1. El bajón de C’s, ha generado trasvase de voto hacia el PP. Voto que no se ha perdido por la ley electoral, que castiga a los partidos que no llegan a un umbral mínimo y premia a los que sacan más votos. Así el PP ha salido doblemente beneficiado.
2. Por otra parte, la abstención de muchos votantes de Podemos, que ha significado su desaparición de muchos gobiernos locales debido a la ley electoral, que establece un umbral mínimo para tener representación. Aunque algunos votantes de Podemos han votado al PSOE, otros antiguos votantes del PSOE, arrastrados por C’s han acabado votando al PP. Por lo general, la abstención de izquierdas ha sido superior, por el desgaste del gobierno, provocado por la campaña de desprestigio de la derecha.
3. En Cataluña la abstención ha sido distinta y ha recaído más bien en partidos independentistas, sobre todo ERC, que no ha tenido demasiado éxito en el gobierno de la Generalitat. El ciclo de dominancia del independentismo parece haberse agotado y el partido llamado a la alternancia política es el PSC.

Vistos los resultados, el Presidente del gobierno tomó la decisión de convocar elecciones generales al día siguiente de las municipales y autonómicas, tomando las riendas del debate político. Al mismo tiempo, para poder gobernar, el PP debe pactar con Vox en muchos municipios y autonomías, lo que evidencia la pérdida de derechos y libertades que esto significa para los ciudadanos.

Paralelamente, a la izquierda del PSOE los pequeños partidos parecen haber entendido la necesidad de presentarse juntos para asegurar la representación parlamentaria suficiente para poder influir en el gobierno. Esto introduce la posibilidad de que el voto a la izquierda del PSOE no se pierda como ocurrió en las municipales, pero Sumar podría no sacar votos suficientes en algunas circunscripciones, favoreciendo a Vox.

Todo ello ha cambiado de forma relevante el panorama político, donde el aspecto más importante para la derecha es conseguir que la izquierda no vaya a votar. Y la izquierda lo que debe hacer es ir a votar y dónde se vea la posibilidad de que se pueda perder el voto, se añada al mayoritario.

Por eso, retorciendo la realidad, el PP dice falazmente que Sánchez ha convocado las elecciones en julio para que la gente no vaya a votar. Quiere hacer creer al elector de izquierdas que no se debe ir a votar y al votante de derechas que vaya. Por otras razones, en Catalunya, algunos partidos independentistas promueven la abstención. Está claro que en el nacionalismo catalán puede justificar mejor su posicionamiento cuando trabaja a la contra, simulando que nada tiene que ver con España. Esto le posibilita el enfrentamiento y la crispación. Al igual que la extrema derecha española ha crecido cuando las opciones independentistas han sido fuertes.

Pero los que creemos en la democracia, en la libertad y en los derechos sociales sabemos que cuestan mucho de  alcanzar y mantener. No se puede bajar la guardia. En algunas cosas (que caben en los dedos de la mano) el gobierno de coalición se ha equivocado. Pero somos también conscientes de que con más de 200 leyes aprobadas era difícil no cometer algún error. Sabemos que han sido tiempos difíciles y sin embargo hemos salido adelante. Recordemos cómo se afrontó la crisis económica anterior, provocada por la especulación financiera y el gobierno de España del PP decidió transferir recursos públicos directamente a los bancos. Recursos que no evitaron los desahucios, ni el aumento del paro, ni la reducción de las pensiones, ni la pérdida de tejido industrial. Esto es lo que heredó el gobierno actual. Muy diferente a lo que ha hecho el gobierno de coalición, que ha estado al servicio de la ciudadanía y del tejido empresarial, de los trabajadores y pensionistas y en general de las políticas de cohesión social y de igualdad, amortiguando enormemente el impacto de la crisis financiera generada por la Covid, la guerra de Ucrania y la crisis energética.

Más que nunca, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ir a votar. Si es necesario, votar por correo. Rehuyamos los cantos de sirena de quienes quieren desprestigiar la gestión de gobierno. Más que nunca, vayamos a votar y seamos claros en el voto. La única forma de facilitar la gobernabilidad y el desarrollo de las políticas que favorecen a los más débiles es votar y hacerlo con la cabeza.

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En los últimos años hemos vivido el debilitamiento del estado del bienestar, con la descapitalización de la investigación, la sanidad, la educación, y el aumento de las desigualdades y la pobreza. Todo esto, a causa de los años de gobierno de la derecha y la crisis económica anterior. “El milagro económico” generado en la etapa de Aznar tuvo sus bases en la venta de empresas públicas y en una burbuja urbanística provocada por los cambios legislativos que permitían la especulación del suelo. Esto facilitó el aumento de ingresos en la administración, la urbanización desenfrenada, la corrupción y la falsa creencia que todos podrían acceder a una vivienda. Era pan para hoy y hambre para mañana. El tortazo nos vino sin colchón. De esa situación, los herederos de Aznar dijeron que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y nos vimos rescatando a la banca con nuestros bolsillos vacíos y a sus dirigentes marcharse con pensiones millonarias. “Rescate” que no tuvo contrapartida para los ciudadanos.

A principios de 2020, Pedro Sánchez consiguió formar un gobierno de izquierdas después de una moción de censura a Mariano Rajoy y dos procesos electorales. Todo, propiciado por la corrupción del PP, la escisión de la derecha y el soporte de los partidos nacionalistas periféricos que empezaban a participar en la política española, al albur de sus propios fracasos independentistas. Este país necesita cambiar su modelo económico, asentado en una deficiente industrialización, en la deslocalización de empresas, en la dependencia excesiva hacia el turismo y la construcción, y poco sostenible desde el punto de vista medioambiental. Además, es obvio que el despliegue del estado de las autonomías ha llegado a su fin y necesita que alguien lo empiece a ordenar. Trabajo ingente y complicado, con un gobierno que requiere de muchos actores para gobernar.

Casi sin tiempo para organizarse, la pandemia vino y mandó a parar. Sin embargo, el gobierno ha ido aprobando leyes importantes y dispone de presupuestos para acabar la legislatura. La pandemia ha puesto en el escaparate nuestras propias deficiencias y el gobierno ha introducido la cultura de la coordinación entre autonomías, imprescindible en un estado descentralizado con vocación de federal.  Ante una situación tan grave, se espera que una oposición responsable se comporte patrióticamente y arrime el hombro. Pero el PP no apoya ni proyectos de reconstrucción, ni leyes que amplían derechos ciudadanos, ni se presta a renovar órganos institucionales y se opone a cualquier propuesta relacionada con la pandemia o con el modelo territorial.

Por ende, ha utilizado el gobierno de Madrid para enfrentarse al gobierno español, hasta el punto de desarrollar un discurso que nos recuerda los movimientos nacionalistas independentistas periféricos. Ahora se habla del “procés” madrileño y Ayuso nos recuerda en actitudes e ideología a Torra.

El PP ha ganado las elecciones en Madrid con un discurso identitario y victimista, apelando a conceptos que ilusionan a una ciudadanía castigada por la pandemia. Pero la realidad es que durante dos años no ha aprobado más que dos decretos, uno de ellos para eliminar el permiso de obras para empezar a construir. A la larga, estos discursos devienen en falta de recursos para políticas públicas, desregulación y pelotazo, huida de empresas, empobrecimiento, aumento de las desigualdades y perdida de cohesión social.

En Cataluña, tras años de desgobierno, los partidos independentistas se pelean por el poder, sin cambiar sus relatos triunfalistas. En Madrid imitan el modelo y ponen rumbo a Ítaca sin apercibirse de que a los de aquí el barco ya se les hunde, aunque el mástil aún flote y los que miran desde la costa aún no lo noten y todavía no sepan que ni siquiera Ítaca existe y que no hay rumbo que mantener.

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Las elecciones, caracterizadas por una elevada abstención, dieron la mayoría de escaños y votos al PSC. Vox entró por primera vez en la Cámara catalana y los demás partidos fueron gravemente castigados por las urnas. Lo más relevante fue que ERC, por primera vez en 90 años, tiene la opción de gobernar Cataluña y sacarnos de dudas de si es realmente de izquierdas; los resultados permiten alternancia democrática y ofrecen mucho juego si se sabe actuar con inteligencia.

Teniendo en cuenta el número de votos, del total emitidos, resulta lo siguiente:

Pacto de izquierdas (PSC, ERC, ECP): 74 escaños, 51,19% de votos y 417.769 votos perdidos.

Pacto independentista (ERC, JxCat, CUP): 74 escaños, 48,05% de votos y 718.644 votos pérdidos.

Es obvio que, a igualdad de escaños, el pacto de izquierdas tiene más legitimidad democrática: supera en más del 3% en votos al pacto independentista, e incorpora a la formación ganadora de las elecciones, el PSC. Des del punto de vista tendencial, pierde 300.000 votos menos que la segunda opción y ofrece más oportunidades para resultar exitosa y estable por estar en sintonía con el pacto que existe en el gobierno de España. La otra, en cambio, insiste en repetir lo que ya fue un fracaso y es difícil obtener estabilidad entre socios antisistema alejados ideológicamente, cuyo nexo es la independencia, pero con visiones encontradas de cómo llevarla a término y con un modelo de futuro sin concretar.

