La Fiscalía recurre el archivo de la querella de un exsindicalista por torturas en la Vía Laietana

El ministerio público dice que la Ley de Memoria Histórica y los tratados internacionales obligan a investigar

    El exsindicalista Carles Vallejo en la Vía Laietana de Barcelona (ACN)

    La Fiscalía de Barcelona, en coordinación con la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha recurrido en apelación la inadmisión del juzgado de instrucción número 18 de una querella por crímenes contra la humanidad y torturas sufridas por el sindicalista Carles Vallejo durante su detención en los 70 en la comisaría de la Vía Laietana. El juzgado considera que los hechos denunciados no pueden considerarse un crimen contra la humanidad y, por lo tanto, ya han prescrito, a la vez que considera que están amnistiados por la Ley de Amnistía de 1977 y que la nueva Ley de Memoria Democrática no permite perseguirlos.

    Según el ministerio público, la Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista, así como la correlativa obligación del Estado de investigar desde el ámbito de la justicia. Por eso, la Fiscalía considera que el archivo resulta prematuro, puesto que después de la entrada en vigor de la citada ley, no se puede rechazar de inicio la querella, sino que hay que llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto para poder adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento. Recuerda, además, que la doctrina jurisprudencial alegada en la interlocutoria recurrida corresponde a un marco jurídico anterior a la Ley de Memoria Democrática.

    Se trata, indica la Fiscalía, de realizar una aplicación del principio pro actione y del derecho a la justicia integradora, con una interpretación enfocada en los derechos humanos y respetuosa con los principios vertebradores del derecho internacional de los derechos humanos y de los tratados y convenios sobre la materia firmados por el Estado español, de acuerdo con la Constitución. La abogada de Vallejo, Sònia Olivella, de Irídia, que también ha recurrido el archivo, ha valorado positivamente este nuevo paso del ministerio público.

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