Citizen Lab, el colectivo canadiense que publicó el informe CatalanGate, coordinado por el activista independentista Elies Campo, se niega sistemáticamente a compartir la información gracias a la cual llegó a la conclusión de que 65 teléfonos y dispositivos digitales de personas partidarias de la independencia de Catalunya habían sido espiados durante unos años con los softwares maliciosos Pegasus y Candiru. Hasta ahora se sabía que Citizen Lab, amparada por la Universidad de Toronto al que está adscrito, se negaba a que los datos que justificaban sus conclusiones fueran analizados por expertos independientes, pero este viernes 3 de noviembre el director de la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya, Tomàs Roy, confesó, en una comparecencia en la Comisión Pegasus del Parlament, que este bloqueo informativo ha afectado también al propio gobierno de la Generalitat.
Sorprendentemente, pese a la negativa de Citizen Lab, entidad que dirige Ronald Deibert, a permitir que la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya conociera las explicaciones científicas que avalan el CatalanGate, el director de este departamento del gobierno de la Generalitat, dijo en su comparecencia en el Parlament que había cooperado con el equipo canadiense y que le confiere una «credibilidad total». Roy explicó, además, que la Agencia de Ciberseguridad había aprendido a realizar sus investigaciones relacionadas con el espionaje con Pegasus gracias a los consejos y ayuda de Citizen Lab y Amnistía Internacional, organización que colabora con el equipo de Deibert.
Tanto Citizen Lab como la Universidad de Toronto han impedido que un equipo de expertos analice los datos e investigaciones que dieron cuerpo al CatalanGate. Este requerimiento se lo han hecho técnicos de ciberseguridad y nuevas tecnologías y cientos de académicos de diversas universidades españolas. Quien más ha insistido en esta solicitud es el profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) José Javier Olivas. Olivas quiere acceder a la forma en que Citizen Lab elaboró su CatalanGate y, también, como se financia. El colectivo canadiense se niega a publicarlo, aunque es insólito que un departamento universitario de un país democrático, se comporte así.
Olivas ha conseguido, finalmente, que la Comisaría para la Información y la protección de la vida privada del estado canadiense de Ontario nombre a un mediador para que resuelva su petición de que se haga público qué personas, entidades y empresas financian el funcionamiento y las investigaciones de Citizen Lab. La negativa reiterada de este colectivo a la transparencia en esta cuestión avala las sospechas de que la investigación del CatalanGate fue financiada por los propios independentistas que se han presentado como víctimas del espionaje.
