El Consejo Ejecutivo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha aprobado este martes la planificación de 273 millones de euros en ayudas al campesinado y ha anunciado que aplazará la puesta en marcha de cualquier nuevo trámite que dependa de la Generalitat. El consejero de Acción Climática, David Mascort, ha indicado que en la primera quincena de enero se han abonado 42,5 millones de euros de los 273, y que en febrero se destinarán al arroz, tomate, cultivos proteicos, frutos de caparazón, legumbres y olivo; entre mayo y junio a los ganaderos; entre febrero y septiembre al sector vitícola; entre marzo y abril a los ecoregímenes y entre enero y septiembre a la apicultura y a la sequía.
El calendario de subvenciones de este año también contempla ayudas a la sostenibilidad y disociados. Por otro lado, el ejecutivo catalán ha anunciado que trabaja para simplificar los procedimientos de la nueva Política Agraria Común (PAC) y que podría aplicarse este 2024, con aportaciones del Fondo Español de Garantía Agraria y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Mascort también ha precisado que pedirá al gobierno español que la entrada en vigor de la aplicación del Cuaderno Digital de Explotación sea en 2026 y también «flexibilizar la entrada de datos» para que se haga una vez anualmente y «con la información imprescindible». Unos anuncios como respuesta a las reivindicaciones de la payesía.
Por otro lado, el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural ha incrementado hasta los 2,6 millones de euros las ayudas al sector agrícola en materia de sanidad vegetal para las Agrupaciones de Defensa Vegetal (ADV). La subvención contempla actuaciones de asesoramiento en gestión integrada de plagas, colaboración con las redes de seguimiento de plagas, enfermedades y malas hierbas, la realización de ensayos y apoyo a los agricultores para cumplimentar el Cuaderno.
El gobierno catalán también ha aprobado conceder 12,5 millones de euros de ayudas a los municipios pesqueros para promover la economía azul sostenible. Se trata de un importe procedente de los fondos europeos y será para proyectos que se lleven a cabo durante los próximos cinco años en todo el litoral catalán. Pueden optar a ello tanto operadores públicos como privados.
