Amnistía Internacional (AI) ha reclamado este jueves a los grupos del Parlamento de Cataluña que aceleren la aprobación del informe final sobre el impacto de la covid en las residencias de personas mayores. Coincidiendo con el Día Mundial contra el Maltrato a las Personas Mayores, AI ha presentado un informe dirigido a todos los grupos donde les marcan cinco grandes prioridades: una auditoría independiente, un reconocimiento público, aumentar las plantillas de las residencias, aumentar las inspecciones y asegurar la participación de pacientes, familiares y sociedad civil.
Desde Amnistía Internacional, pese a ser conscientes de que el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio afecta a los trabajos y tiempos parlamentarios, se cree que ya se hace tarde. El escenario electoral no puede ser una «excusa», ya que hace más de tres años desde el inicio de la pandemia y las autoridades «aún no han cumplido con la obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por personas mayores que vivían en residencias», sobre todo durante la primera ola de covid.
La organización ha pedido el impulso de una auditoría independiente para evaluar el grado de incumplimiento de las obligaciones de la administración respecto a la calidad de la atención en las residencias y la protección de los derechos de los mayores durante la pandemia, y ha reclamado realizar un acto público de reconocimiento a víctimas y familiares para hacer explícito el compromiso de las autoridades en la búsqueda de la verdad y de ofrecer garantías de reparación y no repetición. Además, Amnistía Internacional ha instado a adecuar las plantillas del personal de residencias a las necesidades reales de atención de las personas residentes, y a comprometerse a que estas plantillas aumenten progresivamente.
Asimismo, AI cree que es necesario mejorar el sistema de inspecciones de los centros residenciales para dotarlo de más recursos, más transparencia y asegurar que presta especial atención a las condiciones y conductas que pueden afectar a los derechos humanos de las personas residentes, por ejemplo, estableciendo un sistema de denuncias anónimo que permita realizar un seguimiento efectivo. Por último, la organización reclama la participación de residentes, familiares y sociedad civil en todos aquellos procesos y decisiones que les afecten, para asegurar que se escuchan sus propuestas y se da respuesta a sus necesidades.