Pero, hasta ahora, no parece haber buenos mimbres. El 12 de marzo se constituyó la Mesa del Parlament, que además de no representar la pluralidad de la cámara, es la mejor opción para impedir que se gobierne de una forma efectiva y razonable, incluso desde una óptica independentista. Y el 26 de marzo se realizó el primer debate de investidura, tan fallido, que JxCat aseguró que tampoco le darían oportunidad a Aragonés en una segunda vuelta, que a su vez se presentaba a la investidura con un acuerdo con la CUP que lo someterá a una moción de confianza al cabo de dos años. Empezamos mal…

Cataluña necesita recuperarse de los traumas que ha vivido:  crisis económica, corrupción del partido de referencia del periodo democrático de Catalunya, reducción drástica del estado del bienestar al tiempo que se fomenta la administración clientelar de lo público, proceso independentista basado en el fomento del odio y la confrontación, pandemia dudosamente gestionada y crisis económica derivada de todos los procesos anteriores. De todo ello, nos venden discursos de “pasar pantalla”, en un intento de malos gobernantes, de escurrir el bulto.

Los resultados en las urnas abren la posibilidad de reconstruir la salud económica y el bienestar ciudadano, posibilitan la negociación para suavizar las condiciones de los lideres independentistas encarcelados o huidos de la justicia y sobre todo: permiten elaborar una propuesta de encaje de Cataluña en España, de cariz federalizante, al que la mayoría de los ciudadanos votarían positivamente en un referéndum, según las encuestas de opinión del CEO, en cuanto al modelo de estado preferido para España en primera y segunda opción.

¿Por qué Aragonés opta por la peor de las opciones? ¿Se siente cómodo haciendo de trapecista en el filo de la navaja o le ha dado por practicar deportes de riesgo y emoción? Humildemente creo que el independentismo está atrapado en su propio patrón de pensamiento, que lo hará caer en los mismos errores una y otra vez. Desde ese relato bien construido a partir de falsas premisas sólo se puede salir volviendo al principio, cambiando los axiomas sobre lo que se construye todo lo demás, o mirando a vista de pájaro el laberinto. También podría servir un buen libro de autoayuda que incorpore lo que Edward de Bono llamó Lateral Thinking, que propone caminos distintos a los empleados por el razonamiento lógico tradicional, favoreciendo perspectivas novedosas para lidiar en un mundo complejo. Pero claro, para que resulte exitoso, se requiere cierto entrenamiento en este tipo de razonamiento.

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Paradójicamente, en esta batalla por el dominio del independentismo, los aparentemente más radicales y populistas que siguen manteniendo posiciones claramente fracasadas, son los que ya tuvieron mando en plaza y su oportunidad. Sus mensajes suenan a un “déjà vu”. ¿Acaso no se trata de demostrar quién es más pata negra y consigue más votos? En todo caso, no parece lógico que los demás partidos, después de las elecciones, les permitan gobernar, cuando lo único que han hecho es mucho teatro, degradar la economía y la convivencia en Cataluña, y conseguir que compañeros de viaje estén en la cárcel.

La polarización generada por el independentismo, trasladada al Parlamento catalán, no ha traído nada que valga la pena en muchos años. Asistimos a una confrontación permanente, poco constructiva, más anclada en la teatralización que en la política, que ha dado gobiernos poco proclives a gobernar para la mayoría de ciudadanos.

En los medios de comunicación, a rebufo de la política, cada vez que se publican nuevas encuestas vuelven a plantearse las mismas dos preguntas que llevamos 40 años repitiendo: ¿volverán a pactar las fuerzas independentistas y seguirán con lo suyo? O ¿será posible un tripartito de izquierdas? Quizás ni lo uno ni lo otro.

Entre la población, aunque el independentismo se haya empeñado en polarizar la situación, y haya conseguido alterar la convivencia, las encuestas siguen mostrando que los ciudadanos de Cataluña no se dividen en buenos y malos, fieles o traidores, independentistas o no. Muchos independentistas, según como, se vuelven federalistas. Los autonomistas se vuelven más centralistas o más federalistas y los federalistas pueden ser más autonomistas o más confederales. Algunos son más españoles que catalanes y otros más catalanes que españoles. ¡Cabezotas!: siguen dominando las identidades compartidas.

Por eso, parece más cerca del sentir ciudadano, la gama de matices que se está abriendo actualmente entre los partidos independentistas que el bloqueo de los últimos años. Y visto lo que está ocurriendo en el Congreso, dónde la izquierda no ha tenido más remedio que apoyarse en el nacionalismo dispuesto a pactar, en Cataluña podría pasar una cosa parecida. Es tiempo de garantizar un gobierno que priorice el bienestar de los ciudadanos ante la inanidad a la que nos conduce el independentismo, pero al mismo tiempo, necesitamos un gobierno capaz de pactar con las demás fuerzas políticas una salida al impasse en el que estamos. Un gobierno asentado en la realidad, aunque no en el inmovilismo. Un gobierno, básicamente de carácter social, que pueda acordar con el nacionalismo pactista salidas a la crisis que ha generado la unilateralidad de los más radicales. Una salida que tenga en cuenta a la mayoría del sentir ciudadano.

De estas elecciones saldrá un Parlament muy fraccionado, pero esperemos que sea capaz de sacarnos del impasse político en el que nos encontramos, capaz de buscar alternativas que generen mayor consenso y tenga posibilidades de entendimiento con el gobierno español.

Los resultados de las elecciones nos marcarán la senda del encuentro.

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Ya tenemos la cuenta atrás para las elecciones catalanas, y una vez más, ya empiezan a publicarse las previsiones de voto. Y volvemos a ver, cómo ha pasado siempre en la historia de nuestra democracia, que, aunque la mayor parte del voto no sea independentista, muy probablemente volverá a formarse un tripartito en este sentido.

Hay quién se consuela diciendo que también podría formarse un tripartito de izquierdas. Pero, ¡eo! Ya tuvimos uno, en tiempo de Maragall y Montilla, y todos tenemos el recuerdo de la falta de lealtad que demostró ERC hacia este tripartito. Porque aunque diga que es de izquierdas, sus intereses primordiales giran en torno al nacionalismo identitario y soberanista. Por tanto, la izquierda no pudo desarrollar una verdadera política de izquierdas, y siempre se vio salpicada de contradicciones y deslealtades. El resultado más palmario fue un estatuto que forzaba la situación, pero posteriormente, tras su paso por el TC, nadie cogió las riendas para proponer un verdadero cambio constitucional. Más bien al contrario, Artur Mas lo aprovechó para hacer una fuga hacia adelante para tapar la corrupción y los recortes que lo afectaban directamente.

Artur Mas sabía que arrastraría a los otros partidos, tradicionalmente más soberanistas que CDC, si él se mostraba decidido. El hecho es que desde que el proceso se inició, Catalunya se ha deteriorado de forma ostensible en muchos aspectos, y los partidos de gobierno se pelean y no son capaces de generar alternativas mínimamente constructivas.

Durante muchos años ha habido una parte importante de los ciudadanos de Catalunya que votaban en las generales y en las municipales, pero que no lo hacían en las elecciones a la Generalitat. Se han dado todo tipo de explicaciones para este comportamiento. Yo creo que una parte es consecuencia del desaliento. Una democracia funciona si hay alternancia en el poder entre los partidos que se presentan a las elecciones. En Catalunya no es así: con menos votos, la ley electoral da sistemáticamente más escaños al independentismo.

Según el IDESCAT, del total de 7.727.029 habitantes de Catalunya, viven en Barcelona 5.710.903; es decir, el 73,9% de la población catalana. Pero su peso específico en el Parlament es del 62,9%. Teniendo en cuenta que en Barcelona se concentra más voto progresista y es la que tiene más influencia dentro de España y en el mundo, la infravaloración de Barcelona perjudica a todos los ciudadanos de Catalunya.

Catalunya es la única comunidad que no tiene una ley electoral propia y usa la española. Pero la ley electoral española es un guirigay, puesto que no es ni federal ni deja de serlo. Si estuviéramos en un país federal, habría dos cámaras de representación. Una sería el Parlamento, donde estarían representados los ciudadanos (una persona, un voto, o casi) y otra donde estarían representados los territorios (con voto ponderado por territorios).

En España tenemos un Parlamento que no representa exactamente los ciudadanos, sino que protege las zonas rurales frente a las urbanas. Esto no se acaba traduciendo en políticas de protección a las zonas rurales, sino en un conservadurismo mayor. Por otra parte, el Senado vuelve a ser una variante de lo anterior. Como coletilla, la jurisdicción electoral es la provincia y no la comunidad autónoma. Esta ley, en España, hace que la población española sea más progresista que sus gobiernos, y que el Senado no ejerza competencias de redistribución entre territorios, y de coordinación y cogovernanza.

