Cataluña y Aragón debemos entendernos

El sistema Ter-Llobregat, que abastece de agua a 5 millones de personas de Barcelona y de su hinterland, está exhausto. Es preciso que nos lo metamos en la cabeza: ni llueve ni lloverá lo suficiente y confiar el suministro de la metrópolis en el agua que baja por estos dos ríos es una temeridad. En la cuenca mediterránea, a consecuencia del cambio climático que castiga el planeta, estamos inmersos en un largo ciclo de sequía y esto no lo soluciona ni la Moreneta.

Adaptarnos o morir: este es el secreto de la resiliencia de los seres vivos y también de los humanos. Para poder mantener en funcionamiento la gran metrópoli de Cataluña nos es imprescindible recurrir a la desalinización del agua del mar, además de perfeccionar al máximo los sistemas de depuración, regeneración y reutilización de las aguas residuales y acabar con las fugas que se producen en la red. Pero, desgraciadamente, el Gobierno central y la Generalitat no han sido capaces de prever y reaccionar a tiempo para hacer frente a la amenaza cierta de una larga sequía.

Por ejemplo, la ampliación de la capacidad de la planta desaladora de Blanes hace más de 15 años que estaba proyectada y no es hasta ahora, cuando han saltado todas las alarmas, cuando se ha decidido movilizar las inversiones necesarias. Pero, yendo bien, no estará terminada hasta el año 2027. De la otra desaladora, prevista en Cubelles y que tendría que garantizar el abastecimiento del Garraf, no se tiene noticia alguna.

¿Y mientras tanto? En el horizonte inmediato solo hay dos soluciones plausibles: las restricciones del consumo, con el desbarajuste que esto comporta, o transportar agua en barcos, desde el puerto de Tarragona hasta el de Barcelona. Un fracaso y una vergüenza colectiva.

Hay una tercera solución, que es la que proponen los colegios de ingenieros de Cataluña: la interconexión puntual entre las redes CAT (minitrasvase del Ebro) y ATLL (Aigües Ter-Llobregat).

Pero en Aragón, y también en las Tierras del Ebro, la palabra “trasvase” es tabú, y con razón, a causa de los faraónicos proyectos del pasado para llevar el agua del Ebro a Barcelona o a València, con el objetivo de incrementar su crecimiento urbanístico. Ahora no hablamos de esto. Ahora hablamos de la necesaria solidaridad que debe existir entre territorios cuando se trata de la supervivencia de 5 millones de personas, en espera que entre en servicio la ampliación de la desaladora de Blanes y, algún día, la de Cubelles.

El gran trasvase del Ebro a Barcelona, proyectado en las postrimerías del franquismo, tenía por objetivo hacer todavía más grande la metrópoli catalana y abastecer de agua su insaciable expansión industrial. Esto, en una época donde miles de personas tenían que emigrar de Aragón por falta de expectativas económicas y muchas lo hacían “atraídas” por el imán de la Gran Barcelona. En este contexto, el agravio territorial era muy hiriente y esto provocó una movilización histórica contra este proyecto, que quedó archivado tras la muerte de Franco.

Una de las consecuencias de los pactos del Majestic entre PP y CiU, firmados en 1996 para garantizar la presidencia de José María Aznar, fue un gran trasvase del Ebro hasta Valencia y Murcia. En este caso, la excusa era la necesidad de agua para convertir el Levante en la gran zona turística y residencial de Europa, con la multiplicación de urbanizaciones y campos de golf, a base de “pelotazos” y corrupción. Las Tierras del Ebro, que siempre han sido Cenicienta de Cataluña, se levantaron en una protesta masiva, que fue secundada por miles de catalanes y que fue la antesala del fin del pujolismo. El año 2004, con la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, este trasvase fue anulado.

Situados en 2024, la situación ha cambiado. No se trata de robar el agua del Ebro para hacer de Barcelona una megalópolis. Se trata de hacer frente a una de las consecuencias más evidentes y duras del cambio climático: el avance de la desertificación en la península Ibérica y, en concreto, en el litoral mediterráneo.

