Carme Figueras, miembro del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), ha entrado hoy un escrito en el Registro de este organismo en el que pregunta»si la emisión de los dos documentales, y las posibles emisiones de seis, de la serie El judici, puede conllevar falta de equilibrio y de objetividad, y vulnerar las misiones de servicio público previsto en la Ley de Comunicación Audiovisual (LCA) y el Libro de estilo» de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA ). Figueras recuerda que el Pleno del CAC instó el 9 de enero de 2018 a TV3 a «que, en cumplimiento de las misiones de servicio público, y dado el debate político existente en la sociedad catalana, es indispensable que los documentales de autor o de tesis que emita, en su conjunto, respondan a más de un punto de vista y ofrezcan los diferentes posicionamientos de la sociedad catalana».
En el escrito, la consejera del CAC recuerda que la CCMA tiene «la misión principal de ofrecer a los ciudadanos el acceso a un conjunto de contenidos audiovisuales que garanticen el acceso a una información veraz, objetiva y equilibrada».
EL TRIANGLE informaba hoy de que en la serie El judici son entrevistadas 41 personas, 38 de las cuales son favorables a los planteamientos de la defensa de los condenados por el Tribunal Supremo y sólo 3 son críticas con ellos.
El judici se presenta como una producción de Jaume Roures, directivo de la productora Mediapro, que ha cobrado 440.000 euros por estos ocho capítulos. Al escándalo del coste de esta serie y de su parcialidad se ha añadido el uso de imágenes grabadas en las cárceles de las que se desconoce su autoría. El departamento de Justicia ha asumido hoy que las imágenes las ha grabado personal suyo, lo cual sería una irregularidad grave.