Trasladada a Cataluña, la ley electoral es un desastre, puesto que la alternancia política es inverosímil. Si a esto añadimos la apropiación descarada que ha hecho el independentismo de las instituciones catalanas, después de tantos años en el poder, hace que a muchos ciudadanos les dé la impresión de que no vivimos en una democracia. Esto no tiene solución desde Catalunya, puesto que no habrá nunca un Parlamento catalán que pueda votarlo. Sólo se puede hacer desde el Parlamento español, cambiando una ley electoral que diferencie claramente las dos cámaras, tanto en cuanto a representación ciudadana, como en cuanto a la representación territorial, que tendría que ser la comunidad autónoma.

Con sólo que la ley eliminara la provincia como jurisdicción electoral, las izquierdas federales ya podríamos ganar las elecciones en Catalunya.

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Hay quién se consuela diciendo que también podría formarse un tripartito de izquierdas. Pero, ¡eo! Ya tuvimos uno, en tiempo de Maragall y Montilla, y todos tenemos el recuerdo de la falta de lealtad que demostró ERC hacia este tripartito. Porque aunque diga que es de izquierdas, sus intereses primordiales giran en torno al nacionalismo identitario y soberanista. Por tanto, la izquierda no pudo desarrollar una verdadera política de izquierdas, y siempre se vio salpicada de contradicciones y deslealtades. El resultado más palmario fue un estatuto que forzaba la situación, pero posteriormente, tras su paso por el TC, nadie cogió las riendas para proponer un verdadero cambio constitucional. Más bien al contrario, Artur Mas lo aprovechó para hacer una fuga hacia adelante para tapar la corrupción y los recortes que lo afectaban directamente.

Artur Mas sabía que arrastraría a los otros partidos, tradicionalmente más soberanistas que CDC, si él se mostraba decidido. El hecho es que desde que el proceso se inició, Catalunya se ha deteriorado de forma ostensible en muchos aspectos, y los partidos de gobierno se pelean y no son capaces de generar alternativas mínimamente constructivas.

Durante muchos años ha habido una parte importante de los ciudadanos de Catalunya que votaban en las generales y en las municipales, pero que no lo hacían en las elecciones a la Generalitat. Se han dado todo tipo de explicaciones para este comportamiento. Yo creo que una parte es consecuencia del desaliento. Una democracia funciona si hay alternancia en el poder entre los partidos que se presentan a las elecciones. En Catalunya no es así: con menos votos, la ley electoral da sistemáticamente más escaños al independentismo.

Según el IDESCAT, del total de 7.727.029 habitantes de Catalunya, viven en Barcelona 5.710.903; es decir, el 73,9% de la población catalana. Pero su peso específico en el Parlament es del 62,9%. Teniendo en cuenta que en Barcelona se concentra más voto progresista y es la que tiene más influencia dentro de España y en el mundo, la infravaloración de Barcelona perjudica a todos los ciudadanos de Catalunya.

Catalunya es la única comunidad que no tiene una ley electoral propia y usa la española. Pero la ley electoral española es un guirigay, puesto que no es ni federal ni deja de serlo. Si estuviéramos en un país federal, habría dos cámaras de representación. Una sería el Parlamento, donde estarían representados los ciudadanos (una persona, un voto, o casi) y otra donde estarían representados los territorios (con voto ponderado por territorios).

En España tenemos un Parlamento que no representa exactamente los ciudadanos, sino que protege las zonas rurales frente a las urbanas. Esto no se acaba traduciendo en políticas de protección a las zonas rurales, sino en un conservadurismo mayor. Por otra parte, el Senado vuelve a ser una variante de lo anterior. Como coletilla, la jurisdicción electoral es la provincia y no la comunidad autónoma. Esta ley, en España, hace que la población española sea más progresista que sus gobiernos, y que el Senado no ejerza competencias de redistribución entre territorios, y de coordinación y cogovernanza.

Trasladada a Cataluña, la ley electoral es un desastre, puesto que la alternancia política es inverosímil. Si a esto añadimos la apropiación descarada que ha hecho el independentismo de las instituciones catalanas, después de tantos años en el poder, hace que a muchos ciudadanos les dé la impresión de que no vivimos en una democracia. Esto no tiene solución desde Catalunya, puesto que no habrá nunca un Parlamento catalán que pueda votarlo. Sólo se puede hacer desde el Parlamento español, cambiando una ley electoral que diferencie claramente las dos cámaras, tanto en cuanto a representación ciudadana, como en cuanto a la representación territorial, que tendría que ser la comunidad autónoma.

Con sólo que la ley eliminara la provincia como jurisdicción electoral, las izquierdas federales ya podríamos ganar las elecciones en Catalunya.

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La justicia se nos aparece terriblemente lenta y tiene la virtud o la desgracia de alargarnos, en el tiempo, muchas de las situaciones que vivimos en su momento con marcada intensidad. Pero nos las vuelve a servir como plato frio cuando ya se nos empieza a diluir la calentura del momento. Así van cayendo, como fruta madura del árbol, una a una y lentamente las sentencias sobre el “procés”. Un día nos enteramos que la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a penas de 20 meses de inhabilitación a los miembros de Junts pel Sí (JxSí) en la Mesa del Parlament de Catalunya en la pasada legislatura, por permitir la tramitación de las leyes del “procés”, mientras ha absuelto a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, por no haber sido notificada en su momento. Al día siguiente, nos enteramos que  la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al mayor de los Mossos, José Luis Trapero, de los delitos de sedición y desobediencia por el golpe del 1-O de 2017.

Algunos dicen que  hay una causa general contra el independentismo, o que la sentencia de Trapero se contradice con la del Tribunal Supremo para con los líderes del “procés”, acusados de sedición. Otros acusan de traidor a Trapero, por no inmolarse envuelto en banderas, y ahora están pensando si le restituyen en el cargo o le retiran la palabra. Sea lo que sea, el conjunto de las sentencias contradicen la coherencia de dichas afirmaciones. Entre otras cosas, porque Trapero nunca fue un líder del “procés” sino más bien un funcionario de carrera más o menos afín a los políticos de turno.

Recuerdo la actuación que tuvo en los atentados de agosto, dando ruedas de prensa más propias de un político que de un policía y la paella que en agosto de 2017 saltó a la prensa, celebrada en Cadaqués. En la noticia, tuvimos ocasión de ver a Puigdemont, Rahola y Trapero, posando juntos como si fueran muy amigos y estuvieran de vacaciones en Hawái. Forzosamente, en aquel momento, establecimos una asociación de ideas, pero visto a distancia nos quedan las dudas sobre si no se trataba de una manipulación política (una más del independentismo), para hacernos creer que las fuerzas de seguridad de Cataluña actuarían a favor, en caso de declararse la independencia. Tampoco negaré que la actuación de los Mossos me pareció deliberadamente pasiva en la celebración del referéndum del 1-O, aunque quizás ello contribuyó a que la guardia civil rebajara el perfil a media mañana y al final no hubiera que lamentar ninguna desgracia.

La neutralidad funcionarial es una condición esencial del funcionamiento de la democracia, para que los políticos que se enfrentan en la pugna electoral, si ganan en las elecciones, puedan disponer de un aparato ejecutivo que les permita gobernar. Por eso, el acceso a un puesto depende de unas oposiciones y no de su afinidad ideológica a la estructura de mando. Pero la neutralidad queda comprometida cuando los empleados públicos no son funcionarios, sino trabajadores con contratos temporales, cuando la estructura está hinchada de personas afines al cargo, cuando no hay alternancia en el poder de los diferentes partidos políticos, o cuando el trabajador sufre acoso (aunque sea con amenazas generales), se le impide promocionar o se le ignora en un rincón.

Hemos de recordar que 2017 fue un año difícil para los funcionarios. Sin ir más lejos, Lluis Llach, cuando era representante de JuntsxSi en el Parlament, en un acto organizado por Omnium Cultural en marzo de 2017, afirmó que el Govern actuaría contra los trabajadores públicos que no cumplieran la ley de “desconexión” o de la transitoriedad jurídica: “El que no la cumpla será sancionado”. Nadie lo desmintió ni se le permitió dar explicaciones en el Parlamento catalán.

La ley se aprobó a menos de un mes del referéndum del 1-O. Para aprobarla, se alteró el orden del día de la sesión del Parlament, se suprimieron los trámites reglamentarios y preceptivos para permitir de forma directa el debate y la votación. Según los jueces "la mayoría se sirvió para improvisar y articular “ad hoc” un insólito cauce en cuyo curso quedaban por entero a su arbitrio las posibilidades de intervención y los derechos del resto de los grupos y diputados".

Entre la aprobación fraudulenta de estas leyes y la celebración del referéndum hay que recordar los hechos ocurridos en la Conselleria de Economia, dónde la misma policía reconoció que la multitud era prácticamente incontrolable y el mismo tribunal define el 20-S como un alzamiento público y tumultuario y que el 1-O fue una “conducta sediciosa” que llevó a cabo una multitud de ciudadanos, atendiendo a los reiterados llamamientos de los condenados en aquel juicio y de otras personas y medios, que se apostaron en los centros señalados para la emisión del voto con el objetivo de hacer imposible el cumplimiento de la resolución del TSJC”.

