Los letrados del Congreso de los Diputados han elaborado un informe en el cual rechazan la petición del Senado –donde el PP tiene mayoría absoluta- de parar la tramitación de la ley de amnistía y acusan a la cámara alta de pretender una «clara injerencia» en la autonomía parlamentaria. El documento, de catorce páginas, afirma que el Senado pretende «asumir funciones de fiscalización del funcionamiento interno» del Congreso que solo corresponden al Tribunal Constitucional (TC), y pide a la cámara alta que «desista» de mantener el conflicto institucional que ha planteado.
Según los letrados, el Congreso «ha actuado en el ejercicio constitucional y reglamentario de sus competencias» y ha seguido los procedimientos establecidos a la hora de tramitar la proposición de ley que se aprobó en la cámara baja el 14 de marzo. Además, advierten al Senado que las decisiones adoptadas por el pleno del Congreso y las votaciones del pleno del Congreso en el marco de un procedimiento legislativo «no son objeto idóneo de un conflicto de atribuciones».
En este sentido, los letrados advierten también al Senado que no puede utilizar este conflicto de competencias para paralizar el proyecto de ley y saltarse su obligación de tramitar la norma. Recuerdan que el Constitucional lo dejó claro en una sentencia de 1986, y por tanto, no se puede iniciar un conflicto de competencias entre órganos que solo busca plantear un recurso de inconstitucionalidad.
Los letrados también recuerdan que en 2005, cuando se tramitó la reforma del Estatuto de Cataluña, el PP ya intentó esta vía de recurrir las decisiones de la Mesa del Congreso, y entonces el tribunal les respondió que no se podía hacer un control de constitucionalidad previo de las iniciativas parlamentarias. Parar una iniciativa de este modo, según el TC, limitaría los derechos a la participación política y supondría una «lesión» a los derechos de todos los diputados. De hecho, el mismo tribunal determinó que la constitucionalidad de un texto «solo se puede determinar, como es natural, una vez alcanzada la condición de norma».
El escrito de los letrados rechaza también las quejas sobre el hecho de que la ley se tramite como proposición de ley y no -como sostiene el PP- como reforma constitucional, así como las denuncias del Senado sobre supuestos «vicios formales» en la tramitación de la proposición de ley. Según el informe, las alegaciones del PP solo buscan argumentos para un recurso de inconstitucionalidad «encubierto y extemporáneo».
«Estas alegaciones implican una clara injerencia del principio de autonomía parlamentaria en su vertiente reglamentaria», porque la función de controlar cómo se ha aplicado el reglamento del Congreso «corresponde, en todo caso, al Tribunal Constitucional», y el Senado «no puede asumir funciones de fiscalización del funcionamiento interno otros órganos constitucionales».
En cualquier caso, los letrados defienden que la Mesa del Congreso ha actuado siempre en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo con la legalidad. También cuando aprobó que la ley se tramitara por el procedimiento de urgencia, cuando amplió el plazo del que disponía la comisión de Justicia para aprobar el dictamen o cuando sometió a votación nuevas enmiendas pactadas entre el PSOE, ERC y Junts.
