de Ramon Cierco o el cerco mediático y empresarial contra la también ex-directiva Susana Monje, los tres precedidos de escenarios procesales aterradores y de una coreografía mediática condenatoria que al final han resultado ser un montaje y el fruto de conspiraciones y de maquinaciones de personajes cada vez más identificables, gracias a los audios y revelaciones del otro lado menos oscuro de la prensa.
No es menos pavoroso y espeluznante que el almuerzo de la semana pasada en Madrid en el que, a lo largo de dos horas de tranquila y afectuosa charla de amigos, coincidieron el empresario catalán Jaume Roures, propietario de Mediapro y del periódico Público, el ex-comisario José Manuel Villarejo, la periodista catalana Mònica Terribas y el abogado del ex-policía, Antonio José García Cabrera. Al parecer, según ha desvelado TheObjective, para tratar el frente abierto por los contenidos alarmantes de las reuniones de Villarejo con el periodista Antonio García Ferreras.
Para el barcelonismo, la cordialidad de este encuentro, asociada a otros hechos y episodios ya admitidos por Villarejo contra directivos del Barça de la época de Rosell sugiere claves y conexiones que se irán desvelando, conociendo y confirmando con el paso del tiempo, pero sobre todo apunta la posible identidad de los enemigos que desde el entorno contrario al ex-presidente azulgrana, desde Barcelona, han venido instigando esa persecución de la que forman parte no sólo los juicios de Neymar con la excusa y el amparo de la ‘Operación Catalunya’. Una caza policial y política que curiosamente nunca roza ni afecta a los amigos Roures como Joan Laporta, por muchas fechorías y trastadas cometa.
El primer caso Neymar ya puso de manifiesto que, para su desarrollo procesal, fantasmagórico, era necesaria la connivencia entre el poder de las sombras del Madrid más rancio y la maquiavélica participación del entorno de Laporta, a través de uno de sus abogados de confianza, Xavier Albert Canal. Sólo así, con la imprescindible colaboración de los tentáculos del palco del Bernabéu, fue como se le abrieron las puertas de la Audiencia Nacional a la denuncia de un socio del FC Barcelona, Jordi Cases, que hasta se vio obligado a verse y comprometerse con el sindicato Manos Limpias para blindar una querella inicialmente introducida, con calzador, por apropiación indebida, falsedad documental y otros delitos mutantes hasta que entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado no tuvieron otro remedio, por insuficiencia de pruebas y de indicios, que sostenerla sobre un presunto delito fiscal.
Que Hacienda hubiera validado, certificado y aprobado en su día la operación del fichaje de Neymar no fue obstáculo para que, a petición de la Abogacía del Estado, la administración tributaria se personara en la causa como perjudicada en un caso en el que la propia Audiencia Nacional hubo de declararse incompetente después de todo. Las instrucciones de la Audiencia Nacional a la Provincial de Barcelona fueron claras, en el sentido de dictar un auto de juicio oral que obligaba al Barça a ‘congelar’ de su tesorería los 90 millones reclamados por la Fiscalía en tanto no se produjera una sentencia firme, quizá al cabo de cuatro o cinco años.
La directiva, aunque convencida de la inocencia del club en la operación, pues en ningún momento se imputó ni a Sandro Rosell ni a Josep Maria Bartomeu por más que la prensa repita esa mentira tendenciosa, decidió aceptar un trato, pagando poco más de 3 millones al fisco, considerando que los 40 millones pagados en su día al representante del jugador por anticipar la venta de sus derechos federativos debieron tributar como salario.
Una barbarie judicial, pues cuando se abonó ese dinero Neymar aun jugó dos temporadas más en el Santos de Brasil, pero que puso fin con el menor daño colateral posible para el Barça a esa encerrona jurídica tramada desde el entorno de Laporta en contra de la gestión de Rosell y de Bartomeu.
Para entender este segundo juicio, que también viene promovido desde la misma conjunción de fuerzas telúricas del entorno azulgrana opositor a Rosell y Bartomeu y de los poderes filomadridistas capaces de mover los hilos en la trastienda de la Audiencia Nacional, debe considerarse que la querella se abrió paso de la misma forma, en cuanto hubo la certeza procesal de que ni Rosell ni Bartomeu podían ser condenados en el primer juicio.
La perversa, sectaria y manipulada información de El País, configurando un panorama judicial que deja entrever la existencia de una sospechosa y oscura trama urdida por Rosell y Bartomeu para engañar a DIS, propietaria en su día del 40% del pase de Neymar (el otro 60% pertenecía al Santos y, como socio mayoritario, podía decidir el futuro del jugador), al Santos, a Neymar y a toda su familia, incluida la madre del delantero, no tiene otro propósito que el de volver a malear las figuras públicas de ambos ex-presidentes con el mismo ruido mediático del primer juicio.
La omisión de las sucesivas incidencias judiciales y de un enfoque objetivo de El País son la razón de que el resto de la prensa se haya abonado a esta misma presentación de unos hechos susceptibles de interpretarse objetivamente de un modo bastante distinto, pues, para empezar, el juez José de la Mata, del juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, resolvió por dos veces su archivo por falta de indicios delictivos.
Fue la Fiscalía quien decidió que De la Mata dictase auto de juicio de forma tan autoritaria que el propio juez instructor, además de obedecer como es su obligación, dejó escrito en el auto que se daba por imposición del fiscal y en desacuerdo a su criterio como responsable instructor.
Lo que reclama DIS es su parte, el 40%, de ese pago de 40 millones declarado y tributado como salario por la sentencia firme de la Audiencia Provincial del primer juicio. Sin duda, una reclamación esperpéntica cuanto menos. Por entender que fue víctima de una estafa, pues el Santos le liquidó legalmente su parte por el traspaso que pagó el Barça de 19 millones en total por los derechos federativos, DIS demanda 150 millones y penas de prisión para todos los acusados.
Parece evidente que el Barça solo podía acordar un traspaso con el único poseedor legal de los derechos federativos de Neymar en aquel momento, el club Santos, con independencia de si el 40% de ese transfer, por un contrato interno con DIS, perteneciera a un tercero, extremo que DIS nunca ha discutido.
Por otra parte, sobre el pago ya sentenciado como salario de 40 millones, cobrado por el padre de Neymar, parece evidente que no fueron a parar al Santos y que, por tanto, quedaron fuera del negocio del traspaso federativo a favor del club brasileño. Y aun mucho más claro parece que el Barça hubiera de negociar nada con DIS ni que los contratos suscritos en su día con Santos y el entorno del jugador le comprometieran a ajustar con dicha sociedad ningún aspecto legal contractual.
Resulta evidente, y así lo interpretan los abogados de Rosell y de Bartomeu participantes en el primer y segundo juicio, que DIS ha podido abrirse paso a través de la Audiencia Nacional, de nuevo declarada incompetente tras admitir a trámite la querella, gracias a que la Fiscalía ha discrepado del juez instructor, José de la Mata. Su postura haciendo constar que se le obliga a dictar auto de juicio es también algo inaudito en la judicatura como lo parece el propio caso una vez puesto en su verdadero contexto.