Pues bien, ¿qué hace un funcionario acosado por sus superiores al socaire de una situación en la que se les hace creer que en un mes cambiará todo y que si no apoyan el golpe serán sancionados por el hipotético gobierno entrante? Si se opone a sus jefes expone su carrera o la continuidad de su trabajo y si no se opone igualmente la pone en riesgo porque está infringiendo la ley. ¿Qué hace el funcionario? Lo único que puede hacer: nadar y guardar la ropa.

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Paradójicamente, una jueza, magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona, ​​acaba de definirse sobre el manifiesto que subscribieron las universidades catalanas en octubre del año pasado, en relación a la condena de la declaración del referéndum ilegal del 1-O en el que, entre otras cosas, exigían la inmediata puesta en libertad de los presos, denunciaban "la deriva autoritaria" de los poderes del Estado y reivindicaban la autodeterminación de Catalunya. La justicia es clara: la declaración vulnera el derecho en la educación, a la libertad de expresión y a la libertad ideológica. "La universidad forma parte de la administración pública y no es una institución de representación política. Por tanto, está sometida al deber de neutralidad y este deber implica que la universidad no puede asumir como propia una posición política determinada, y tanto menos cuando esta posición es manifiestamente contraria a los valores y principios del ordenamiento jurídico vigente".

Esta contradicción aparente con lo que realmente piensan los rectores no es más que la expresión de la presión extrema que ha ejercido el independentismo sobre las instituciones y el tejido social, forzando a definirse a favor de su propia ideología. La presión ha triunfado temporalmente, por miedo de muchas personas a expresar la opinión contraria. En este sentido, algunos rectores universitarios han estado haciendo equilibrios entre posiciones, durante años, entre la presión de algunos y la incomparecencia de los otros. Es obvio que la Universidad, por definición, tiene que ser plural y que el fanatismo de la señora Paluzie se aviene mal con la libertad de expresión y que la sentencia pone las cosas en su sitio, pero no deja de ser cierto que los rectores se han visto asediados y en la cuerda floja durante los difíciles tiempos que hemos vivido.

Esperemos que poco a poco, Catalunya recupere la expresión de su propia pluralidad y que la presión que hemos vivido durante este tiempo para poder expresar nuestras ideas con libertad, sin temor a ser insultados, agredidos o ninguneados, se vaya diluyendo. En este sentido, yo digo que sean bienvenidos los rectores que representen la pluralidad de nuestra sociedad, deseando que puedan evitar, en el futuro, la polarización ideológica en las universidades y el acoso del fanatismo excluyente.

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Sin duda, el independentismo significó la movilización de una parte importante de la gente en la calle (decían que las calles eran suyas), la fidelización hacia el grupo independentista en una movilización constante y participación en multitud de actos públicos y la desvinculación emocional con el resto de España. En el año 2018, ya se podían empezar a evaluar los estragos hechos por el final del proceso: juicios a los líderes, marcha de empresas, división social, no logro de los objetivos, etc. Pero la resaca en la población todavía era fuerte. En cambio, la pandemia ha significado todo lo contrario. La población se ha mantenido aislada, incluso de sus propios familiares, las preocupaciones se han desplazado de la política a la sanidad y posteriormente a la economía; los medios de obtención de información se han desplazado hacia los medios digitales y hemos visto a las diferentes CCAA reunirse por primera vez, para hacer frente colectivamente al problema común de la pandemia. En este caso, las calles estaban vacías. Un contraste, que sin duda ha enfocado las preocupaciones globales hacia otras materias y nos ha hecho reencontrarnos con nuestra propia individualidad. Hemos pasado de la preocupación de ver a los dirigentes independentistas en prisión a verlos con un pie dentro y otro fuera. Mientras tanto, vivimos el espectáculo del independentismo dividido  por la estrategia y el afán de protagonismo.

En el análisis del Barómetro, nos ha llamado la atención el cambio que ha habido respecto a los medios donde la gente se informa de las noticias políticas. En julio de 2018, el 42,2% de los encuestados lo hacía a través de internet y el 74,3% a través de la televisión. En cambio, en julio de 2020 el porcentaje de encuestados que se informan a través de internet ha subido al 53%, casi 11 puntos de diferencia. En este caso, las personas que continúan informándose por televisión es parecido en los dos casos y en 2020 ha subido dos décimas y es del 74,5. Posiblemente, el confinamiento debido a la pandemia Covid-19 ha incrementado las fuentes de información digitales. En cuanto al canal de televisión preferido, en 2018 un 47,1% preferían TV3 y en 2020 el porcentaje ha bajado al 43,6%. Esto es importante si pensamos que TV3 se una fuente importante de ideología nacionalista e independentista.

En cuanto al modelo organizativo y la relación de Catalunya con España, hay también una variación importante. Los porcentajes varían entre los dos años haciendo disminuir la polarización social, tanto en cuanto a un retroceso hacia una España regional, como en cuanto a la visión radical que significa romper amarras y separarse de España. En cambio, parece aumentar la preferencia por la consolidación del modelo autonómico y por un estado de cariz federal. En esta pregunta, además, parece que han aumentado ligeramente los dudosos.

Complementaria a la pregunta sobre el modelo territorial, el Barómetro de Opinión Política realiza la pregunta directa y polarizando sin matices sobre la preferencia o no de que Catalunya sea independiente. En este caso, también vemos cambios importantes: el porcentaje de personas que se decanta por el si a la independencia ha bajado un 4,7% y los que se decantan por el no a la independencia han subido un 5,6%. En esta pregunta, podemos decir que han bajado los dudosos y estos se han decantado, sobre todo por el no.

Se aproxima otro periodo complicado: una crisis económica muy fuerte; la pérdida progresiva de credibilidad de Catalunya; el descenso como motor económico de España y la amenaza permanente de un virus, todavía difícil de gestionar. Las siguientes elecciones catalanas podrían aumentar la percepción de que seguimos en un pozo que no tiene salida, si siguen mandando los mismos de siempre, o podrían significar una inyección de esperanza hacia unos cambios más positivos. En el marco de referencia: un gobierno de izquierdas y una Unión Europea que parece que se ha puesto las pilas para seguir haciendo camino todos juntos. Nosotros, descontextualitzados del marco general: Ya veremos como nos llega el otoño.

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Tradicionalmente, el modelo educativo de los partidos de izquierda en nuestro país ha ido encaminado a favorecer la igualdad de oportunidades entre españoles, y esto afecta a aspectos como la escolarización universal obligatoria y la duración de esta, una escuela pública de calidad, la no discriminación por género, el sistema de adjudicación de becas, los recursos dedicados al sistema educativo, y los valores que se transmiten a los futuros ciudadanos, especialmente relevantes en lo que se refiere a la educación en igualdad y a la educación en democracia.

Por contra, los partidos de la derecha han estado más influidos por la Iglesia católica, que hasta el siglo XX mostró una clara oposición a la instrucción de las mujeres, marcada por un rol social supeditado al del hombre. Esta influencia ha llegado hasta nuestros días, por el hecho de que durante siglos recayó en la Iglesia el peso de la educación. Así, en 1900, el 71% de las mujeres y el 55% de los hombres eran analfabetos. La escuela era segregada, los currículums diferentes, las maestras más mal pagadas y se les exigía menos preparación que a los maestros.

La llegada de la Segunda República ayudó a consolidar el derecho a la educación de las mujeres. Incluso habiendo heredado la carencia de maestras y de escuelas, se apostó por la escuela pública, la educación obligatoria, activa, unificada y laica. Se puso como objetivo la preparación de maestras, se mejoraron sus retribuciones económicas y se hizo un esfuerzo importante en la construcción de escuelas. Las maestras de la república transmitieron un modelo de mujer moderna e independiente y fueron decisivas para educar en la igualdad, la libertad y la solidaridad. Cuando en 1933 ganaron las elecciones los partidos de derecha, disminuyeron las plazas de maestras, se fomentó la enseñanza religiosa y se acabó con la coeducación.

Con la dictadura franquista volvieron a aparecer los comportamientos estereotipados. La segregación, y el fomento de la sumisión y un papel secundario. Volvió a adquirir importancia la enseñanza religiosa y se prohibió la coeducación. La Constitución del 78  reafirmó la voluntad de cambio de sistema educativo. Desapareció el modelo de escuela única nacional-católica y se pasó a un modelo de escuela democrática, fundamentada en los derechos y los deberes de los ciudadanos. Pero no fue hasta que en1984 el gobierno socialista estableció de manera obligatoria la escolarización mixta en los centros educativos que se abrió verdaderamente la vía hacia la igualdad de género.

