Los peores temores se han confirmado al final de la prórroga de una verificación del censo del FC Barcelona que ha arrojado una fuga histórica de 30.770 socios. Podían haber sido bastantes más si el síndico del socio, Joan Manuel Trayter, no hubiera planteado solicitar un mes extra sobre el plazo fijado por la junta de Joan Laporta, a finales del mes octubre, en un llamamiento extremo y desesperado realizado en la asamblea de compromisarios. La otra lectura que se ha hecho desde diferentes sectores del barcelonismo no es catastrófica. Al contrario: se evalúa como el resultado más o menos positivo y deseado por Laporta de darle un buen tijeretazo a la masa social con la finalidad exclusiva de ampliar la oferta de localidades libres de cara a la vuelta al Spotify Camp Nou cuando sea posible.
Desde un punto de vista comercial y de explotación, sobre la acuciante necesidad de ingresos para devolver los 1.450 millones del préstamo para la reconstrucción del estadio, la rentabilidad de un abono de temporada apenas supera los 1.000 euros en la tesorería azulgrana mientras que ese mismo asiento vendido individualmente una treintena de partidos deja el triple en la caja. Eso sin contar el consumo extra de cualquier visitante ocasional en restauración y merchandising, que se calcula entre 200 y 300 euros por entrada vendida y partido. La rutina de los abonados apenas incluye una bebida o algo de fast food y, como mucho, una visita rápida de inspección a la megastore. Claramente, a Laporta y a los inversores les conviene que el efecto de la reinauguración del Spotify Camp Nou atraiga a millones de turistas al año ansiosos por estrenar las instalaciones, presenciar un partido de primer nivel, disfrutar de un amplio y diverso menú de restaurantes, pagar la entrada del tour por el impresionante y recién estrenado estadio, y dejarse en la tienda oficial otra buena parte de sus ahorros en recuerdos, regalos y camisetas.
A partir de este planteamiento, la secuencia y el calendario de las decisiones adoptadas por la junta de Laporta evidencia que, lejos de intentar mejorar el servicio, la atención, el trato, la interacción y la proximidad de la institución con los socios, han ido en la dirección opuesta, como si la verdadera pretensión fuera favorecer su hartazgo y rechazo.
Estrictamente en la gestión de abonos y acceso al estadio, no hace falta abundar en que a la vicepresidenta institucional y más antisocial de la historia, Elena Fort, le faltó tiempo para anunciar unos precios abusivos e impresentables para los socios, abonados o no, que deseaban seguir al equipo en su exilio de Montjuic. La respuesta fue, como no podía ser de otro modo, de decepción, malestar y de tanto rechazo que hubo de reaccionar reduciendo a la mitad las tarifas y homologar las de Montjuic a su correcta equivalencia con las del Camp Nou. O sea, que se racionalizó aquello que Elena Fort había dado por imposible en la primera comparecencia.
Hubo cierta mejora, aunque leve, en la demanda de localidades y se registraron las primeras quejas, como las de la grada de animación, a la que, una vez acordada su reducción a la mitad, se le comunicó que era preciso otro recorte. Finalmente, Laporta y Fort no se atrevieron a dar ese paso, pero no cedieron sobre una mecánica de asignación de localidades verdaderamente infame y criticada por los socios, pues los abonados del Lluís Companys han de anticipar su voluntad de asistir a un partido si no quieren que la junta la revenda a un turista. Y, aun así, la localidad exacta se asigna arbitrariamente, es distinta en cada partido, con las consecuentes incomodidades y confusión a la hora de encontrar el asiento. Los accesos se han prohibido en vehículo propio y comprar un botellín de agua se ha convertido en una odisea.
Una aventura incómoda que, más allá de la acumulación de esas pequeñas dificultades, ha dejado en miles de socios la inequívoca sensación de que la prioridad para la junta no son precisamente los socios, a los que se ha expulsado también de las asambleas y se ha condenado a un aislamiento desde la oficina de atención al barcelonista (OAB).
Antes del final de la prórroga, Elena Fort se apresuró a avanzar que mientras duren las obras y el aforo esté limitado, los héroes de Montjuic tendrán prioridad a la hora de renovar ese abono mixto de la temporada 2024-25 a caballo entre el Lluís Companys y las incomodidades previstas en Les Corts a partir de ese 125º aniversario que ya se anuncia cada vez con la boca más pequeña por parte de la junta de Laporta.
En paralelo, la junta promovió un censo que ha sido, desde el principio, un despropósito, un confuso galimatías propuesto desde la OAB y la indolencia de una junta que no ha destinado recursos a facilitar el trámite de la verificación, telemático, especialmente complicado para los socios de mayor edad. Sobre todo, la junta no ha insistido en las consecuencias de no cumplir con el proceso obligatorio, como es la pérdida de la condición de socio y, por tanto, del abono, la antigüedad y todos los derechos consolidados a lo largo de los años.
Desde la junta se ha filtrado que desde la OAB se intentará contactar con los socios con el absurdo propósito de una operación rescate de urgencia. «Se contactará con cada uno de ellos», han replicado por boca de la junta los medios, siempre ingenuos y desalentadoramente cómplices, en este caso por mera ignorancia e incapacidad profesional, pues un sencillo cálculo exigiría que, de aquí al 31 de diciembre, un ejército de unos 60 empleados dedicarán 10 horas diarias a esa misión imposible. La realidad es otra muy distinta, pues en algunos despachos del club, los de más alto nivel, se ha celebrado esta fuga sin precedentes en lugar de procurar medios y recursos humanos para evitarla. Por otra parte, ahora se ha concedido un tiempo extra sobre ese plazo que concluía formalmente el pasado jueves día 30 de noviembre de manera que los caídos tienen una última oportunidad para salvarse de esa quema que, ahora sí, será definitiva para quien no haya cumplido con el trámite antes del 31 de diciembre. Antes, los afectados recibirán dos notificaciones advirtiendo de que perderán la condición de socios si no responden a esa última llamada.
La cifra resultante final, en cualquier caso, seguirá siendo demasiado alta como para negarle el mérito a la junta de Laporta y su política descaradamente antisocial.
