El exministro de Sanidad y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha admitido este lunes ante la comisión de las mascarillas del Congreso de los Diputados que se reunió con Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. Según Illa, fue «una sola vez», y en este encuentro «le indicó cuál era el procedimiento» y le pidió «que se dirigiera a los técnicos» del Ministerio para presentar su oferta. El resultado, ha añadido, es que su equipo «no le compró nada».
«Este es el único contacto que he tenido con este señor», ha afirmado. Según Illa, todos los contratos del Ministerio durante la pandemia cumplieron rigurosamente la normativa, y se actuó de manera «prudente, responsable, diligente y eficaz» en la compra de material sanitario. El extitular de Sanidad también ha asegurado que los materiales se adquirieron a «precios muy competitivos en los mercados» y «sensiblemente inferiores a los otras administraciones y entidades españolas que estaban comprando en aquellas fechas».
Illa ha dado al Congreso un informe de 32 páginas sobre los contratos del Ministerio de Sanidad durante la pandemia que recuerda que los contratos superaron una doble fiscalización por parte de la Intervención General de la Administración del Estado. Además, según el documento, el Ministerio desplegó un sistema de control de calidad y seguridad que incluía inspección de documentos, verificaciones de calidad en origen, ensayos en el destino y un sistema de alertas con las CC. AA..
El exministro ha manifestado que «hoy, cuatro años después, sabemos que actuamos de forma correcta, a pesar de que hubo unos cuantos que se aprovecharon de aquella situación», y ha señalado que «el virus hizo emerger lo mejor de la sociedad española y lo peor de unos pocos, difíciles de detectar en aquellos momentos, para todas las administraciones». Illa también ha recordado que hace cuatro años «la prioridad era doblegar la curva y salvar el máximo de vidas posibles» en el marco de una «crisis sin guion» que cogió a todo el mundo «desprevenido». En este sentido, ha destacado que todos los países fueron a buscar este material fundamentalmente a China y paralelamente recibían «múltiples ofertas de particulares, empresas e intermediarios».
«Muchas de estas protestas eran hechas por oportunistas, con precios desproporcionados y algunas se consideraron intentos de estafa», ha recordado, y para canalizarlas «se establecieron buzones de correo» y se las sometió a un análisis «riguroso» de «solvencia, aspectos técnicos y precios». Gracias a este esfuerzo, según Illa, se pudieron cerrar las primeras compras seis días después de la declaración del estado de alarma, y en 20 días se cerraron 28 contratos de compra para el suministro de seis meses por un importe de 750 millones de euros.
