Los continuos incumplimientos laborales de Glovo llevan a los trabajadores a una situación «insostenible»

Los repartidores se concentran frente a una oficina de la empresa para denunciar la precariedad que sufren

Concentración de trabajadores de Glovo frente a una oficina de la empresa

El personal de Glovo, en régimen de falsos autónomos pese a la entrada en vigor de la Ley Rider el verano de 2021, ha vuelto a las calles este martes para protestar ante una oficina de la empresa contra los continuos incumplimientos laborales. La concentración, convocada por los propios repartidores, ha contado con el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT, y ha tenido lugar en la calle Bac de Roda 81 de Barcelona.

Los riders han asegurado que viven una situación de «asfixia» porque trabajan como falsos autónomos y por las medidas que toma la empresa de reparto a domicilio. En este sentido, tal y como explica el comunicado emitido por CCOO, los trabajadores han denunciado «la aparición de un bot (programa informático) que adjudica pedidos» y que está causando «que muchas personas tengan que pagar 130 euros semanales por tal de trabajar y asegurarse un mínimo de pedidos». Además, el sindicato afirma que los repartidores deben pagar de su bolsillo la cuota de mantenimiento de la plataforma, la cual no ha servido para solventar los problemas de seguridad que presenta la herramienta.

Los trabajadores también piden a Glovo que deje de bajar «de forma unilateral» el precio que paga por pedido, y recriminan a la empresa que siga ampliando la plantilla de riders cuando sabe que no hay pedidos para todos y que muchos repartidores no reciben ningún encargo, afectando así a sus ingresos. CCOO señala que estos hechos provocan «que la situación laboral de las personas trabajadoras sea insostenible», hasta el punto de que muchas «han ido contrayendo importantes deudas con la Agencia Tributaria por el impago de la cuota de autónomos».

Los riders acusan a la empresa de imponer «condiciones abusivas» y reclaman que Glovo asuma las deudas que están contrayendo los trabajadores. También le exigen que cumpla la ley y que contrate a los repartidores, tal y como indica la sentencia del Tribunal Supremo que los reconocía como falsos autónomos.

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