La presidenta suspendida del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, ha alegado que la Junta Electoral Central (JEC) no tiene competencias para decidir sobre su condición de diputada porque no existe una sentencia firme condenatoria contra ella.
Los abogados de Borràs, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, sostienen, en el escrito de alegaciones enviado este viernes a la JEC, que este órgano ha usurpado competencias, aduciendo que se trata de un órgano administrativo y no judicial, y también que la líder de Junts ha sufrido una vulneración de la presunción de inocencia, ya que consideran que la pretensión de retirada del escaño «implica presentarla como culpable de un delito que no ha cometido».
Este viernes, 28 de abril, se agota el plazo abierto por la JEC para presentar alegaciones. También es la fecha límite para que el Parlamento de Cataluña comunique su decisión sobre una eventual retirada del escaño a Borràs, a raíz de su condena a cuatro años y medio de prisión y a 13 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental, por el fraccionamiento de contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
Por otra parte, los abogados de la presidenta del Parlamento catalán han señalado que Vox, el PP y Cs, las formaciones que promovieron la expulsión de Borràs de la cámara catalana, no tienen «la condición de interesados» para iniciar un procedimiento en la JEC.
