El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha resuelto mantener abierta la investigación sobre el retraso en la vacunación contra la covid de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña, en cuyo marco ha imputado a la actual vicepresidenta primera del Parlamento de Cataluña, Alba Vergés, por su papel como consejera de Salud.
El auto ha decretado que se comunique a Vergés la existencia del procedimiento para que pueda ejercer el derecho de defensa, indicando que por ser aforada, como diputado en el Parlamento catalán, dispone de un plazo de 20 días para manifestar si quiere declarar voluntariamente. Además, el juez ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones en relación con dos de las personas investigadas.
El caso lo instruye el juzgado número 17 de Barcelona después de que el pasado mes de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) rechazara investigar a la exconsejera, porque no apreció indicios de delito, pero ordenara a la justicia identificar a los responsables de la vacunación.
La última resolución ha llegado después de que trascendiera que unos mensajes de Whatsapp, aportados por la defensa de otros ex-altos cargos investigados, señalan que Vergés pidió detener la vacunación de los agentes.
La Fiscalía había pedido la imputación de la exconsejera y el traslado de la causa al TSJC, al considerar que es el órgano jurisdiccional competente para asumir la causa de una persona aforada.
