Sin novedad, sin señal alguna de actividad, ni siquiera remotamente hasta la fecha, la Fiscalía Provincial de Barcelona no ha movido un solo papel de los documentos entregados por la junta de Joan Laporta, ahora hace ya más de un año. Un dossier definitivo y acusatorio que presuntamente había de servir para instrumentalizar una serie de querellas, inevitablemente condenatorias, contra la gestión de la directiva anterior de Josep Maria Bartomeu.
Hace más de un año que no hay noticias al respecto, ni se esperan, desde que en febrero de 2022 Laporta formalizó finalmente sus recurrentes y vacías amenazas contra la anterior junta en una rueda de prensa esperpéntica y únicamente ruidosa, sin contenido, con la exclusiva finalidad de echar carnaza a las fieras: una prensa que llevaba dos años haciendo de altavoz gratuito de esa cantinela sobre esos actos criminales, aparentemente certificados, tan condenables.
Laporta, presionado por el efecto de ese relato acusatorio, hubo de escenificar finalmente esa inquina verbal en un acto que requirió de una auditoría, de una due dillingence y de un forensic como último recurso antes de judicializar la gestión de Bartomeu.
Aunque la prensa disimuló ese gran ridículo, Laporta fue el primero en echar el freno, a la vista de que, en realidad, no se encontraron hechos indiciarios de delito alguno y se convirtió aquel presunto acto de denuncia y de amenaza sobre adoptar las medidas legales pertinentes en un pase largo a la Fiscalía Provincial.
Ni el engordado cuerpo legal de Laporta, ese departamento que dirige con una negativa y decepcionante notoriedad Pere Lluís Mellado, siempre predispuesto a la querella de boquilla, se atrevió a presentar ni siquiera una demanda para evitar ponerse en evidencia. Sobre todo, para no dejar en una posición grotesca y absurda a su propio presidente.
Su leal, fanático y entregado ejército de periodistas ya hizo bastante con no reflejar el decepcionante balance de cero querellas presentadas por la junta directiva de Laporta y la cobarde acción de quitarse de encima el compromiso y la firme promesa de depurar responsabilidades y hacer pagar a Bartomeu por sus horribles actuaciones.
La rueda de prensa se saldó con un repertorio de afirmaciones y consideraciones que, resumidas, dejaban abierta la posibilidad de que «la junta presidida por Josep Maria Bartomeu podría haber incurrido en delitos de administración desleal, apropiación indebida, alteración contable y simulación contractual que habrían causado un daño de más de 30 millones de euros al FC Barcelona», según se desprendía del informe forensic como consecuencia de haber realizado «pagos sin causa, con causa falsa o desproporcionados».
A partir de ese anunció pomposo y rimbombante, Laporta se dejó ir, lo mismo que un abogado externo contratado para la ocasión, con una serie de comentarios que ahora se enfrentan al efecto rebote por parte del propio Josep Maria Bartomeu y de algunos integrantes de su junta. Si, como parece, la Fiscalía Provincial acaba archivando el montón de papeles inútiles enviados por Laporta, será el turno de considerar legalmente las medidas a adoptar por los perjudicados.
Hubo una evidente carga de prejuicio, quién sabe si susceptible de ser evaluada como calumnias, injurias o deshonrosas en el ámbito penal en el contexto de aquella rueda de prensa. «No se descarta -dijo Laporta- un enriquecimiento injusto de los autores materiales de estas conductas (…) Esto lo hacemos porque los socios tienen el derecho de conocer las actuaciones que condujeron al club a una situación de ruina y no queremos ser cómplices de todo ello (…) No se trata de hurgar, sino de trasladar a la autoridad una serie de conductas delictivas gravísimas, groseras y esperpénticas y que no se sostienen bajo ningún punto de vista jurídico ni económico. Estamos hablando de cantidades millonarias. Lo que se denuncia es la deslealtad en la administración de un patrimonio que es de los socios del FC Barcelona (…) Había un modus operandi recurrente que evitaba los controles internos y, lo más grave, el control estatutario, porque el endeudamiento que se fue produciendo no pasó por ninguna asamblea».
La verdad es que, con el paso del tiempo, apenas un año, estas reflexiones podrían argumentarse y aplicarse hoy sobre la gestión de Laporta sin necesidad de que un análisis forensic -carísimo, por cierto- llegase a estas conclusiones. El giro sobre aquellas acusaciones de Laporta comenzó desde el mismo momento en que el propio Josep Maria Bartomeu, además de ponerse a disposición de la Fiscalía para esclarecer los hechos y prestar la máxima colaboración, envió una petición formal solicitando dicho informe forensic tras haber tenido conocimiento público del mismo. No ha habido respuesta ni se le ha remitido el dossier requerido, tampoco desde el club, del mismo modo que la Fiscalia no ha perdido un solo minuto en practicar diligencias encaminadas a verificar las actuaciones concretas denunciadas por Laporta, parece ser que poco o nada susceptibles de ser consideradas delito.
