Ciudadanos denuncia en el TSJC el incumplimiento de la sentencia del 25% en castellano

El partido señala al consejero Gonzàlez-Cambray y otros cuatro cargos de Educación por prevaricación

El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa

Ciudadanos (Cs) ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y otros cuatro organismos del Departamento por lo que considera un incumplimiento de la sentencia que obliga a las escuelas catalanas a dar el 25% de las clases en castellano. En declaraciones a los medios, el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha asegurado que «la consejería no sólo no ha hecho nada por cumplir la sentencia, sino que ha estado trabajando e impartiendo instrucciones y consignas para evitar que se cumpla».

Según ha explicado Carrizosa, además de Gonzàlez-Cambray el partido también señala en la demanda a la secretaria general de Educación, Patrícia Gomà, a la abogada jefa de la asesoría jurídica del Departamento, Susana Marín, el subdirector general de plurilingüismo, Andreu Freixes, y la subdirectora general de Inspección de Educación, Núria Martín, a quienes acusa de prevaricación «por el concierto que tienen para evitar» que se aplique la sentencia del 25%. El líder de Cs ha advertido de que, además, podrían denunciarles por desobediencia si no la acatan cuando se pida su ejecución.

Carrizosa ha pedido la dimisión del consejero de Educación y ha responsabilizado también al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. En referencia al acuerdo alcanzado por ERC, Junts, el PSC y los comunes -del que los posconvergentes se desmarcaron horas después- ha manifestado que lo considera una «engañifa» y ha acusado al líder socialista de «salvar la cara del separatismo»: «Salvador Illa está santificando conductas delictivas que vulneran derechos«.

En la misma línea, este fin de semana Carrizosa ha cargado contra el PSOE y Podemos por estar «entregados con los brazos abiertos a los partidos independentistas» siendo los partidos que gobiernan España. «Es una vergüenza que, por la puerta trasera, estén desautorizando una sentencia que ampara los derechos de las familias», ha considerado, afirmando que la «reforma que se pretende hacer en la ley no dice que se garantice el 25% mínimo de español en las aulas, por tanto, es otro nuevo engaño».

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