En1986, a pesar de que el 77% de personas analfabetas eran mujeres, casi no había mujeres menores de 30 años analfabetas. En 1990 se aprobó la LOGSE, que significó la ampliación de la educación hasta los 16 años y se promulgó la necesidad de promover la igualdad en todos los niveles educativos. La coeducación estableció la necesidad de educar sin que haya dominio de un sexo sobre otro y se impulsaron políticas de igualdad.

Según la ministra de Educación, la nueva ley se fundamenta en la excelencia y busca la calidad educativa para todo el mundo, la equidad y la optimización de resultados para el conjunto de los alumnos. "Nadie puede quedar atrás", dijo Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra manifestó que el alumnado, sea cual sea el talento con el que entra al aula, tendrá que salir del centro educativo con el mismo valor diferencial. "No puede haber segregación en el acceso a los centros ni a la salida; no se puede discriminara  los alumnos en diferentes itinerarios, ni socioeconómicos ni de otra naturaleza", recalcó. Si esto es así, con esta nueva ley se sigue la historia, intentando una vez más que el sistema educativo ayude a disminuir las desigualdades todavía existentes en nuestra sociedad.

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La televisión nos trae escenas propias del cine de terror, como la incapacidad de algunas morgues para hacerse cargo de todos los fallecidos en nuestras propias ciudades. Y en otros lugares, las fosas comunes para los que mueren en plena calle, en países demasiado pobres o demasiado liberales, dónde lo público escasea por falta de recursos en el primer caso, o por razones ideológicas en el segundo.

El ministro de sanidad nos informa que por favor no vayamos a trabajar si tenemos algún síntoma, y si decidimos hacerlo que no olvidemos mantenernos alejados durante el trayecto, que aislemos la ropa al volver a casa y que no se nos ocurra besar a nadie. El enemigo podría estar en casa y la distopía se nos ha colado en las entrañas porque un Alíen viaja con nosotros de octavo pasajero.

En poco más de un mes, todo se ha puesto en duda y adquirimos conciencia de nuestras debilidades personales y sociales: de nuestros hábitos cotidianos,  de la sanidad, de la organización territorial, de la movilidad, de la producción y comercialización agrícola e industrial, de nuestro modelo económico, de nuestro nivel tecnológico, del papel de la ciencia en el mundo, de nuestras mutuas interdependencias, de si las pandemias son del sur, de si hay que legalizar a los inmigrantes ilegales, de si tenemos la mejor familia y vivimos bajo el mismo techo con la mejor compañía o de los problemas y ventajas que conlleva la globalización. Hasta nos entra duda de que realmente no seriamos capaces, si nos lo propusiéramos, de revertir la mala salud del planeta.

Nadie puede prever el futuro inmediato porque el virus es nuevo. Muchas medidas, arriesgadas, no darán sus resultados hasta dos o tres semanas más tarde y la toma de decisiones es profundamente arriesgada. Pero en este escenario dantesco, algunos oportunistas sacan pecho y el mundo se llena de profetas del pasado. Entre ellos, algunos políticos. Sale gratis acusar al gobierno de improvisación, de cometer errores, de ser culpable de los muertos, mientras crece exponencialmente la propagación del virus. “Dale caña al mono, porque es de goma”. Parece que también sale gratis realizar la guerra dentro de la guerra, como si de una quinta columna se tratase dentro de nuestras propias filas. Por si acaso se puede aprovechar el desgaste que forzosamente tendrá para quien tenga que dirigir la situación ante una situación tan grave e incierta como la que vivimos.

Y ante esto, escuchamos teorías de la conspiración, acusaciones de recentralización o que el ejército ha venido a otra cosa, porque parece que desinfectar es demasiado pueril para que pueda ser interpretado sin defraudar a la otra causa, mucho más noble que el hecho de enfermar. La paranoia llega a los extremos de creer que el color amarillo del cartel, los mensajes que contienen y el número de mascarillas que nos envían son mensajes subliminales para fastidiar. Fuera de nuestras fronteras, algunos gobernantes, sin prisa pero sin pausa, aprovechan para reforzar sus modelos autoritarios, como Viktor Orbán, primer ministro húngaro, que ha aprovechado la pandemia de COVID-19 para liberarse del control parlamentario y poder gobernar indefinidamente por decreto.

A algunos populistas se les desmonta el chiringuito, como al primer ministro británico Boris Johnson, que después de chulearle al virus, tiene que agradecer que le hayan salvado la vida en un hospital público, gracias a los cuidados de un enfermero portugués y una enfermera neozelandesa. Aún queda algún que otro nacionalista que con la boca pequeña asegura que mejor estaríamos solos y confunden el confinamiento con el cierre de aduanas. Y el norte europeo nos mira por encima del hombro, hasta que la genética del virus demuestre que ya corría por Italia y España, venido del norte, antes de manifestarse públicamente. Pero a mí me entra pavor de pensar qué sería de nosotros si en vez de este gobierno, nos gobernasen aquellos que sólo piensan en gobernar para sí mismos o aquellos que siempre piensan en desmantelar lo público y propugnan una sociedad que se caracteriza por el “espabílese quien pueda” que aquí cada uno va a lo suyo.

Pero a pesar del ruido político, la gente de la calle sabemos que ahora lo que vale es la solidaridad, porque desde el aislamiento y la individualidad no es suficiente. Yo saco a tu perro porque tú estás en Urgencias salvándonos las vidas. Sal al rellano que te voy a dejar un trozo de mi pastel, vecino al que antes ni saludabas, pero llámame, porque a veces me entra la tristeza, de pura soledad. Gracias, por coser mascarillas también para mí. También la solidaridad a lo grande: Sumemos equipos para cuidar, para desinfectar, para producir bienes, o para hacer avanzar los conocimientos a velocidad de crucero. Rememos todos, por esta vez, en la misma dirección.

Nos dicen que el mundo habrá cambiado cuando salgamos de esta. Quizás. Pero no sabemos cuándo saldremos ni tampoco sabemos hacia dónde cambiará.  Lo cierto es que la pandemia ha puesto de manifiesto que somos frágiles y que quienes intentan salvarnos están en la primera línea de lo público, que la ciencia podría tener la clave, que un país descentralizado está muy bien, pero que además tiene que ser coordinado, que nuestro modelo económico se derrumba, que no salimos de esta si no luchamos todos juntos para que los cambios no traigan más desigualdades y que somos capaces de bajar la temperatura del planeta si nos unimos para conseguirlo. Ya evaluaremos, a posteriori, nuestra historia más reciente, no para pelearnos, si no para apalancar nuestras defensas para el futuro.

Cuando todo esto se haya acabado veremos qué sistema funcionó mejor: un sistema que apuesta por lo público y se organiza de forma solidaria, o el que dicen de puro libre mercado. Nos acordaremos de aquellos que desmantelaron la sanidad, de los que aumentaron las desigualdades, de los que dicen que mejor estar por el negocio sin tantos alarmismos. ¿La Unión Europea será capaz de afrontar la crisis de forma coordinada? Si es así, la UE habrá dado un paso de gigante hacia su federalización. ¿Habrá surgido de nuestro modelo territorial, tan descentralizado la capacidad de coordinación?

La pandemia nos está enseñando claramente que necesitamos una organización que sea capaz de equilibrar la cohesión, con la flexibilidad y el acuerdo, la descentralización con la corresponsabilidad. También nos está enseñando que una sociedad fuerte, no es la que hace crecer el PIB pero al mismo tiempo aumenta las desigualdades entre sus ciudadanos o que contamina el planeta. Una sociedad fuerte será aquella en la que exista un equilibrio entre los actores que forman parte de ella y sea capaz de armonizar la pluralidad con la cohesión y de crecer disminuyendo las desigualdades sociales y aumentando las oportunidades de desarrollo para todos. Aquella que sepa crecer sin envenenarnos a todos. Aquella que se organice al margen de naciones y fronteras, aquella que se gobierne sin dejar a los ciudadanos desamparados.

Eso sí, cuando no esté el virus, no nos olvidemos del paraguas que nos protege del chaparrón cuando caen chuzos de punta. No nos olvidemos de a quien necesitamos para tirar adelante ni a quien no fuimos capaces de proteger.  Cuando no esté el virus, acordémonos de lo público y defendámoslo, cuando algunos, con cantos de sirena, lo quieran desmantelar.

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España tiene buena capacidad de reacción ante las catástrofes. Solidaridad no falta y todo el mundo se afana a achicar agua de los sótanos o a limpiar las calles y las playas, y hay algún alcalde que promete que cuando vengan los turistas, nuestras playas volverán a estar limpias y a tener arena. Está bien, pero … ¿Por qué hay edificios tan cerca de la mar? ¿Por qué se ha construido de forma tan prolífica en zonas inundables? ¿Por qué no se ha invertido a desviar algunos cauces? ¿Es sostenible que varias borrascas inunden varias veces al año las mismas casas?

Hay quien todavía niega el cambio climático. Pero muchos de los problemas que tiene el mundo ya no se pueden combatir ni explicar por si sólos.
Luchar para combatir la pobreza y las desigualdades también incluye luchar contra el cambio climático, porque este factor ya empieza a ser uno de los desencadenantes principales de problemas de supervivencia para amplios sectores poblacionales.

