De las historias sombrías y tenebrosas del bucle laportista en el que ya ha entrado de pleno el club, ese remolino imparable de chapuzas, improvisaciones y frivolidad que se repite una y otra vez, como en el primer mandato, la forma en que la directiva hizo frente al pago de los intereses del aval presentado el 17 de marzo de 2021 ya se ha destapado y revelado como de esos episodios que demuestran hasta qué punto el nepotismo y el escándalo acabarán salpicando a esta presidencia. Según una información del diario Sport, fueron personas completamente ajenas a la directiva las que finalmente se hicieron cargo del coste de los 2,6 millones del mantenimiento del aval a lo largo del primer año, hasta que entre Bildu y Pedro Sánchez decidieron poner final a la exigencia del aval directivo preceptivo en las elecciones de Real Madrid, Athletic Club, Osasuna y Barcelona.
Sospechosamente, se ha señalado que el hermano de Laporta, Xavier Laporta, contribuyó a esa exigencia financiera con una aportación de 650.000 euros realizada a través de una sociedad, Capital Planet, en la que costa como administrador único, parece que como resultado de un préstamo. Otro de los pagadores fue, por un montante superior a los 500.000 euros, «el empresario israelí Morris Moshe Benisty, amigo personal de Laporta con el que hizo algunos negocios en 2016. Una aportación de la empresa JBM Investment con sede en Barcelona y que parece ser que está inactiva desde hace años”, explica el diario. El tercer bloque principal, que ascendió a 300.000 euros, procedió de la empresa norteamericana ISL Futbol LLC, con sede en Carolina del Norte, al cargo de la gestión y el control de las Barça Academy en Estados Unidos y que dirigen los catalanes Alex Isern y Marc Segarra.
Las preguntas inmediatamente obligadas sobre los motivos de esta singular participación económica, en un asunto que debía comprometer exclusivamente a los directivos y sobre el origen y la justificación de tan oportuno y generoso rescate de esa deuda/obligación, no tienen respuesta. Solo caben, por desgracia, la conjetura y la especulación sobre prácticas opacas que apuntan a otro de esos escenarios sospechosos y malolientes, pues debe darse por hecho que esos tres donantes habrán recuperado de algún modo su aportación, quién sabe si con intereses, favores o a través de operaciones realizadas con fondos del club, que, en ese supuesto, serían del todo irregulares.
La Ley del Deporte, mientras estuvo vigente la obligación de prestar un aval directivo por el 15% del presupuesto de gastos de la temporada, establecía con absoluta claridad que, en ningún caso podían emplearse recursos ni patrimonio del club para cubrirlo ni tampoco para el pago de los intereses, que fue del 2% en este caso.
De acuerdo con el relato periodístico firmado por Toni Frieros, veterano periodista del diario Sport que viene actuando separadamente y al margen por completo de la línea editorial babosamente laportista del medio, Laporta habría prometido a sus avalistas liberarles de la obligación de abonar los intereses como una forma de compensar el hecho que ni él mismo ni los directivos de su cuerda, como Rafael Yuste, Josep Ignasi Macià, Elena Fort, Xavier Puig, Miquel Camps, Alfons Castro o Josep Cubells, entre otros mayoritariamente insolventes, habían avalado su parte solidaria y mancomunada. Como es notorio y conocido, Laporta ganó las elecciones el 7 de marzo de 2021 sin disponer del aval correspondiente, debiendo agotar el plazo de diez días, el máximo contemplado en los estatutos, para encontrar fuera de su propia lista electoral hasta a cuatro personas con fondos y predisposición a poner su patrimonio en manos de la más que dudosa capacidad de gestión de Laporta.
Así fue como, infringiendo la Ley del Deporte, acabaron avalando Ferran Olivé, Àngel Riudalbas, Eduard Romeu y Joan Soler, que no habían sido declarados legalmente aspirantes a directivos con los avales de los socios tras la fase de recogida de firmas para formalizar la candidatura. Eduard Romeu fue elevado de pronto a vicepresidente económico designado a dedo por José Elias, propietario de Audax, por una carambola final combinada entre la urgencia de Laporta por encontrar quien aportase un montón de millones y la fuga de Jaume Giró, quien sí había obtenido el plácet de los socios en una intensa campaña en la que fue presentado como el futuro responsable de la parcela económica. Giró salió corriendo en cuanto tomó consciencia, tras ganar las elecciones, que Laporta le había engañado en todo, especialmente en la formalización del aval, que debía ser repartida igualitariamente. A la hora de la verdad, sin embargo, cada cual entró con unas condiciones y aportación distintas en un arco de entre 6 millones y 40 millones hasta completar los 124,6 millones calculados sobre el porcentaje de los gastos ordinarios presupuestados del ejercicio 2020-21.
A la vista de la forma, rayando en la extorsión y el chantaje, con que Laporta consiguió los avales, pues si no se presentaban muchos habrían perdido el dinero avanzado para la campaña electoral (no menos de 150.000 por cabeza) y su silla en el palco, el presidente no pudo exigirles, además, el pago de los intereses de 2,6 millones. La coacción giró en la dirección contraria pues, según la noticia, se abrió una cuenta mancomunada para que cada directivo aportase 130.000 euros sin que los presuntos implicados realizaran el correspondiente ingreso. Rebotados por ese circo mediático e impresentable de los avales, la nueva directiva dejó en manos de Laporta esa cuenta pendiente.
Resulta inexplicable y desde luego increíble que el hermano de Laporta, Xavier, Morris Moshe Benisty, un empresario israelí también del círculo de confianza de Pini Zahavi, el amigo de Laporta en el fichaje de Lewandowski, y una agencia estadounidense que hace negocios con el Barça, ISL Futbol LLC, se vieran voluntaria y espontáneamente impulsados a cubrir dos tercios de los intereses del aval de la directiva.
La imagen del hermano de Laporta entrando todo el día en los despachos del club, delegado por el presidente para rematar contratos y operaciones, parece hoy más fea de lo que ya venía siendo desde el primer día de mandato y es de suponer que los paganos de esa fiesta tan aburrida y ajena habrán podido recuperar su esfuerzo económico, indispensable para sostener en su puesto una junta que solo gracias a la intervención de Javier Tebas pudo tomar posesión de sus cargos el 17 de marzo de 2021. Tebas sabía de sobras que cuatro de los avalistas firmantes no podían hacerlo porque no habían salido elegidos en las urnas ni habían firmado en su día el compromiso de avalar, reservado solo a los miembros de la candidatura validada con las firmas ante la Junta Electoral. También fue cómplice el silencio de la comisión gestora ante una anomalía escandalosa que no se atrevió a denunciar por dos motivos: porque Javier Tebas había dado por bueno el aval de Laporta a primera hora de la mañana y porque los miembros de la gestora se veían incapaces de asumir ese protagonismo añadido de invalidar la toma de posesión obligando a repetir las elecciones.
Ahora, con el paso del tiempo y la leve inclinación del barco, el primero de los indicios de un probable hundimiento, es cuando se activa ese bucle laportista en el que los episodios más oscuros regurgitan y son revelados. Es el momento en que las ratas abandonan la nave.
