El Ayuntamiento de Barcelona, el Gobierno de la Generalitat y los municipios implicados en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) iniciarán una «cadena de recursos de casación» como respuesta a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de anular la ordenanza que regula la ZBE. Así lo han anunciado este miércoles representantes del consistorio, de la Generalitat y del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en una rueda de prensa, después de reunirse para consensuar una respuesta conjunta a la sentencia del tribunal.
Según han explicado la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz; la concejal de Movilidad, Laia Bonet; el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia; el director general de Calidad Ambiental de la Generalidad, Marc Sanglas; y el director del Área de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Joan Maria Bigas, los primeros en presentar el recurso serán el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, que ya han recibido la sentencia del TSJC y disponen de 30 días para recorrerla.
Posteriormente, lo harán los cuatro municipios que también están incluidos en la ZBE -Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Hospitalet de Llobregat y Sant Adrià de Besòs- los cuales todavía no han recibido la resolución judicial. El consistorio barcelonés, el Ejecutivo catalán y el AMB pretenden demostrar así la «unidad de acción» que han acordado para defender la ZBE, normativa que aseguran que sigue vigente hasta que haya una sentencia firme, precisamente lo que las administraciones quieren evitar.
La líder de Urbanismo, Janet Sanz, ha considerado que la decisión judicial del TSJC «va contra el sentido común» y ha señalado que «incorpora más elementos políticos e ideológicos que jurídicos». En la misma línea, el director de Calidad Ambiental de la Generalitat, Marc Sanglas, ha afirmado que la sentencia «va en contra de lo que indican las autoridades europeas».
