Uno de esos mantras recurrentes del laportismo, sobre el que ha edificado su imperio, consiste en acusar a las directivas anteriores, básicamente a la de Josep Maria Bartomeu, de prácticamente todos los males de la humanidad. Entre sus frentes favoritos haberse demorado en la ejecución del Espai Barça y haber descuidado su ejecución. Joan Laporta lo ha resumido con una frase que ha hecho fortuna entre los suyos: “Todo esto se tenía que haber hecho antes”. Alude así al conjunto de las obras y actuaciones urbanísticas de la obra patrimonial más importante de la historia del club.
Un asidero ideal, aunque mentiroso, con el que escudarse también para justificar ese aumento sustancial y exagerado de los costes imposibles que ha generado el replanteamiento del proyecto bajo su mandato, el río revuelto ideal en el que algún día se sabrá con precisión quién ha sido el pescador o los pescadores que han salido ganando.
Al presidente azulgrana ya le convino dejar fluir esa sensación de abandono del Espai Barça asociada a la herencia de Bartomeu para disimular y cubrir que fue él mismo quien eligió no ir a recoger la licencia urbanística municipal que después de tantos años y esfuerzos le fue concedida al FC Barcelona en diciembre de 2020, al mes y poco de la dimisión de la junta de Josep Maria Bartomeu. La nueva junta, que tomó posesión en marzo de 2021, dispuso de tiempo de sobras para ir a recogerla (el plazo era de seis meses desde la concesión).
Perversamente, sólo jugó esa baza en el referéndum de 18 de diciembre de 2021, para apremiar al socio a votarlo incondicionalmente y permitirle endeudarse hasta 1.500 millones, aunque faltando a todos los compromisos adquiridos con los socios. «El Espai Barça es un proyecto que ya está en curso y de los 145 millones invertidos, se han pagado 120 y el club tiene otros 25 millones comprometidos a corto plazo. Hablamos de conceptos como la construcción del Estadio Johan Cruyff, la demolición del Miniestadi, el concurso arquitectónico o las licencias y permisos urbanísticos obligatorios, así como la urbanización de las calles del entorno. También está aprobada la Modificación del Plan General Metropolitano después de años de negociaciones con las administraciones y asociaciones de vecinos, y de resolver favorablemente varias reclamaciones judiciales. Por tanto, toda esta inversión, económica y burocrática se perdería si hoy se detuviera el proyecto. La licencia de obras, por ejemplo, tiene fecha de caducidad y retirarla tiene un coste de 8 millones de euros. Y no debe olvidarse que para hacer frente a esta inversión se pidió un préstamo de 90 millones de euros para que no repercutiera en la tesorería ordinaria, y este préstamo debe devolverse en los próximos meses. Por todo ello, paralizar el proyecto Espai Barça provocaría una extraordinaria pérdida en el ámbito económico y de tiempo invertido en licencias y permisos. Deberíamos empezar de cero y todo ello podría demorarse más de una década. No podemos esperar más tiempo», les dijo Laporta a los socios.
Entonces sí que reconoció que disponía de esa licencia desde hacía meses y que, en efecto, conseguirla fue el resultado de un largo y costoso proceso ante las administraciones, los partidos políticos y los ciudadanos. Contra sus propias mentiras acusando a la junta de Bartomeu de parsimonia y dejadez, lo cierto es que habían transcurrido exactamente siete años desde la celebración de un referéndum verdaderamente democrático, participativo y trasparente (2014) que dio el definitivo impulso social al Espai Barça, concebido como una obra de identidad azulgrana y de la modernidad necesaria para los nuevos tiempos y la generación de más recursos. Se validó entonces un presupuesto de coste de 600 millones.
Hasta ese momento, el FC Barcelona debió cubrir numerosas etapas y trámites, ninguno de ellos fácil. De entrada, se habilitó una línea de diálogo y de gestiones urbanísticas con el Ayuntamiento de Barcelona mientras, en paralelo, se organizó el concurso arquitectónico para el diseño del nuevo Camp Nou y del nuevo Palau Blaugrana, además de iniciar la MGPM de la mano del Ayuntamiento de Sant Joan Despí para construir el Johan Cruyff y cerrar previamente la compra de los terrenos donde ubicarlo, ampliando el territorio de la Ciutat Esportiva.
