El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentó el gobierno de España contra el Plan Estratégico de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea del gobierno de la Generalitat de Cataluña. El TC, en una providencia dictada este miércoles, ha ordenado la suspensión de la vigencia y la aplicación del acuerdo con el que se aprobó el plan, correspondiente al periodo 2019-2022.
El gobierno de España planteó un conflicto positivo de competencia después de que el gobierno catalán de Quim Torra se negara a modificar el contenido del plan, que según destacó la Moncloa omite toda referencia a la competencia del Estado en materia de relaciones internacionales. La decisión comunicada este miércoles por el Constitucional no supondrá el cierre de las delegaciones catalanas al exterior, que depende de otro procedimiento.
El Plan de Acción Exterior impugnado por el gobierno de España tenía como objetivo, según explicó el consejero Alfred Bosch en la presentación, lograr que Cataluña sea "un actor conocido y reconocido, con más presencia y más incidencia económica, social y cultural", así como un "referente de democracia, paz y solidaridad".