¿Qué pasa con una familia a quien cada dos meses se le inunda el comercio o la vivienda y pierde todas sus mercancías o muebles cada vez? ¿Qué pasa cuando todas las cosechas, una tras otra, se pierden por la sequía, el viento, el agua o la nieve? ¿Durante cuánto de tiempo una familia normal puede levantar la cabeza ante la repetición constante de circunstancias tan adversas?

El cambio climático nos traerá más pobreza y más desigualdades, más migración y más violencia si no invertimos en prevenirlo en una multiplicidad de frentes. El modelo especulativo de la construcción urbanística salvaje, la ley de costas, o una economía basada en el turismo de costa son tendones de Aquiles que nos hacen más frágiles ante el futuro.

Ejemplo de políticas pensadas para el corto plazo, que han traído más problemas que beneficios, fue la política liberalizadora del uso del suelo en época de Aznar con el ministro de Economía Rodrigo Rato, combinada con la flexibilización del mercado laboral y una ley de costas que no deja suficiente espacio entre el mar y la primera línea de edificios. Hoy en día sabemos que estas políticas aparentemente exitoses trajeron un boom inmobiliario sin precedentes, la pérdida de ahorros de toda la vida por parte de muchas familias y la pérdida de viviendas que con mucho sacrificio estaban comprando. En plena crisis, veíamos multiplicar los casos de corrupción urbanística y aumentar el consumo de productos de lujo, al mismo tiempo que aumentaba el riesgo de pobreza extrema. Las consecuencias negativas de estas políticas irresponsables tendrán más recorrido. Con las borrascas, visualizamos las consecuencias de construir en suelo anteriormente no urbanizable.

El gobierno actual tiene ante sí la responsabilidad de hacer política con mayúsculas, porque este país necesita repensarse en muchos frentes: gestión de residuos, modelo energético, gestión del urbanismo, reconversión industrial, arquitectura sostenible, prevención para la resistencia ante las catástrofes… Y más: en un país que vive del turismo y se industrializa en torno a las grandes ciudades, la mayoría de la población se ha desplazado al centro de la península y a nuestras costas. Esta emigración genera, a su vez, disminución drástica de los servicios y acelera la diáspora de los que apostaron inicialmente por quedarse.

Por eso, cuando oigo a la ministra portavoz Montero decir que hay que pensar en los trabajos que tendrán los españoles dentro de veinte años, al ministro de Fomento Ábalos hablar de inversión para la prevención, o a la vicepresidenta de Cambio climático, Ribera, hablar de reconversión energética, pienso que, a pesar del griterío, vamos por buen camino. Quizás porque cuando cabalgan, a los miembros del gobierno, les ladran al pasar..

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Una reforma de este tipo sería muy recibida por la población catalana, teniendo en cuenta que en la última encuesta del CEO, la mayor parte de la población pivota entre la voluntad de continuar con el Estado autonómico y un Estado federal. En cuanto al resto de España, es significativa la proliferación de asociaciones federalistas en varias comunidades autónomas cómo: Aragón, Cantabria, País Vasco, Andalucía, Madrid o País Valenciano, que se añaden a la catalana Federalistes d'Esquerres.

La CE del 78 permitió el desarrollo autonómico y la descentralización del Estado con mucha rapidez. Un viaje por España nos muestra visualmente los cambios de paisajes y la idiosincrasia de las ciudades. Se puede decir que gracias a la descentralización, la democracia ha llegado a la vida cotidiana de los ciudadanos.

El mapa resultante da a entender que no sólo Catalunya y el país Vasco tienen especificidades y el sentido de una personalidad propia. Otras muchas autonomías se añaden a este sentimiento: Andalucía, País Valenciano, Cantabria, Navarra, Canarias, etc. A estas alturas es baladí la discusión de si se tiene que hablar de un federalismo simétrico o asimétrico. Tendría que ser un federalismo que respete las diferencias que ya existen entre omunidades, pero con los mismos derechos básicos de todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan.

En la CE tan sólo se apuntan los rasgos fundamentales de la evolución de las autonomías. Su desarrollo nos ha dado los mejores años de nuestra historia, pero los problemas que tenemos descubren sus carencias iniciales, y hace falta su modificación. Por ejemplo, la falta de definición de las competencias (elemento clave de cualquier estado federal) genera irracionalidad en las transferencias y mucha conflictividad que se ha trasladado al Tribunal Constitucional. La financiación autonómica obliga a un permanente "toma y daca" por el reparto de recursos.

Los conflictos, inherentes a cualquier sociedad compleja, sufren de carencia de estructuras federales para ayudar a resolverlos, como es el ejemplo del Senado que se llama cámara territorial, pero que los mecanismos de elección de sus representantes la transforman en una cámara de segunda lectura. Tampoco tenemos estructuras transversales que permitan la colaboración entre CCAA. Así mismo, la CE ignora la pertinencia de España a la UE, puesto que en el momento en que fue hecha nadie se podía imaginar la historia que vendría.

No resolver los problemas que tenemos es la mejor manera de producir desafección y procesos de centrifugación. También és dar argumentos a los que querrían destruir nuestra democracia, que no son otros que los que hablan de patrias y se olvidan de la gente, de los nacionalismos de uno u otro sentido. Nacionalismos que querrían recentralizar y recorrer hacia atrás el hilo de la historia y nacionalismos que querrían que renunciáramos a parte de nuestra identidad, haciéndonos recorrer un camino que recuerda problemas de los siglos XIX y XX.

La cohesión territorial está en peligro en un país que se ha descentralizado mucho, pero se precisan elementos fundamentales que tienen los países federales, como es una cultura federal que no aceptaría que ningún representante de ningún territorio hable mal del conjunto y se proveería de herramientas para permitir la colaboración entre territorios y de mecanismos para resolver los conflictos.

Quizás ahora, con un Parlamento donde se ha incrementado de forma ostensible la representación de partidos regionalistas y los partidos de gobierno le han visto las orejas al lobo, les entre a todos un arrebato de responsabilidad, se decidan a poner manos a la obra y empiecen a hacer las reformas que necesitamos para reforzar nuestro sistema institucional.

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Acostumbrados como nos tienen los líderes independentistas a jugar con el lenguaje, a amenazarnos, a decir una cosa y exactamente la contraria en la misma frase, ya nos han avisado de que provocarán un "tsunami democrático", en cuanto al juicio de los políticos del proceso. Torra lo justifica diciendo que la sentencia del Supremo puede "agravar todavía más" la "desorientación y frustración" acumuladas por la "represión" del Estado. Es decir, reconocen que están desorientados y animan a destrozar indiscriminadamente todo el que encuentren a su paso, porque les sale democráticamente de la entrepierna. Animan a anticiparse a la sentencia con la no violencia y la desobediencia civil. Es decir, sea cual sea la sentencia, esta siempre será injusta.

Uno de los lemas de la campaña es: "Empieza la nueva oleada y eres protagonista de ella. Cambiemos el estado de las cosas. ¡Tú eres el tsunami!". Cómo cuando el 1-O de 2017 animaron a la gente a enfrentarse con la guardia civil en un referéndum declarado ilegal. ¡Venga! Embarquémonos e id, como el capitán Araña.

El 11-S tenía que ser el inicio de una gran respuesta del independentismo y la preparación de un otoño caliente. Según decía la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, antes de la Diada, el independentismo pasa por una situación complicada y los independentistas saben que hace falta que en la Diada haya una movilización masiva.

Masiva lo ha sido. Pero teniendo en cuenta que la sentencia es lo único que tiene el independentismo para movilizar a su gente, no parece que este sea un factor que haga mantener el clímax conseguido en otros momentos. En la manifestación de la Diada hemos visto una gran multitud sin dirigentes, como parodia de la realidad. La multitud, como siempre, muy organizada y uniformada, reunida en la plaza de España y preparada para no se sabe qué.

Han vivido durante años, intentando convencernos de que nada los podría parar, que saltarse la ley no tenía consecuencias, manipulando el lenguaje y mintiendo descaradamente, sin oposición crítica. Ahora piden la absolución.

Decían que había prisa, rehacían hojas de ruta continuadamente y afirmaban que la independencia estaba al alcance de la mano, porque sabían que con mentiras e imaginarios de futuro no se puede mantener mucho tiempo a las multitudes movilizadas.

Todavía recuerdo cuando, en mayo del2017, en una conferencia en Madrid para explicar el proceso, Carles Puigdemont dijo: «El Estado español no tiene tanto poder como para parar tanta democracia». En un ejercicio para generar desorientación, querían que nos creyéramos que saltarse la ley e ignorar al Parlament y a más de la mitad de la sociedad catalana era democrático. También querían hacernos creer que si no te alineabas con el independentismo, además de unionista o constitucionalista eras fascista y traidor a la patria.

