La decisión del Tribunal Supremo de confirmar la sentencia del TSJC que pide aplicar un 25% de clases en castellano de manera sistemática en todos los centros educativos de Cataluña desencadenó una avalancha de reacciones inflamadas, tanto desde el mundo catalanista e independentista, como desde los entornos constitucionalistas y de la derecha más españolista.
Pero quien se colocó en el centro de la polémica fue el consejero de Educación, Josep González-Cambray. Su airada reacción, como encajaba las críticas y su tono en las declaraciones han provocado un cuestionamiento interno, incluso dentro de las filas de ERC. A pesar de considerar acertados sus planteamientos y sus decisiones, su manera de hacer y de comunicar, en un momento de gran atención mediática, le ha hecho perder puntos ante el presidente y entre los independentistas.
