Los dos socios de Gobierno de la Generalitat –ERC y Junts– han llegado a un acuerdo con el PSC y En Comú Podem para modificar la ley de política lingüística de 1998 y blindar así el modelo de inmersión lingüística. Según ha avanzado la cadena SER, las cuatro formaciones registrarán este jueves la proposición de ley, justamente el día antes de que acabe el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio al Govern para ejecutar la sentencia del 25% de castellano en los centros educativos.
El texto consensuado plantea que el catalán sea «la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular» y que el castellano se emplee «en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro», por lo que el uso de un idioma o otro estará determinado por el contexto de cada escuela y por cómo evolucione el aprendizaje. La modificación ha sido consensuada por casi todos los grupos parlamentarios que forman parte del Pacto Nacional por la Lengua a excepción de la CUP, que ha presentado su propia proposición de ley.
Los anticapitalistas pretenden que el catalán sea «la única lengua vehicular y de aprendizaje». Según ha explicado el diputado cupero Carles Riera, la propuesta del partido se basa en los datos del Centro de Estudios de Opinión (CEO), los cuales revelan que sólo el 21,6% de los alumnos emplean la lengua catalana de forma preferente en la escuela. La idea de la CUP es que cada centro se adapte a su realidad sociolingüística sin que el catalán deje de ser predominante.
«El TSJC, avalado por el Tribunal Supremo, decide en una sentencia que obliga no sólo al 25% del uso, sino que pretende imponer que el catalán y el castellano sean los dos vehiculares. En un contexto de regresión de la lengua catalana en las aulas no podemos permitirlo», ha manifestado Riera.