Quieren hacernos creer que estamos en una sociedad dividida entre el independentismo y el unionismo, entre demócratas y fascistas, entre colonizados y colonizadores y no han dudado en decir que si no nos gusta ya podemos marchar. Para conseguir sus fines no han dudado en organizar comandos violentos que amenazan a quienes públicamente se declaran críticos con el independentismo. Todavía recuerdo que decían, cuando llegaron al máximo de seguidores que nunca ha tenido el independentismo, que tenían que ensanchar la base del independentismo. ¡Bonita manera de conseguirlo!.

La imagen que dejó la manifestación fue de desorientación y desaliento: asistencia por sentido del deber hacia la gran causa. Unos cuántos se manifestaban agresivamente y al margen de la gran manifestación, a la entrada del Parlament.

Ha llegado la decepción de unos líderes que no han sido capaces de reconocer que los Reyes Magos son los padres y que los sueños no se pueden transformar en esperanza sin tener en cuenta la realidad.

No serán capaces de recoger del suelo los vidrios que han roto. Así que los que no nos hemos dejado arrastrar por los cantos de sirena, tendremos que empezar a recogerlos. Tenemos dos soluciones: poner pegamento entre los pedazos que han quedado o diseñar un nuevo vaso del que podamos beber todos. Alguien ya dijo que cuando tienes una gran piedra en medio del camino que no puedes apartar, lo mejor es pasar por el lado.

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1. Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías
2. Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menor autonomía que en la actualidad
3. Un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad
4. Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad
5. Un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes

Una de las preguntas que podemos hacernos es ¿Cómo ha evolucionado la respuesta de los ciudadanos en el último año y medio? ¿Han influido en estas preferencias los hechos acaecidos en otoño de 2017 en Cataluña: con la aprobación en setiembre de las leyes de desconexión, la celebración del pseudoreferéndum del 1-O, la posterior declaración de independencia y la aplicación del artículo 155 de la CE?

Para hacer el análisis, hemos preferido simplificar los datos, agrupando las dos primeras respuestas como preferencia a centralizar y las dos últimas como tendencia a descentralizar el modelo territorial. La respuesta número 3 mantendría el statu quo actual.

Aparte de respuestas puntuales reactivas centralizadoras o descentralizadores, en líneas generales vemos que durante este tiempo ha habido una tendencia general a aumentar la valoración del estado de las autonomías; una tendencia inicial a aumentar la centralización, que parece haber disminuido hasta acercarse a los valores iniciales y una cierta disminución general de las preferencias hacia la descentralización. Quizás los ciudadanos estamos aprendiendo a valorar lo que tenemos, de ahí que la valoración del Estado Autonómico tenga tendencia a crecer, aunque esto no puede significar de ninguna de las maneras dejar de corregir aquello que nos parezca disfuncional.

Sin embargo, la pregunta no nos sirve para detectar lo que hay que corregir, porque no se relaciona con nada que lo concrete. Una persona de izquierdas tiene tendencia a contestar que hay que descentralizar, y una de derechas que hay que centralizar. ¿Centralizar o descentralizar para qué, por qué, el qué? Es obvio que hay competencias descentralizadas que requieren mejorar la armonización entre autonomías, otras que han sido transferidas de forma inadecuada o incompleta y algunas se aplican al margen de la ley, sin que nadie las recurra. Según en lo que nos fijemos más, o nos importe más, contestaremos a la encuesta, pero no resolveremos el problema de fondo.

Los españoles tenemos tendencia a enfocar los problemas des del punto de vista emocional o ideológico, lo que nos aleja del pragmatismo necesario para encontrar la solución.  

Los problemas territoriales son conflictos de poder y competencias. Quizás, para resolverlos debamos aplicar el principio de subsidiariedad que propugna el federalismo: las competencias debe ejercerlas el órgano que pueda hacerlo de forma más eficiente, porque no estamos hablando de cuestiones de fe, y al final lo que importa es dar un mejor servicio al ciudadano. A mi entender, deberíamos mantener las competencias básicamente como las tenemos, pero  modificando de forma pragmática lo que no acaba de funcionar. Por tanto, se trata de desbrozar los problemas, uno por uno y encontrar la solución que mejor cumpla el objetivo. A veces la solución implicará mejorar la coordinación, en otros casos implicará que el gobierno español coja las riendas del conflicto y en otros casos, que acabe de transferir y ordenar lo que es disfuncional porqué aún está a medias.

Es sencillo si cambiamos el prisma con el que analizamos las cosas. Es sencillo si aprendemos a no rasgarnos las vestiduras cada vez que un adversario realice una propuesta de solución. Es sencillo si nos convencemos que para negociar y establecer pactos, es imprescindible cuestionar nuestras posiciones iniciales. Es sencillo si en vez de mirarse al ombligo, los políticos miran al ciudadano.

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En un estado democrático, las leyes son las reglas del juego conseguidas mediante un pacto entre diferentes. En nuestro caso, la Constitución del 78 y todas las reglas que se derivan, incluidos los Estatutos de Autonomía. En su elaboración había personas de diferentes sensibilidades políticas, se discutió y se aprobó en las Cortes y fue referendada por todos los españoles. Este pacto es flexible y se puede cambiar siempre y cuando se sigan las reglas del juego para hacerlo.

¿Qué pasa cuando un grupo de personas organizadas decide apropiarse de las instituciones o utiliza medios situados fuera de las reglas del juego para conseguir que la sociedad sea cómo ellas quieren? Entonces se dice que estas personas tienen comportamientos antidemocráticos. Son ejemplos de comportamiento antidemocrático la utilización de la violencia o la unilateralidad, el uso de las instituciones con fines personales (lucro) o partidistas o para fines para los cuales no han sido creadas (conseguir la independencia utilizando municipios o autonomías), modificar las reglas unilateralmente, apropiarse de los recursos públicos o utilizar el engaño y la amenaza para conseguirlo.

Nuestra democracia (se considera avanzada) tiene mecanismos que protegen a las minorías, otorgando más representación a zonas menos pobladas y posibilita la agrupación de partidos pequeños para conseguir el gobierno. En parlamentos o consistorios muy divididos, donde varios grupos han obtenido representación y la lista más votada no obtiene la mayoría necesaria para gobernar, la lógica del pacto es la que posibilita la formación de las mayorías suficientes. Para pactar es imprescindible hacer uso de uno de los principios democráticos más importantes: el reconocimiento del adversario, de su propia existencia y del disfrute de los derechos que nuestras reglas le otorgan. El otro principio democrático importante es, sin duda, la lealtad. Un principio irrenunciable, al que se someten las partes después de haber llegado a un acuerdo, donde todos ganan o renuncian a algunas cosas.

En España, quizás debido a nuestra historia reciente, nos cuesta deshacer los dos bloques tradicionales: derecha-izquierda. Cuando no se obtienen mayorías suficientes esto obliga a pactar con los extremos del mismo bando y limita la capacidad de establecer pactos con los moderados del otro. Este hecho tiene consecuencias graves: el reconocimiento tan sólo de los míos aumenta la radicalización política y la introducción de mecanismos que podrían denominarse poco éticos para conseguir el poder, como la mentira y el insulto. También resulta grave y peligroso para nuestra sociedad el hecho que esta manera de hacer otorga más visibilidad y capacidad para situarse en las instituciones a los grupos más radicales, tentados de utilizar poco democráticamente las instituciones y deformando la verdadera representación de la composición social, además de propiciar la desafección de los ciudadanos más moderados.

Esta radicalización política puede acabar produciendo efectos sociales imitativos que afecten la convivencia. También produce un efecto no menos nocivo, como es la imposibilidad de llegar a acuerdos generales de gran calado que permitan mejorar el sistema del cual nos hemos dotado, como son la realización de cambios constitucionales importantes. Valgan estas ideas para establecer pactos de gobernabilidad entre las fuerzas políticas surgidas en las últimas elecciones, a las instituciones municipales, autonómicas y del Estado.

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En algunas sesiones del juicio que transcurre en el Supremo, ofrecido en directo, hemos tenido ocasión de escuchar declaraciones de algunos trabajadores y proveedores, los que se encargaron tareas para el desarrollo del referéndum ilegal del 1-O de 2017. Es fácil imaginar que muchos se vieron impelidos por sus propios jefes a ser colaboradores necesarios para la realización de actividades claramente ilegales. Trabajadores contratados de forma precaria, funcionarios que arriesgan su propia carrera profesional y proveedores que corren el riesgo de no recibir más pedidos, declaran en el Supremo manteniendo una posición que o parece ambigua o nos desconcierta.

Algunos testigos de la guardia civil coinciden en afirmar que el comportamiento de los Mossos para controlar las concentraciones ante las actuaciones judiciales o en el día del referéndum fue de pasividad, pero actuaron profesionalmente con posterioridad a la DUI. Es decir, cuando les cambiaron los jefes.

