No existen grandes expectativas de que Joan Laporta se salga de un guión estrictamente victimista en la comparecencia pública fijada para el lunes, día 17 de abril, en el Auditori 1899, transcurridos 61 días desde el estallido del caso Negreira sobre el cual pretende dar explicaciones, detalles o justificaciones que puedan amparar a la institución del desprestigio sufrido a lo largo de estos dos meses de silencio. Seguramente, demasiado tarde.
Mientras el CSD -o sea, el Gobierno de Pedro Sánchez-, la Real Federación Española de Fútbol, LaLiga y el Real Madrid hacen cola en el juzgado de instrucción para querellarse contra la entidad y dos de sus expresidentes, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, y la UEFA ya ha prejuzgado y expedientado al club, y la FIFA espera su turno, el presidente azulgrana no ha dado una sola puntada con hilo para suturar una herida que ha desangrado al Barça hasta dejarlo a merced de todos esos buitres que acechan y promueven, más allá de las posibles consecuencias penales del proceso, un castigo ejemplar e inminente como lo sería quedarse fuera de las competiciones europeas una temporada.
Laporta ha dejado hacer en un contexto en el que, incluso, si se interpretan correctamente las últimas señales mediáticas, el propio Laporta, indemne a causa de la prescripción por el mismo delito que se le imputa a sus sucesores por algo que él mismo empezó y consolidó, se haya unido a esta misma bandada de depredadores, focalizando la atención en los pagos refacturados por el exdirectivo de la Federación Catalana y miembro de la comisión deportiva del Barça B, Josep Contreras, a Javier Enríquez, el hijo de José María Enríquez Negreira. Varios medios de su cuerda ya han lanzado esta hipótesis con la finalidad de desviar el origen y desarrollo de los pagos regularizados desde 2005, en el primer mandato de Laporta, en medio millón de euros anuales. Estas informaciones titulan y argumentan que el caso pudo tratarse, simplemente, de una trama de corrupción de la que se beneficiaron directivos del club, considerando erróneamente a Josep Contreras como tal, pues nunca ostentó ningún cargo directivo en el Barça bajo ninguna presidencia.
Es sólo una pista, una derivada del caso Negreira a la que intentará sacarle partido, en parte porque disocia el clan Negreira y lo circunscribe a los años que el hijo del exárbitro se dedicó a lo suyo, a realizar informes y acompañar presencialmente a los árbitros en los árbitros en los partidos del Camp Nou, supuestamente desvinculado de la otra escalada de pagos de la que su padre se había beneficiado desde 2005 con Laporta, y antes con Joan Gaspart, resultado de un pago único en 2001. La misma prensa también ha sugerido, pese a la ausencia de pruebas y de indicios, que probablemente con Josep Lluís Núñez ya se hubieran considerado y ejecutado algún tipo de retribuciones. A Laporta también le interesa que la prensa se fije en los extremos, aunque sea mediante elucubraciones y especulaciones gratuitas, para que ese bosque de la distracción no deje ver el cuerpo central de un largo periodo de pagos bajo su mandato que, aunque prescritos, siguen constituyendo el principal enigma de la investigación: el porqué de esas facturas y quién se acabó llevando el dinero si el excolegiado y miembro del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, no incrementó su patrimonio y se dedicó a retirar grandes cantidades de efectivo a lo largo de los años.
Esta línea de defensa mediática por la que tratará de transitar Laporta el lunes próximo parece absurda y contraproducente, pues al apuntar a los propios expresidentes como cómplices, o a directivos relacionados con ciertas irregularidades, lo que conseguirá será aumentar las sospechas y multiplicar esa sensación de que el Barça ha querido controlar, o ha controlado, la maquinaria arbitral, precisamente cuando, teniendo a Messi, poco necesitaba ninguna ayuda.
El disparo, por elevación, también alcanza a dos exejecutivos, el CEO Òscar Grau, hombre de confianza de Bartomeu y el responsable de diversas áreas de la época, y Albert Solé, que ya hubo de ser relevado de su cargo en el Consejo Superior de Deportes unos meses antes como resultado de sus propias batallas intentando desequilibrar la guerra entre Luís Rubiales (RFEF) y Javier Tebas (LaLiga), desde su cargo en la estructura del gobierno. A Albert Solé, además, se le está acusando de haber conocido las interioridades y naturaleza de las retribuciones al clan Negreira sin haberlas denunciado en su momento como hubiera sido su obligación.
Igualmente, las explicaciones que pueda dar ahora Laporta, que además se acogerá al consejo de los abogados de no entrar en demasiadas precisiones ni conjeturas sobre una instrucción judicial en curso, no irán mucho más allá, más bien en detrimento de la información, de todos los detalles conocidos por los medios, especialmente los digitales con buenas fuentes en los tribunales, pues no hay redacción en Barcelona ni en Madrid que no haya accedido al contenido del sumario hasta la fecha de hoy.
Laporta saldrá, por otra parte, a aplaudir el resultado de la costosa minuta del abogado del procés Andreu van den Eynde, contratado para realizar una supuesta investigación sobre el caso que, naturalmente, validará la correcta y ética actuación de la junta de Laporta desde 2021 respecto de su relación con el estamento arbitral; o sea, afirmará que en este periodo no se han registrado operaciones como las que afectan a las presidencias de Sandro Rosell y de Josep Maria Bartomeu.
Finalmente, abundando en las cartas que ha dirigido a la UEFA y a la FIFA pidiendo no ser prejuzgado antes de que el proceso penal concluya, seguramente dentro de unos años, insistirá en que el Barça no ha comprado árbitros, extremo que parece estar fuera de toda duda, pero al que se aferra Laporta para no entrar en el verdadero núcleo del caso que para la Fiscalía sí está meridianamente claro como es el intento de influir en la dinámica arbitral, pues así lo ha manifestado y repetido Negreira en declaraciones inequívocas en la investigación de Hacienda y en un burofax enviado al club, cobrando por ello unas cantidades desorbitadas que no parecen justificar los informes orales de los cuales no existen constancia ni contrato alguno que respaldara los pagos. En realidad, a Laporta viene dando igual que esa pretensión de la Fiscalía se acabe concretando si al final a él no le va a afectar en ningún caso, sólo al Barça y a exdirectivos y exejecutivos. Por eso ha tardado dos meses en salir a dar la cara en una semana, como la que viene, en la que tampoco parece que se vaya a cerrar la financiación del Espai Barça. O es una coincidencia o una cosa servirá para tapar a la otra, pues tampoco parece que Laporta esté por la labor de dar demasiadas explicaciones sobre esa operación cuando se cierre. Ninguna novedad en el frente laportista que sigue controlando el relato, los titulares de la prensa y los agrios debates en las redes.
