Fue exactamente el martes pasado, día 14 de marzo, cuando la directiva de Joan Laporta filtró el fichaje del abogado catalán Andreu van den Eynde para realizar el informe de compliance interno del club a raíz del caso Negreira. Su misión será, de acuerdo a las fuentes del propio club, realizar una investigación para esclarecer si se ha registrado algún incumplimiento en el conjunto de la estructura financiera, empresarial o técnica del club. Parece una broma de mal gusto que, después de estar anunciando esas explicaciones pendientes desde hace días, Laporta no se haya decidido hasta ahora a poner en manos de un experto externo algo tan sencillo como pedir a la administración del club un informe histórico sobre los pagos al clan Negreira, los contratos justificativos de los servicios prestados y el material entregado por el excolegiado y su hijo en contrapartida a esas enormes facturas diligentemente pagadas por el club.
La explosión periodística del caso se produjo exactamente el 16 de febrero pasado, en vísperas del partido de ida del play-off de Europe League en el Camp Nou frente al Manchester United; o sea, hace exactamente un mes. Desde entonces, Laporta ha realizado las apariciones mínimas exigidas por el cargo, nunca frente a los medios ni aceptando preguntas, anunciando haber delegado en el responsable del departamento de compliance, Sergi Atienza, la preceptiva investigación, y que esta contará con la colaboración y la independencia de asesores externos -de «abogados», precisó el presidente-.
Suena grotesco y a tomadura de pelo que Laporta haya tardado exactamente un mes en encontrar un abogado disponible o cualificado para esa labor, periodo que ha aprovechado la trinchera madridista y centralista para generar un ruido tan ensordecedor que la UEFA no va a poder hacerse la sorda.
En realidad, la dificultad no radicaba tanto en contratar los servicios profesionales de un bufete especializado como de garantizar resultados acomodados a la voluntad del cliente, Laporta y sus intereses en este caso y, al mismo tiempo, proyectar credibilidad y prestigio indiscutibles. Estas dos exigencias parecen coincidir en el despacho de Derecho Penal de Van den Eynde, que dispone de un área de auditoría penal (compliance) y de derecho penal preventivo de nivel corporativo.
No es casual tampoco la elección de Van den Eynde, popular por su participación en los juicios del procés y el éxito de haber conseguido aplicar la doctrina Junqueras en el ámbito europeo. Laporta paga así algunos de los muchos favores y protección que goza desde el gobierno de la Generalitat y su entorno, asegurándose un informe pulcro y limpio sobre el excelso rigor del funcionamiento de la organización interna del club bajo la presidencia de Laporta, que, además, no se ha visto en la tesitura de decidir si seguía o no pagando el impuesto revolucionario a Negreira por la sencilla razón de que eso ya lo hizo Josep Maria Bartomeu hace cinco años. Dicho de otro modo, encargar un informe de este tipo, extemporáneo y anacrónico sobre si el Barça de hoy garantiza la estética y la ética de sus gestores y ejecutivos, que saldrá que sí porque la minuta será galáctica, sólo es un brindis al sol cuando lo que los socios esperan es saber qué ocurrió entre 2001 y 2018 con los informes arbitrales.
Los digitales de Madrid, por otra parte, han publicado dos de esos informes de Negreira -breves, ordinarios, innecesarios y llenos de faltas de ortografía, aunque pagados a precio de oro- por los que abonaron facturas excesivas e inexplicables. Por ese motivo Laporta dilatará todo lo que pueda y más esas explicaciones pendientes, si es que lo acaba haciendo porque, además, no existen ni siquiera esos informes cuando, bajo su primer presidencia, se multiplicó por cuatro la retribución a Negreira.
El caso es ganar ese tiempo tan valioso que Laporta necesita para firmar la financiación del Espai Barça antes de la fecha límite del 31 de marzo, ese acuerdo con los inversores de Goldman Sachs y de JP Morgan que, según ha publicado pomposamente La Vanguardia, no se han echado atrás ni siquiera por el impacto tan negativo del caso Negreira.
Algunos especialistas sostienen que, en definitiva, Goldman no se quiere bajar del autobús porque el Barça ya le adeuda 180 millones anticipados y porque, en definitiva, como primer prestamista del club, se puede hacer con el control y con la propiedad del club cuando quiera y como quiera, mucho más si acaba poniendo los fondos necesarios para arrancar la obra.
El problema, grave e inesperado, ha surgido en las últimas horas a causa de la nueva crisis bancaría como consecuencia de la quiebra del Credit Suisse, arrastrando a una caída histórica en las bolsas y a un enfriamiento del sector que, exactamente, al Barça de Laporta lo sorprende sin defensas, sin asideros y sin haber conseguido atar una financiación a tiempo de evitar otro revés tan fuerte. Si ya se escuchaban, incluso dentro de la propia junta, voces partidarias de echar el freno antes de dar el salto a Montjuic, este nuevo escenario debería forzar cuando menos un debate si es que antes no lo cierra la propia maquinaria de Goldman por voluntad propia o porque sugiere otra subida de intereses que desde luego el Barça no podría ni plantearse.
Este y otros enigmas que ya ha provocado el caso Negreira este mes de marzo, frontera del Espai Barça, quedan pendientes de resolverse. Que Laporta no tiene previsto aclarar las cosas a los socios en bastantes días, eso es una certeza.