En Les Corts, los esfuerzos tropezaron pronto con la diferente perspectiva y planteamiento de la recién elegida alcaldesa Ada Colau, circunstancia que obligó a una profunda revisión del proyecto que duró exactamente cuatro años y exigió un acuerdo unánime de todos grupos municipales y los estamentos vecinales del barrio de Les Corts. El largo recorrido de una ambiciosa MGPM requirió las máximas habilidades diplomáticas y urbanísticas antes de la luz verde del consistorio y la validación final de la Generalitat de Cataluña.
Sólo la CUP se mostró finalmente contraria al proyecto en base a argumentos que promovieron alegaciones y un proceso legal que hubo de ser desestimado por las instancias pertinentes, sumando otro año de retraso, antes de poder terminar el complejo proyecto ejecutivo.
Para entonces, la directiva de Josep Maria Bartomeu, en 2020, ya puso encima de la mesa un aumento del presupuesto a 825 millones. El anuncio de ese porcentaje del 37,5% de incremento provocó una fortísima reacción de los grupos de oposición a la presidencia y un sinfín de debates mediáticos y en las redes denunciando la pésima gestión de Bartomeu y, ya entonces, la inaceptable y escandalosa inflación.
La asamblea prevista para abril de 2020, en la que se iba a someter a la aprobación de los socios las actualizaciones, debió ser aplazada a causa de la pandemia. El Espai Barça, tras la dimisión de Bartomeu y de su junta, siguió caminando igualmente hasta el punto de haber obtenido la licencia definitiva en diciembre de ese año.
Fue la renuncia posterior de Laporta y su idea de modificar la estructura arquitectónica prevista y aprobada, reformando la primera grada y no la tercera como ahora prefiere la junta, la única razón de este nuevo retraso al que todavía le queda recorrido, pues hasta hace un par de meses no se ha obtenido la reforma de la licencia de obras correspondientes. El nuevo gobierno socialista del Ayuntamiento, al contrario de su actitud quisquillosa y demostrada falta de interés en el proyecto cuando mandaba Colau en coalición con el PSC, esta vez corrió a hacerle la pelota a Laporta pese a la complicación del nuevo diseño, su altura desmesurada y sus infracciones urbanísticas, ahora toleradas a favor de Limak y del presidente.
La fase inicial, y tan importante y necesaria como la terminal, se cumplimentó en su día con la construcción del estadio Johan Cruyff y la demolición del Miniestadi, condición indispensable para abordar la edificación del nuevo Palau Blaugrana, a su vez requisito para demoler el antiguo y dejar sitio a la reforma integral del Camp Nou, la que finalmente sea.
En cualquier caso, las actuaciones de la junta anterior no pueden ser censuradas por retrasos exclusivamente atribuibles a una serie de administraciones que, desde luego, han jugado políticamente a poner todos los palos posibles en las ruedas durante los años que han ido entreteniendo los papeles, los permisos y las licencias, lo contrario que han hecho a favor de que Laporta pueda aparecer como el que le ha dado un empujón de verdad.
Sin embargo, es todo lo contrario, pues pudiendo adjudicar las obras rápidamente e iniciarlas en la primavera de 2022, como aseguró en esa propuesta de referéndum, se dedicó a marear la perdiz, revocar el proyecto por el capricho de no respetar el concurso arquitectónico y reformar el proceso de licitación, como se sabe, para dejar el camino expedito a Limak. El propio Ayuntamiento, de no ser Laporta el presidente, habría alertado del flagrante incumplimiento de la ejecución del Espai Barça al completo, tal y como consta en el MPGM, no comprendida, incluido el Palau Blaugrana, en el plan de financiación firmado a espaldas del socio y de las normas acordadas y aprobadas por el pleno del consistorio.
En ese plan, donde sí que se prometió la construcción del nuevo Palau, las obras del estadio iban a arrancar en la primavera de 2022 -lo hicieron más de un año más tarde- y las del Palau, ya descartado, deberían empezar el 1 de enero de 2024. Otro cuento de Navidad.
