El ex-candidato a la presidencia del FC Barcelona, Toni Freixa, fue quien resumió más rápida y certeramente en un tuit la reacción sensata y preocupante a las propuestas de modificación de los estatutos que Joan Laporta dio a conocer ayer, al límite de lo que marcan los estatutos: “Suspender la aplicación del artículo 67 de los Estatutos sin una propuesta alternativa es el preludio de la SAD. Por tanto, pido a la junta directiva que reconsidere esta propuesta”.
Freixa alertaba del peligro de dejar en suspenso ese artículo aprobado en 2013 por iniciativa de la junta de Sandro Rosell que exige un equilibrio patrimonial y de pérdidas y mantener una determinada proporción de la deuda neta sobre el indicador del ebitda –máximo, el doble- para garantizar el control de las operaciones y evitar gestiones que pongan en peligro la estabilidad y el futuro del FC Barcelona.
En la práctica, la amenaza, además del incumplimiento de la ratio deuda neta-ebitda es tan palmaria como que una junta no puede presentar dos años seguidos pérdidas y, en todo caso, en el primer ejercicio con déficit debe someterse a un plan de recuperación sujeto a la aprobación de la asamblea. Como el propio Laporta admite en la proposición de esa disposición transitoria hoy resulta inviable, “inasumible” según el texto, comprometerse al cumplimiento de este artículo.
La apreciación del ex-candidato Toni Freixa parece más que razonable, pues la suspensión de ese artículo sin más le resuelve la papeleta a la junta de Laporta ya que pospone su reactivación “hasta la restitución del patrimonio neto positivo”, pero genera desde luego una incertidumbre y vacío en el tiempo.
Cuando se aprobó esta reforma en 2013, tampoco se daban las circunstancias para ser cumplida. Por eso se aprobó, conjuntamente, un plan de reducción de esa ratio de un cuarto de punto por temporada hasta su aplicación efectiva (máximo de deuda neta sobre el doble del ebitda) al cabo de varias temporadas.
En definitiva, que no sólo Toni Freixa -compromisario, por cierto- sino bastantes socios más puede que exijan o cuanto menos sugieran que esa petición de suspensión libre se reformule en forma de un compromiso de reducción gradual en las siguientes temporadas de su mandato, hasta 2026, de acuerdo con un plan de negocio sometido a la aprobación de la asamblea.
Solo así los socios pueden tener verdaderas garantías de un control y de la aplicación de unos determinados márgenes. Puede ocurrir, sin ningún tipo de normativa o límites estatutarios, que la deriva económica y financiera del club se descontrole aún más y tanto la deuda como las pérdidas se acumulen en los próximos años.
Alcanzado un determinado volumen, sin vuelta atrás, la única solución pasaría por capitalizar el club a través de un accionariado o bien dejar que un tercero compre la deuda a cambio de manejar las políticas financieras del FC Barcelona. Los socios dejarían de tener la co-propiedad y la capacidad de elegir a sus gestores y administradores.
La solución ofrecida por Laporta es la que más libertad de movimientos le da, absoluta, para enredar con las cuentas, gastar lo que haga falta y endeudarse infinitamente. También es la propuesta menos trabajada y de menos compromiso y responsabilidad. En su línea, ya demostrada en todos los frentes, tampoco tiene otro plan que no sea la patada hacia adelante.
Esta reforma estatutaria, por otro lado, manifiesta una cierta contradicción con su plan de aprobar dos liquidaciones, pues esa fórmula con a la que pretende librarse de las pérdidas del ejercicio 2020-21, le dejaría, según su propio plan, en condiciones de dar un resultado positivo. ¿Para qué, entonces, sugerir un cambio estatutario de esta naturaleza? Por la sencilla razón de que ni él mismo cree que esa doble liquidación pueda ser del todo legal. Si es así, el lío que se le viene encima con el aval aún es más complicado que todo lo demás.