La lógica nos dice que la población y las empresas se tienen que instalar allí donde haya agua, no al revés. Sabiendo, además, que los elevados costes energéticos del proceso de desalinización encarecen mucho el precio del metro cúbico. En el caso de Cataluña, el futuro pasa por la orilla del Ebro y de los ríos de su cuenca (Segre, las Nogueres…). Pero una deslocalización masiva de estas características no se hace de un día para otro e intervienen muchísimos factores, como por ejemplo tener unas infraestructuras de comunicación competitivas.

Ante el anunciado proyecto de interconexión de CAT con ATLL, Aragón se ha vuelto a levantar en pie de guerra. También con el modestísimo trasvase del Ebro que propone la Generalitat para garantizar el agua a la gente del Priorat. Esta es una nueva evidencia de las malas relaciones que, desde hace unas décadas, hay entre Aragón y Cataluña y que son, objetivamente, un disparate político y económico.

No solo el gran trasvase en Barcelona proyectado por el franquismo. También conflictos mal planteados y mal resueltos, como el de las obras de arte de las parroquias de la Franja o el tesoro y las pinturas del Monasterio de Sixena, que fueron a parar a Cataluña o la protección del catalán como lengua cooficial de Aragón.

La historia es la que es y no podemos hacer nada para moverla. Tampoco podemos quedar prisioneros de viejos fantasmas ni clichés del pasado. Nuestra obligación es tener los pies firmes en el presente y avanzar en la buena dirección para construir un futuro mejor.

En este sentido, es obvio que, mande quien mande, la Generalitat y el Gobierno de Aragón deben entenderse y colaborar estrechamente en temas de interés común. Así lo practicaron Marcel·lí Iglesias y Pasqual Maragall, cuando coincidieron en el gobierno de ambas comunidades. Catalanes y aragoneses somos vecinos y, además, debemos ser buenos vecinos.

Todos formamos parte de la Unión Europea y la clave del éxito de este proyecto es el buen entendimiento y la lealtad mutua. Si alemanes y franceses, que se han enfrentado sanguinariamente en dos guerras mundiales, son los fundadores de la construcción europea, ¡cómo no tenemos que confraternizar Cataluña y Aragón, que hemos compartido reyes y corona medieval durante siglos!

Gracias a una pluviometría favorable, hoy la cuenca del Ebro tiene importantes reservas de agua. En cambio, las cuencas internas de Cataluña pasan por una situación crítica. Hacer la interconexión del tubo que sube del Ebro con la red de la ATLL no es un acto de rapiña contra los legítimos intereses de Aragón: es una necesidad humanitaria urgente que requiere un acto de solidaridad consciente y responsable.

Esta interconexión se debería gestionar con estrictos criterios de racionalidad y sabiendo que, si las condiciones climáticas cambian, puede ser cortada o, si se tercia, hacerla reversible. Pasa igual que con la implantación de las energías renovables, donde en Cataluña arrastramos un retraso escandaloso, mientras que Aragón ha tomado la delantera.

Hay que hacer mucha pedagogía y remarcar que los campos eólicos y las plantas fotovoltaicas, que tanto indignan y enervan al territorio, son instalaciones provisionales y fáciles de desmontar, en espera que la tecnología nos ofrezca nuevas fuentes de energía limpia y abundante. Con contratos de implantación limitados en el tiempo -25 años, por ejemplo, con compromiso de desmantelamiento-, a buen seguro que Cataluña podría recuperar el déficit de energías renovables que padecemos.

Además de otras consideraciones, el proceso independentista nos ha hecho perder mucho tiempo y ha impedido, por ejemplo, que pudiéramos concentrarnos en resolver dos cuestiones básicas para el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad, como son el agua y la energía. Ahora, todo son prisas e improvisación, pero no podemos obviar que vamos tarde y que el precio que pagamos por este decalaje es carísimo.

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