La fecha del 31 de marzo marcará una frontera institucional histórica en el FC Barcelona, según se desarrollen los acontecimientos y en función del desenlace del plan financiero de Joan Laporta para el definitivo arranque del Espai Barça. Socios del Barça que recelan y desconfían de una macrooperación que hoy parece disparatada e impagable, ni siquiera realizable con los probables recursos extraordinarios del nuevo estadio, estudian la posibilidad de impugnarlo en el supuesto de que se formalice en los términos que la prensa ha venido publicando. Argumentan que en el paquete del Espai Barça aprobado en su momento se incluía la construcción de un nuevo Palau Blaugrana, que ha desaparecido de la ecuación financiera por completo. Ese borrador del diseño del Espai Barça supone, según algunos expertos, un incumplimiento flagrante del mandato asambleario, además de un desequilibrio de 450 millones de euros también con relación a la propuesta presentada a los socios hace dos años, motivos ambos sobradamente razonados como para poner en cuestión la validez de esa inversión tan comprometida en las actuales circunstancias.
La directiva fue autorizada en su día a comprometer 1.500 millones de deuda extraordinaria como límite máximo de inversión en el denominado Espai Barça. Lo aprobó la asamblea del 17 y 20 de octubre de 2021, desarrollada en dos sesiones, precisamente porque con el diferencial de los 600 millones del referéndum de 2014 sobre los 1.500 millones presupuestados para la obra por la junta de Laporta se registraba un incremento del 250%, además de incluir una reforma sustancial del proyecto arquitectónico que poco tenía que ver con el original.
A falta de explicaciones y de claridad, Laporta se topó con la resistencia inicial de la asamblea a dar esa luz verde sin añadir otro referéndum que ratificara el acuerdo, que prometió realizar en apenas unos meses, desarrollando una serie de acciones informativas y propagandísticas sobre el nuevo Espai Barça y un plan constructivo que sólo contemplaba una reforma del Camp Nou distinta, consistente en no modificar la primera grada y sí en desmantelar la tercera para sobreponerla a dos anillos de zonas VIP. El resto se mantenía de acuerdo a los siguientes costes: Futuro Camp Nou (900 millones), nuevo Palau Blaugrana (420 millones), urbanización/campus (100 millones), inversiones MPGM (60 millones), Estadi Johan Cruyff (20 millones).
El informe entregado previamente a los socios compromisarios, además de contener todos los detalles más o menos conocidos, afirmaba que «El Club negociará una financiación a un tipo de interés de mercado a través de operadores internacionales expertos en la financiación de estadios e instalaciones deportivas. La financiación tiene una duración de 35 años, 5 de construcción (carencia de pago) y 30 de gestión». También añadía un epígrafe sobre los límites financieros: «Operación de hasta 1.500 m: En la Asamblea del día 17 se pedirá a los socios y socias compromisarios la autorización para realizar las actuaciones necesarias para suscribir una operación de financiación de hasta 1.500 M€».
La propuesta fue aproaba y más tarde ratificada en referéndum telemático, pues Laporta no quería más sorpresas, bajo la siguiente pregunta: ¿Ratifica la decisión de la Asamblea de Compromisarios de autorizar a la Junta Directiva para que se realicen las actuaciones necesarias para conseguir financiación para el proyecto Espai Barça por un importe que no supere los 1.500 millones de euros?».
También el resultado de la consulta, declarada vinculante, fue mayoritario e indiscutible por parte de los socios que, desde entonces, han seguido desde la tribuna mediática la agitada e interminable búsqueda de inversiones a través de Goldman Sachs, y ahora también de JP Morgan, sin que hasta ahora se haya cerrado un acuerdo definitivo.
Lo que ha trascendido es que existe un plan de titulización del nuevo estadio y parte del patrimonio azulgrana para cubrir los costes con una emisión de cinco partidas de 250 millones y un crédito ordinario de entre 200 y 300 millones.
La agencia de rating KBRA ha elaborado y certificado que los 1.500 millones se repartirán según el siguiente guión: 850 millones para la reforma del Camp Nou, 23 millones de fee de Limak, 36 millones para el Campus Espai Barça, 145 millones para devolver el crédito puente avanzado, 150 millones para contingencias, 32,2 millones de costes de la emisión de bonos, 97,2 millones para otras fases del Espai Barça, 35 millones de otros costes de construcción y 131,6 millones de intereses.
En total, 1.500 millones que no tienen en cuenta el Palau Blaugrana prometido e incluido en el pliego del Espai Barça, y acotado a un máximo de gasto que la directiva de Joan Laporta, o cualquier otra, está obligada a cumplir.
Los socios que se plantean impugnar esta financiación, no sólo por desmesurada: creen que no es posible apartarse ni un milímetro del acuerdo asambleario, mucho menos en las circunstancias actuales de crisis financiera acechante, tipos de interés en subida por parte del Banco Central Europeo y escasas expectativas en torno a la posibilidad de que Limak cumpla con los plazos previstos.
Sorprende que, por ejemplo, Laporta adjudicara un coste de 900 millones a la reforma del estadio y que ahora se hayan reducido a 850 millones, según las últimas informaciones sobre la financiación. La apariencia es que los informes, gráficos y cálculos elevados a la aprobación de la asamblea ya nacieron con la vocación de ser papel mojado cuando llegase este momento.
Laporta tiene otro problema, puede que de enorme calibre, si algunos socios se ponen serios, consideran que los mandatos de los compromisarios están para cumplirse y ponen el conflicto en manos de abogados con la firme determinación de impugnar un posible acuerdo de financiación.
