Otro avance de Rosell en la identificación de quién estaba detrás de Villarejo

Suma otra absolución en su batalla de fondo por destapar la conjura en su contra por haber sido presidente del Barça el mismo día que denuncia el chantaje de Roures con el caso del 'espionaje' si no renovaba el contrato de TV del Barça

Sandro Rosell y Neymar
Sandro Rosell y Neymar

Sandro Rosell acaba de dar un paso de gigante camino de ese horizonte lejano, arriesgado y tenebroso donde espera desenmascarar a quienes se propusieron e intentaron que su vida se convirtiera en un infierno desde que ganó las elecciones a la presidencia del FC Barcelona en 2010. El martes pasado, la Audiencia de Barcelona confirmó la absolución de Sandro Rosell por delito fiscal en otro de esos casos judiciales que, como setas, surgieron de la nada en un periodo determinado de su vida, en este caso instigado por la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado por un supuesto delito fiscal cometido en el año 2012 al declarar ingresos por servicios profesionales por una cuota de 200.000 euros. Al final ha quedado demostrado que esos cobros siempre fueron tributados por servicios realmente prestados. Así lo dictó la primera sentencia frente a una acusación que pidió pena de cárcel sólo para Rosell y no para el resto de los socios de la empresa encausada. Otra demostración de este enseñamiento procesal tan sospechoso cuyo origen y verdaderos responsables se ha empeñado en identificar el expresidente del Barça. Nada nuevo bajo el sol de la última y tan accidentada y agitada década de su vida.

Las primeras escaramuzas y maniobras laportistas en su contra, utilizando como siempre a Johan Cruyff, TV3, el aparato soberanista-pujolista y un control mediático y de las redes sociales igualmente poderoso, no le hicieron apenas cosquillas comparadas con la conjura de las cloacas del Estado y determinados poderes fácticos que le cayó en encima dos años después de ocupar el palco del Camp Nou.

El desencadenante no fue otro que el fichaje de Neymar por el Barça, indudablemente una jugada de jaque mate al Real Madrid, que lo creía tener atado y bien atado. Florentino Pérez juró vengarse y, a su modo, sibilinamente y en silencio, mover todos los hilos que estuvieran en su mano si se abría una vía de acoso y derribo contra quien le había robado en sus propias narices el crack que venía después de Messi.

El presidente de Real Madrid, el poderoso gobernador de la trastienda del palco del Bernabéu, no hubo de esperar demasiado a que se le presentara la ocasión de ver cómo a Sandro Rosell se le pretendía imputar con querellas sustanciadas desde el entorno laportista y artificialmente alimentadas por la propia Audiencia Nacional hasta forzar la admisión, por parte del club, de un delito fiscal inventado y luego un segundo caso Neymar, también sin pies ni cabeza, que, una vez en la sala, los abogados de la defensa tardaron dos minutos en desmantelar. Lo mismo ocurrió en el juicio que, tras dos años de prisión provisional, duró la argumentación de la acusación en contra de Rosell por blanqueo de capitales y otros presuntos delitos derivados de las operaciones de su empresa de marketing por la explotación comercial de los derechos de televisión de los partidos amistosos de la selección de Brasil.

Para entonces, muchos años después de haber dejado la presidencia del Barça a primeros de 2014, viendo que hasta su propia familia empezaba a recibir amenazas inquietantes y serias, Sandro Rosell ya sabía que se enfrentaba a una acumulación de enemigos nunca vista. Aquel fichaje de Neymar, además de irritar y avivar la ira y el odio del madridismo y de toda esa inquina desde las estructuras más oscuras del estado, especialmente en las entrañas más rancias y podridas del estamento judicial, amenazaba al laportismo, siempre en guerra, con consolidar el liderazgo de Rosell en la presidencia. El refuerzo del crack brasileño suponía darle continuidad al mejor equipo de todos los tiempos, liderado por Messi, que además fue la clave para atraer a Neymar cuando eligió jugar en el Barça junto a Leo pese a que el Real Madrid le pagaba el doble. Ese poderío futbolístico se remataba su impecable gestión del club en el resto de los frentes. En poco tiempo, Rosell sería imbatible en las urnas.

A los tres años de la presidencia de Rosell, además de haber ganado todos los títulos posibles, se había enfrentado a la espantosa herencia de Laporta, con 46,7 millones de pérdidas y fondos propios negativos, transformando rápidamente la precariedad recibida en una economía próspera, con ganancias superiores a los 100 millones y asegurada por la aplicación de medidas de control estatutarias sobre las pérdidas y la deuda, además de la puesta en marcha del Espai Barça, que habría sido posible desarrollar en aquel momento invirtiendo 600 millones. Con Neymar fichado y recursos inagotables basados en una sólida y austera administración, Rosell iba camino de convertirse en otro Núñez.

Las fuerzas laportistas siempre sedientas de ocupación, integradas por el aparato soberanista y cruyffista, en parte controlado también por los tentáculos de Jaume Roures, el propio Gobierno de la Generalitat, además de la Corpo, el sector convergente que ya había dedicado los mejores años de su vida a combatir la independencia de Núñez y las crecientes entidades ciudadanas, como la ANC y Òmnium, no dudaron en rebelarse contra aquel proyecto tan estable e imparable.

