La exconsejera de Salud y vicepresidenta primera del Parlamento catalán, Alba Vergés, ha defendido este viernes la gestión de la campaña de vacunación del covid-19, a principios de 2021, y ha asegurado que se hizo siguiendo criterios sanitarios. Vergés lo ha dicho antes de entrar a declarar como investigada en el juzgado de Barcelona que investiga las posibles irregularidades en la vacunación de policías nacionales y guardias civiles en Cataluña.
La vicepresidenta primera del Parlament ha asegurado que las acusaciones de los sindicatos y las agrupaciones de cuerpos policiales españoles no tienen “base ni fundamento” y, en este sentido, ha dicho que reiterará ante el magistrado instructor que la campaña de vacunación de la Generalitat se aplicó siguiendo los criterios técnicos fijados en cada momento y con el objetivo final de vacunar a toda la población, priorizando la más vulnerable ante el covid-19.
Sobre los mensajes entre la cúpula de Salud que apuntan a discrepancias sobre quién se tenía que vacunar y quién no, Vergés ha dicho que justamente reafirman que se priorizó a la población vulnerable “sin excepciones”. Antes de entrar a declarar, la extitular de Salud ha recibido el apoyo del actual consejero de Salud, Manel Balcells, y de la de Exteriores, Meritxell Serret, y también de dirigentes de ERC como la vicesecretaria general de Derechos, Libertades y Lucha Antirrepresiva, Marta Vilaret, y los diputados Jordi Albert y Najat Driouech, entre otros.
De hecho, ERC ve persecución política de estos sindicatos policiales contra Salud e insiste en que se tomaron las decisiones de acuerdo con los criterios de vacunación. El partido traslada todo el apoyo tanto a Vergés como al resto de investigados “injustamente” y acusa a los sindicatos promotores de la querella de instigar la persecución política ante unos hechos que se ciñen a los criterios técnicos.
A pesar de que Vergés es aforada, ha acudido a declarar voluntariamente al juzgado de instrucción, que también investiga el exconsejero de Salud Josep Maria Argimon y a otros exaltos cargos del departamento por prevaricación y contra los derechos de los trabajadores.