Es difícil imaginar que los gobiernos de CIU, que han gobernado la Generalitat gran parte de la época democrática y durante la cual muchos responsables políticos y el partido en el poder se han beneficiado de las empresas contratadas, no hayan tenido influencia en el comportamiento de los trabajadores: Sea en forma de participación activa, o de silencios disimulados. No hay que olvidar que el presidente que ha gobernado en Catalunya más años, Jordi Pujol, está imputado por corrupción junto al resto de su familia. A su delfín Oriol Pujol que por puro nepotismo tenía que ser su sucesor, acaba de concedérsele el tercer grado después de permanecer en prisión unos meses. Artur Mas, exconsejero en varios ejecutivos de Jordi Pujol, también exPresidente ha estado imputado y deshabilitado para gobernar durante dos años por haber convocado un referéndum ilegal y su partido tuvo que disolverse a causa de los múltiples casos de corrupción. Su sucesor, Carles Puigdemont está huido a Bélgica, con graves acusaciones relacionadas con la desobediencia, malversación, sedición y rebelión. Su sucesor, Quim Torra, no se considera así mismo legítimo pero tiene sueldo asegurado para el resto de sus días.

Desde hace años, el Palacio de la Generalitat ha liderado un proceso de degradación creciente durante el cual hemos dejado de ser el motor de la economía española y somos la comunidad con más deuda a pesar de tener atribuciones fiscales elevadas. Desde la Generalitat se alienta a grupos violentos y se subvenciona a medios de comunicación y asociaciones cuyos fines promueven la destrucción del sistema, ejerciendo de verdaderos activistas de la división social.

El mayor centro de interés de nuestros gobernantes es alentar profusamente la realización de trabajos manuales de color amarillo, con materiales contaminantes, atados a farolas, barandillas y balcones como si fueran obras maestras. La degradación es tanta que las disputas de lo público giran en torno a si estos trabajos manuales con objetivos de consoladores políticos deben llenar hasta el hartazgo las oficinas y fachadas de nuestras instituciones públicas. Dicen que eso es libertad de expresión.

Sin embargo, la libertad de expresión ha de ser para los ciudadanos. Cuando la libertad de expresión se ejerce desde el poder para la consecución de objetivos partidistas, utilizando las instituciones públicas y se impone a los funcionarios y ciudadanos, se transforma en abuso de poder.

A nuestros gobernantes, su propia mediocridad les impide distinguir lo real de lo imaginario. Torra, no sólo comete fraude por ni siquiera intentar gobernar para lo que ha sido elegido al frente de una administración para ejercer determinadas competencias, también por el hecho de estar más interesado en desviar la atención hacia hechos intrascendentes y generar conflictos sociales y políticos en vez de resolverlos.

Ejercer la democracia es también ser responsables como ciudadanos de no perpetuar en el poder a quienes no merecen ejercerlo.

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Torra, aparte de habernos entretenido con sus viajes a las prisiones y con sus visitas al Bonaparte huido que se aloja en Waterloo, lo único que ha hecho es participar y alentar rituales conmemorativos de los disparates independentistas del año anterior. Disparates por los cuales los líderes del proceso independentista han estado en la prisión durante este año y por los cuales a partir del día 12 de febrero se les ha empezado a juzgar. Ahora Torra nos amenaza con que el resultado del juicio cambiará las relaciones de Catalunya con España para el resto de la historia. La realidad es que estos rituales han pasado con más pena que gloria y nos recuerdan más al marketing que a la política. Marketing que sólo sirve para vender un farol, como diría Ponsatí.

Los representantes independentistas de ERC en el Congreso han presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de los presupuestos generales del Estado y el PDECat también se ha apuntado. Presupuestos que se empiezan a discutir el mismo día del inicio del juicio a los políticos responsables del proceso independentista. La excusa es pedir al gobierno un "gesto": nada más y nada menos que inste a la Fiscalía a pedir la liberación de los presos y que inicie una negociación bilateral sobre el derecho de autodeterminación al margen de la mitad del Parlamento catalán y de la mayoría del Congreso de los Diputados. A esto le llaman democracia.

La no aprobación de los presupuestos ¿perjudica a Catalunya? Sí. También perjudica que las empresas más importantes marchen de Catalunya en un goteo continuo desde que se declaró la independencia o que los presupuestos de la Generalitat no se dediquen a mejorar la vida de la gente. Los catalanes estamos acostumbrados a que nuestros recursos vayan a pagar el 3% de la corrupción de los partidos nacionalistas que nos gobiernan, a las embajadas difícilmente sostenibles y a los sueldos a cargos y asesores, amiguetes de la causa. Incluso sirven para subvencionar el aparato propagandístico de Tv3 y la prensa independentista. Esto viene de antiguo: Junqueras ya dijo hace años que no valía la pena hacer presupuestos autonómicos porque en un año ya seríamos independientes, o que si él se lo proponía, se podía parar la economía. Es decir, la economía entendida como recurso para mantener la tensión y no para mejorar las condiciones de vida de la gente.

En el Parlament, la oposición pregunta por las cuentas y los recursos o las políticas sociales. La respuesta es el silencio. En medio de la sinrazón, la farsa se desarrolla con fluidez. El Pequeño Nicolás fue invitado por Tv3 a presentar su nuevo proyecto político al programa Preguntas frecuentes. Este señor está pendiente de juicio acusado de falsedad documental, estafa en grado de tentativa y usurpación de funciones públicas y estado civil, además de estar imputado por revelación de secretos, soborno impropio, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Durante el programa lució el tradicional lacito amarillo, en apoyo a los independentistas presos, parece ser que convencido por Pilar Rahola. Argumentó que se lo había puesto porque él defiende la "libertad de expresión". Siguiendo fielmente los principios independentistas, parece que Tv3 está totalmente desorientada.

Se diría que de tanta propaganda falaz, ya no sabe hacer nada más que dar manotazos al aire. La realidad es que el independentismo no tiene ningún proyecto para Catalunya. Empieza la discusión de los presupuestos y el juicio a los presos y sólo hay que esperar que los grupos independentistas sigan con este principio tan nuestro que dice "embolica que fa fort". La tensión y el engaño les permitirán ir sobreviviendo".

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Nadie está contento. Los partidos de derechas se rasgan las vestiduras porque consideran que el gobierno está favoreciendo a los presos y más a la izquierda del PSOE se considera que los presos no han cometido delitos tan graves.

Hace tiempo que estamos convencidos que se trata de un tema político y no judicial y que desde el gobierno anterior no se ofreció ninguna alternativa política. Pero también es verdad que desde los sectores independentistas judicializaron el problema al saltarse la ley de forma estentórea para reforzar la política de los agravios y el victimismo, justificando la ruptura. Además de teatralizar, rompiendo públicamente las sentencias o notificaciones de los tribunales, y de verbalizar continuamente que no se iba a respetar la ley, desde el Parlamento catalán se aprobaron leyes de desconexión y se declaró unilateralmente la independencia de Cataluña.

Podemos pensar que este juicio no sólo no ayuda a la convivencia, sino que mantiene viva la tensión, pero también pensamos que tanto a los partidos nacionalistas catalanes como los nacionalistas españoles se esfuerzan por mantener vivo el conflicto. Las víctimas principales de la verborrea que se mantiene desde los sectores independentistas más radicales son, precisamente, sus presos. Les aconsejamos con humildad que, si realmente quieren conseguir que disminuyan sus costes personales, que sean discretos en sus exigencias.

Si se entiende que en una sociedad democrática, compuesta por ciudadanos libres, la política tiene que encaminarse a conseguir el bien común, resolviendo aquellos problemas que ponen en riesgo la convivencia y el desarrollo social, la realidad, es que hace años que vivimos anclados en la antítesis de la política. Asistimos ahora a la exageración, al insulto y la descalificación, sin importar si con ello desvirtuamos la democracia y la debilitamos de puro hartazgo ciudadano. Pero la salud democrática también tendrá que valorarse en su capacidad correctora de estas desviaciones.

En nuestros 40 años de democracia hemos asistido a una progresiva descentralización del estado. La Constitución del 78, abierta en muchos aspectos, ha permitido evolucionar a demanda de los propios territorios. Una constitución que muchos pensaron que podía considerarse federal, pero en algunos aspectos anda coja. Los estados federales, por definición son los estados democráticos más complejos que existen, porque facilitan la convivencia y la expresión de la pluralidad. Quiere decir que tienen que ser capaces de generar mecanismos que permitan la protección de las minorías y la resolución de los conflictos.

Nuestro sistema ha llegado al final de su desarrollo: hemos conseguido el sistema descentralizado y complejo que queríamos, dejando al descubierto los problemas que no hemos sido capaces de resolver y sin mecanismos para hacerlo. Ahora hay que generar estructuras transversales de codecisión, cámara territorial, mecanismos de arbitraje y mediación.

​Por eso necesitamos realizar una reforma de la Constitución en clave federal. Para ello, hay que dejar de hacer política cortoplacista. Quizás, el momento en el que vivimos, dónde nadie puede ser el ganador si no aprende a pactar, sea también un buen momento para hacerlo. En vez de crispar, es el momento de abandonar la eterna adolescencia y generar estructuras organizativas que ayuden a resolver los conflictos

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