Concentraron su contrataque en la figura y el fichaje de Neymar. Por un lado, denunciando su fichaje como una operación delictiva con la finalidad de llevarlo a él y a Bartomeu ante los tribunales y, por otro, desde el ámbito deportivo, socavando y erosionando sistemáticamente la imagen del futbolista ante la opinión pública hasta convencerlo de que lo mejor para él era irse del Barça. De eso también se encargó debidamente la prensa laportista, mayoritaria.

Fue el propio Laporta, a través de su abogado de confianza, Xavier Albert Canal, el encargado de ordenar la fabricación del caso Neymar, finalmente denunciado por Jordi Cases, y meses más tarde de ayudar personalmente a Pini Zahavi para forzar la fuga de Neymar al PSG, gestión que reportó al agente, socio y amigo del actual presidente del Barça una comisión de 10 millones y, desde luego, reforzó su amistad. Eso explica por qué Laporta, nada más acceder a la presidencia, perdonó a Neymar el pago de una sentencia judicial a favor del club y retiró una demanda en su contra con muchas probabilidades de caer también del lado azulgrana, que le había reclamado parte de la prima de fidelidad pagada en su día por renovar con el Barça.

La nueva victoria judicial de Rosell de esta semana es otro paso adelante, clave, en la batalla de fondo contra esa persecución que en su momento activó el excomisario José Manuel Villarejo. Una absolución añadida a la ya larga lista de batallas judiciales superadas con las que espera, tarde o temprano, llegar a ponerle nombres y apellidos a quienes han estado detrás de lo que, como ha reconocido el propio Villarejo, formaba parte de una persecución contra su persona por el simple hecho de haber sido presidente del Fútbol Club Barcelona y sospechoso de no renunciar a sus convicciones catalanistas.

Otro presidente como Joan Laporta, que ha hecho bandera de su independentismo y de su filiación soberanista desde el palco del Camp Nou, no ha sido objeto, en cambio, de ninguna línea de persecución por parte de ese madridismo de Estado ni de quienes, desde el propio entorno barcelonista, aseguran haber defendido los intereses del club con actuaciones descaradas y abiertamente agresivas contra Rosell primero y contra Bartomeu después.

El entorno de Rosell, a quien le tocó la peor parte y acabó en la cárcel injustamente por culpa de una comisión rogatoria que en realidad iba contra Mediapro -después de todo condenada por haber sobornado a presidentes de federaciones americanas para conseguir derechos exclusivos de televisión-, no duda que los verdaderos enemigos del expresidente no pueden andar muy lejos de esa comunidad de aliados que, en un momento dado, parecieron unir fuerzas para instruir y ejecutar las órdenes de Villarejo por cuenta de terceros poderes.

En la misma línea de juicios asombrosos, Rosell participó ayer en la vista oral de un caso de espionaje contra Robert Cama, un informático que prestó servicio a Mediapro, a BSM (que perteneció a Sandro Rosell) y al FC Barcelona en el contexto de una querella impulsada por Jaume Roures que inicialmente quería sentar en el banquillo de los acusados a Rosell. La instrucción nunca pudo señalar al expresidente azulgrana por falta de indicios y de pruebas, de modo que su presencia en la sala se limitó a actuar como testimonio.

Aun así, la prensa laportista presentó el caso como el del espionaje de Rosell a Roures, quien, al día siguiente del primer día del juicio, que se sigue contra Robert Cama y Joan Raventós, exejecutivo de BSM y del FC Barcelona, se abrió a defenderse en los medios más amables para justificar por qué tardó más de cinco años en denunciar ese presunto espionaje. Su explicación es que, por culpa de los impagos de Prisa por la guerra del fútbol de la época, no le llegaba para poner pleitos.

En sala, Rosell no dudó en reconocer que, en efecto, por una maniobra confusa y extraña, admitida por Robert Cama, los archivos de BSM (Rosell) acabaron alojados en el mismo servidor de los de Mediapro. De esa forma, Roures pudo saber que a algunas cuentas de correo de BSM, Cama había redirigido correos de Mediapro. Cama también ha manifestado ante el juez la recriminación de Rosell en su día por esa práctica y la prohibición de hacerlo. Rosell añadió, como ha podido comprobarse en el análisis de los servidores, que borró sistemáticamente los emails recibidos.

Además, Rosell, añadió un relato que la mayoría de los medios no ha querido recoger en sus crónicas sobre la actitud de Mediapro, que, también en aquel tiempo, entre 2009 y 2011, presionó y chantajeó a la directiva de Rosell con esa situación de conflicto informático. Le prometió, según el testimonio del expresidente azulgrana, que no lo denunciarían si le renovaban la explotación de los derechos de TV. La directiva se lo amplió por las necesidades de tesorería del momento hasta que, finalmente, ya con Bartomeu de presidente, el contrato fue a parar a Telefónica (Movistar). Fue entonces cuando Roures se planteó llevar el asunto a los tribunales.

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